La pandemia arremetió con fiereza contra las residencias, provocando un estrés sin parangón del que aún siguen sin recuperarse. Las condiciones en algunos centros sociosanitarios de la Comunidad de Madrid son prácticamente inhumanas y algunos residentes se atreven a plantar cara al Ejecutivo madrileño, aunque no siempre encuentran una respuesta amable. Este es el caso de Tomás, un anciano al que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha amenazado con expulsarle de la Residencia de Peñuelas, donde vive por voluntad propia para cuidar de su mujer, en régimen de dependencia.

La diputada socialista Lorena Morales, ha aprovechado el debate sobre las enmiendas a la Ley de Políticas Sociales, registrada por el Partido Popular y que ha sido objeto de críticas por parte de la izquierda regional, para denunciar el caso de Tomás. La parlamentaria del PSOE-M ha denunciado que el paquete normativo no solo no mejora el actual, vigente e inmutable durante décadas, sino que “deshumaniza más” el sistema.

Morales ha relatado la historia de Tomás, residente en el centro de la Peñuela y al que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha amenazado con expulsarle tras denunciar los recursos ínfimos de los que dispone la residencia. Habitaciones a 40º durante el verano, cenas irrisorias o incluso la hospitalización de su mujer, dependiente, tras pasar un día entero “entre heces”.

Tomás, presente en la Cámara  y visiblemente emocionado, ha agradecido, entre lágrimas, los aplausos de los diputados de la izquierda y el gesto de Morales, al denunciar su historia en sede parlamentaria. “En lugar de intervenir estas residencias, cuando se atreven a reclamar cuidados dignos, les advierten con echarles de sus centros”, ha expuesto la socialista desde la tribuna.

Morales ha denunciado que, en la carta que recibió Tomás por parte de la Dirección General de Atención al Mayor, se le recuerda que “puede ser expulsado”, y alejarle de su mujer, y solicitar el traslado a una plaza privada. “No les están regalando nada porque esa plaza es suya por derecho y deberían garantizarlo”, ha proseguido.

Las amenazas de Políticas Sociales

ElPlural.com ha tenido acceso a la misiva que recibió Tomás tras denunciar las condiciones con las que han de convivir. En el escrito, se advierte a Tomás de que se cuenta con un registro donde se anotan “todas las actividades e incidencias”, para “lamentar”, acto seguido, su “mal comportamiento contra los trabajadores”, destacando, según Políticas Sociales, conductas de “grave violencia” hacia el personal del centro.

Aludiendo al Reglamento de Régimen Interno de la Residencia, la Consejería de Políticas Sociales, se insta a Tomás a “respetar los derechos de los trabajadores y profesionales de la residencia” y a que su conducta pivote en torno al “respeto, la tolerancia y la colaboración” para lograr una “mejor convivencia”.

Acto seguido, sugieren que el “incumplimiento” de sus obligaciones como residente podría incurrir en “faltas y sanciones”, entre las que se contemplan “amonestación verbal o escrita, el traslado temporal o la expulsión definitiva”. “Está obligado a seguir en todo momento las instrucciones dadas por el personal responsable del centro en el ejercicio de sus funciones”, añaden en la carta, al tiempo que le instan a corregir su comportamiento “ al mayor brevedad posible”.

Asimismo, como colofón, le informan de que, si lo estima oportuno, “puede solicitar el traslado a otra residencia que disponga de plazas concertadas” que considere que se adapte a sus necesidades. “Incluso, considerando su posible disconformidad con los estándares de calidad […] puede solicitar una plaza privada de la residencia que más se ajuste a sus necesidades y en la que pueda depositar su confianza”, concluyen.