José María Fernández Seijo, titular del juzgado mercantil número 3 de Barcelona, fue quien denunció la Ley hipotecaria ante el Tribunal de Justicia Europeo con sede en Luxemburgo. Este juez ha manifestado que la Ley hipotecaria española es inconstitucional porque data de 1946, 30 años antes de que se aprobase la Constitución de 1978 y considera que ahora se dan las circunstancias para poder realizar un cambio "no traumático" de dicha Ley.

El juez realizó estas afirmaciones en el transcurso de la jornada "Procedimiento hipotecario: cambios necesarios" que el PSOE organizó en el Congreso y que fueron recogidas por la agencia Europa Press.

"Primer interruptor" para salir de la crisis
José María Fernández Seijo instó al Gobierno a aprovechar la ocasión y solucionar el problema de los desahucios, porque lograrlo equivaldría a "dar al primer interruptor que permitiría pensar que España tiene capacidad para salir de la crisis". Además señaló que la crisis económica en España "tiene su imagen en la camiseta de los afectados por la hipotecas", que se han convertido "en el icono de la crisis". El juez había manifestado un día antes de conocerse el fallo del Tribunal Europeo que si era favorable a su punto de vista contrario a la Ley española, permitiría "poner en marcha mecanismos para que el problema se soluciones un poquito más rápido", pero que habrá que buscarle una solución definitiva igualmente.

"Éramos unos frikis y ahora está en todas las agendas"
Fernández Seijo recordó que quienes, como él, llevaban más de cinco años exponiendo la necesidad de reformar en profundidad la Ley hipotecaria española por ser "desequilibrada, abusiva y no tutelar correctamente los derechos sociales" se les consideraba "unos frikis" pero ahora sus reivindicaciones está "en todas las agendas" políticas, lo que ya supone un avance.

En su opinión lo relevante es que "los partidos sean conscientes de que se dan las circunstancias políticas, sociales, económicas y éticas para poder realizar un cambio de modelo no traumático, que solucione las perspectivas económicas y sociales a cientos de familias". También considera que "si no hay una solución legislativa a corto plazo, el número de afectados se incrementará, pero tarde o temprano el problema se tiene que solucionar, es una cuestión de paciencia".

La morosidad no excusa a los bancos
El juez recordó que la morosidad hipotecaria "es muy reducida", inferior al 4%, afecta fundamentalmente al crédito promotor (constructores) que acapara un 80% de la morosidad total y no a los consumidores particulares, que solo suman el 20% , por lo que en su opinión "cualquier medida legislativa no tendría por qué empeorar la situación sino que podría tener un efecto positivo".

En definitiva el juez sostiene que "la decisión política de dar una salida razonable a las ejecuciones hipotecarias no debería tener un efecto pernicioso en el sistema financiero. Entre otras cosas porque esos efectos no dependen de los consumidores, que no tienen capacidad para hundir el sistema financiero. El sistema se ha hundido solo y por méritos propios" sentenció.

Fernández Seijo reprochó al tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo no haber sido capaces "de sentar jurisprudencia suficientemente clara y sencilla como para garantizar una tutela a los consumidores en el procedimiento judicial", lo que le llevó a recurrir al tribunal de Justicia Europeo.