España es el país de Europa con mayor demanda de sexo pagado. Las cifras que se desprenden del último estudio realizado por la ONU son demoledoras: el 39% de los varones en edad adulta ha pagado en alguna ocasión por mantener relaciones sexuales. Dígitos que nos sitúan a la cabeza entre los países europeos y como tercer país a nivel mundial donde más prostitución se consume.

Una realidad que trae tras de sí infinidad de relatos de esclavización. Este 30 de julio, día internacional contra la trata de personas, es más oscuro que nunca: el coronavirus ha sacudido los cimientos de una sociedad que no se había visto en una crisis sanitaria de tales magnitudes en 100 años. La realidad de las prostitutas también ha cambiado. Basta con analizar los datos del comunicado de la asociación APRAMP, ONG que ofrece apoyo integral a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual: “En España, los espacios habituales donde están esclavizadas las mujeres y niñas, al menos en las grandes ciudades, han cerrado como consecuencia del estado de alarma, aunque no han cesado su actividad. APRAMP ha perdido el 70% de las mujeres a las que atendía”, revelan en una nota de prensa apesadumbrados por las dificultades de rastreo y atención que realizan habitualmente.

Y es que no se puede hablar de trata sin hablar de género. Tal y como revela el informe de la ONU, el 84% de la trata de seres humanos se realiza con fines de explotación sexual. Dentro de este porcentaje, el 94% de las víctimas son mujeres y niñas. El debate queda sobre la mesa: ¿abolición o regularización? Partidos políticos y sindicatos se enfrentan a esta decisión de forma dispar.

¿Qué es la trata?

La esclavitud del siglo XXI. Así referencia el pesar de una realidad muy arraigada en nuestro país la propia Policía Nacional. “Entendemos por trata la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. La explotación incluye como mínimo, la derivada de la prostitución y de otras formas de explotación sexual incluida la pornografía, trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la mendicidad, las actividades delictivas y la extracción de órganos corporales", explican.

Su labor para paliar los daños de esta lacra no es sencilla. Como ellos mismos referencian, la coacción y el miedo a denunciar juegan un papel fundamental en la labor realizada por proxenetas y traficantes de personas, por lo que la realidad de las operaciones contra la trata no responde a patrones comunes.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha visitado este jueves el centro de Madrid de APRAMP para conocer de primera mano las experiencias de las personas a las que atiende esta ONG. Además, el titular del Gobierno ha manifestado que la Policía Nacional y la Guardia Civil han redoblado durante la pandemia sus esfuerzos contra la trata, efectuando así 133 operaciones contra grupos organizados que se saldaron con la detención de 196 traficantes y la liberación de 215 víctimas.

Los partidos responden

ElPlural.com se ha puesto en contacto con gran parte de los partidos del arco parlamentario para conocer qué ideas o propuestas han planteado en estas últimas fechas sobre la prostitución. Los partidos que han respondido coinciden en una premisa: las cifras son escalofriantes y hay que atajar el problema desde las instituciones. Sin embargo, difieren en la forma.

El PSOE ha hecho llegar este jueves un vídeo con motivo del día internacional contra la trata en el que intervienen buena parte de sus primeras espadas tanto en la Comunidad de Madrid como en el Congreso de los Diputados. Desde Cristina Narbona, presidenta del PSOE y vicepresidenta primera del Senado, hasta Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno, pasando por perfiles como Ángel Gabilondo, portavoz socialista en la Asamblea, o Pilar Llop, presidenta del Senado.

“El 94% de las personas explotadas sexualmente en el mundo son mujeres y niñas, mientras que el 99% de los demandantes son hombres. La prostitución no es ocio masculino, es esclavitud femenina. Las personas no se compran. Si tienes que pagar por el cuerpo de una mujer es porque libremente no quiere estar contigo”, indican en el vídeo los líderes socialistas, añadiendo que “la trata con fines de explotación sexual es el transporte, el medio mediante el cual los proxenetas consiguen mujeres que prostituir". "Solo existe la trata porque existe la prostitución. No miremos hacia otro lado: si no hay demanda no hay sufrimiento”, sentencian.

 

El PP también ha respondido a las preguntas de este medio. Ha sido Marga Prohens, portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Popular, quien ha explicado que desde el PP se prefiere hablar de “trata con fines de explotación sexual” que de prostitución: “Los datos avalan que el 90% de las víctimas de trata son mujeres que ejercen la prostitución en España lo hacen obligadas al ser víctimas de estas redes y bajo la coacción de unos proxenetas con los que acumulan deudas imposibles de pagar y que incluso retienen a sus hijos. Estamos ante una práctica de esclavitud sexual. No podemos mirar hacia otro lado, hay que dirigir todos los esfuerzos hacia la abolición de la explotación sexual de mujeres y niñas”, explica la popular a ElPlural.com.

“Tenemos un contacto fluido con APRAMP porque demasiadas veces las medidas del Gobierno olvidan a estas víctimas. La demanda de los puteros no ha cesado durante el confinamiento, llevando a estas mujeres a un doble peligro: las deudas acumuladas con los proxenetas y la posibilidad de contraer el virus”, prosigue Prohens, añadiendo que el PP ya pidió la abolición de la trata en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se llevó a cabo estando en el Gobierno el PP. Además, desde la formación conservadora añaden que ya se han presentado iniciativas “pidiendo la Ley Integral contra la trata”. La portavoz de Igualdad del GPP sostiene que es necesario actualizar los datos, realizar potentes campañas de concienciación frente a estas prácticas “de denigrante violencia machista”, otorgar asistencia sanitaria y de ayuda a las personas que ya sean reconocidas como víctimas, más medios para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que puedan intervenir, eliminar las trabas para el asilo de las víctimas de trata y abrir un debate extenso sobre la situación de las menores “que han sido y están siendo víctimas de esta explotación”.

En este último apartado se detiene Prohens, recordando los casos de menores tuteladas en Valencia y Baleares: “Nos encontramos ante unos gobiernos socialistas y de Podemos que niegan cualquier investigación tanto en los parlamentos autonómicos como en el Congreso de los Diputados”, añade. “Tenemos a una ministra de Igualdad (Irene Montero) que se declaró como abolicionista pero que dijo que su ministerio no aprobaría la abolición. Esto ya nos da indicios de que no es un tema prioritario en la agenda del ministerio”, sentencia.

Más cautos son en Ciudadanos, frente a la vertiente abolicionista de socialistas y populares: “En Ciudadanos pensamos que el Estado debe perseguir a las mafias que explotan a personas a través de la prostitución, y a la vez regular la situación de quienes la ejerzan en uso de su libertad sexual y sin coacciones”, sostienen los naranjas, alegando que “negar la realidad y agarrarse al puritanismo solo beneficia a los delincuentes”. “Regular la prostitución –como se ha hecho ya en Alemania, Países Bajos, Austria o Suiza– protege a las trabajadoras y trabajadores sexuales, garantiza sus derechos y lucha de manera efectiva contra las mafias. Es la respuesta valiente, progresista y liberal: el bipartidismo lleva años mirando a otro lado sin ofrecer soluciones. En Ciudadanos creemos en el compromiso, valentía y realismo para acabar con la trata de mujeres explotadas por las mafias”, sentencian.

En Podemos se encuentra un debate interno, y es que la ministra de Igualdad, Irene Montero, reconoció las limitaciones del Gobierno de coalición para abolir la prostitución en España tras una Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados el pasado mes de febrero. A pesar de declararse “abolicionista”, señaló que “hay compañeras feministas que no lo son, pero con las que comparto camino, lucha y objetivos”. En este sentido, Montero ha señalado que a su ministerio "le gustaría abolir la prostitución”, matizando que este asunto desencadena un “debate histórico y legítimo en el movimiento feminista”. Fue por esta razón por la que pidió evitar que este sea un debate que “nos divida y separe”.

De forma reposada responde ERC, distinguiendo entre la prostitución voluntaria y la trata de personas: "Partiendo de la base de que lo deseable sería una sociedad sin prostitución, pero siendo conscientes de que no podemos hacer más vulnerables a las trabajadoras sexuales que la ejercen voluntariamente, en ERC apostamos por una regulación de la prostitución. Apostamos por una regulación que responda a dos necesidades existentes. Por un lado, perseguir la eliminación de las redes de prostitución forzada y de tráfico de personas y hacerlo con toda la dureza y todos los medios ya que es una de las situaciones más graves que se da actualmente contra mujeres y niñas, y por otro, garantizar el derecho de las mujeres que libremente ejercen la prostitución y que no provienen de estas redes", explica en declaraciones a ElPlural.com la formación soberanista.

Pero ERC no se queda ahí, añadiendo: "También es necesario incrementar la red servicios tanto para las mujeres que deciden abandonar la prostitución como para las mujeres que libremente deciden ejercerla. Es decir, hacer efectivo su derecho a la sanidad (acceso a la Seguridad Social), a la formación, al trabajo (acogidas al régimen de autónomas), a la sindicalización: hacer efectivo, en definitiva, su derecho a la ciudadanía". En definitiva, y como síntesis a lo explicado, los liderados por Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados sentencian que "contra el tráfico de personas, las redes y las mafias, dureza total y tolerancia cero"; mientras que "la prostitución voluntaria, en cambio, requiere atribución de derechos y reconocimientos laborales junto con estrategias de apoyo para quien quiera cambiar de trabajo". 

De forma meridiana responde también a nuestras preguntas Compromís, apostando sin ambages por la abolición de la prostitución: “La prostitución no es un trabajo, es una relación desigual en que se naturaliza el acceso al cuerpo de las mujeres justificado por la compensación económica. Si a eso añadimos la transformación del sistema prostitucional en los últimos años en una gran industria de carácter global en la que la mercancía son las mujeres más vulnerables en un comercio de proporciones gigantescas, es urgente una legalidad abolicionista y unas políticas abolicionistas en defensa de los derechos humanos”. "Se trata de una cuestión de grandes dimensiones y que urge. No podemos continuar contabilizando en el Producto Interior Bruto la prostitución, debemos dar un giro abolicionista ya para evitar que, dentro de la crisis en que nos encontramos, acabe siendo nuestra principal industria", sentencian desde la formación valenciana.

ElPlural.com también se ha puesto en contacto con formaciones como Vox, PNV y EH Bildu para reclamar su participación. Sin embargo, a la hora de publicación de este reportaje, no han dado respuesta.

¿Y los sindicatos?

La asociación APRAMP centra su actividad en la prevención y erradicación de la explotación sexual y la trata de seres humanos. También desarrolla programas dirigidos a garantizar el acceso a los derechos y atender las necesidades de las víctimas. Su presidenta, Rocío Nieto, defiende la necesidad de “una coordinación institucional de todos los ministerios en la lucha contra la trata” debido a la dificultad para acabar con “este grave delito”.

Una de las peticiones más notables de la asociación es la creación de una Ley Integral Contra la Trata que garantice la reparación del daño desde una perspectiva profesional, dote de instrumentos eficaces a las Fuerzas de Seguridad y a los Jueces para perseguir el delito y desarrolle medidas encaminadas a la prevención y educación.

Durante los meses de vigencia del estado de alarma, APRAMP atendió a cerca de 2.700 mujeres, teniendo en cuenta que descendió un 73% su actividad y que anualmente rescata a unas 1.500 mujeres y niñas de 52 nacionalidades. En la actualidad, la asociación tiene a 6 mujeres protegidas con proceso penal abierto, lo que su presidenta valora como un “gran éxito”.

Planes del Gobierno

El Ministerio de Interior trabaja en un nuevo Plan estratégico contra la trata de personas enmarcado en la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave. Grande-Marlaska ha abogado en la visita al centro de Madrid de APRAMP por seguir reforzando las relaciones de colaboración existentes entre las organizaciones sociales y las Fuerzas de Seguridad del Estado, ya que “la protección de las víctimas de trata con fines de explotación sexual no se agota con el encomiable trabajo de Policía Nacional y Guardia Civil”, sino que hay que “facilitarles los recursos necesarios para que puedan recuperar su vida”.

El ministro ha situado como elemento valioso para impulsar futuras normas, protocolos o planes de prevención y persecución el “escuchar la realidad que viven las víctimas en voz de las propias supervivientes” al ser testimonios que dan un punto de vista real y actual de la situación, de sus necesidades y de las circunstancias que les llevaron a ello.

En 2019, las Fuerzas de Seguridad del Estado liberaron a 418 mujeres víctimas de las redes de trata con fines de explotación sexual. La labor policial impulsó 533 investigaciones que terminaron con la detención de 1.030 presuntos miembros de organizaciones criminales.