El caso de Ramón Sampedro removió las conciencias de la sociedad española de los 90, iniciando un debate sobre la eutanasia, marginal hasta entonces, que 21 años después vuelve a reavivarse con el caso de María José Carrasco y su marido Ángel. Este suicidio asistido irrumpe con inusitada fuerza en plena precampaña, forzando a todos los partidos a posicionarse sobre este asunto.
Estas personas se encuentran con una contundente legislación que cierra todas las puertas para terminar con un sufrimiento que no acabará hasta que llegue la muerte tras una larga agonía.
La única vía de salida a la que pueden recurrir es la del inseguro mercado negro de internet. Aquí se pueden conseguir fármacos, generalmente sedantes, que permiten terminar con el dolor.
Mientras Sampedro recurrió al cianuro de potasio, María José y Ángel han utilizado pentobarbital sódico, un medicamento habitualmente comercializado con el nombre de Nembutal y que obliga a un desembolso de dinero sin ningún tipo de garantía.
En caso de recibir el producto en buenas condiciones, habrá que atender a la edad del paciente para proporcionarle una dosis adecuada. El precio de morir sin dolor mediante Nembutal puede alcanzar los 535 euros para pacientes de más de 60 años, sin descender en ningún caso de los 267 euros para los más jóvenes.
Aunque, tal y como comentaba el marido de María José, lo peor de esta situación es la posibilidad de ser víctima de un fraude tras años sufriendo las durísimas consecuencias de una enfermedad degenerativa. Ángel ha querido hacer pública esta vivencia intentando que su mujer sea una de las últimas víctimas de una legislación que, para este tipo de cuestiones, parece haber perdido la empatía por completo.
