El Pleno del Congreso aprueba este jueves las 213 medidas para poner en marcha el pacto de Estado de Violencia de Género, con el apoyo mayoritario de los grupos, pero no la unanimidad que se reclamaba, ya que Unidos Podemos tiene previsto abstenerse. Una de las principales medidas es la inclusión en el pacto la reforma de la ley para que se considere víctimas de violencia de género a las madres cuyos hijos hayan sido asesinados por sus parejas o ex parejas para hacerles daño, para que tengan acceso a la asistencia, ayuda y protección prevista en la legislación.

Es el caso de Ruth Ortiz, madre de los dos niños asesinados por José Bretón, quien en una entrevista en la Cadena SER ha asegurado que "este pacto supone un avance importante para la lucha en la violencia de género": “Que no estuviéramos consideradas como víctimas de violencia de género no me entraba en la cabeza. No hay mayor maltrato que alguien puede hacer que matar a tus hijos. Y los maltratadores lo saben, saben que matando a tus hijos te hacen un daño que te dura de por vida", ha sentenciado.

El pacto requerirá una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros en cinco años, e incluye más de 200 medidas, entre otras, la protección de las víctimas: la mujer maltratada no tendrá que presentar denuncia para acceder a ayudas sociales y recibir acompañamiento. Para ello, se reformará el artículo 17 de la Ley Integral contra la Violencia de Género que define la acreditación de consideración de la víctima.

En este cambio los ayuntamientos tendrán un papel fundamental, ya que se encargarán de crear unidades de apoyo para identificar a las víctimas y ayudarles a dar el paso de la denuncia. Para ello, se recuperarán las competencias en violencias de género que les quitó la polémica ley de régimen local del PP -también se modificará esta norma-.

Con ello, el acuerdo también presenta reformas judiciales. Entre las más destacadas destaca aquella que enuncia que la confesión del maltratador dejará de ser un atenuante que rebaje la pena. Esto se suprimirá. Igualmente, se prohibirán las visitas a la cárcel de los hijos al padre del maltratador y la formación de jueces, fiscales y equipos psicosociales será obligatoria.

Cambios en educación y deporte

En el ámbito deportivo también se aplicarán medidas. Por ejemplo, habrá sanciones administrativas para los clubes deportivos que permitan y consientan la apología de la violencia de género. Para ello se modificará la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte con el objetivo de que incluya como motivo de infracción y sanción los ataques sexistas y machistas.

En el ámbito educativo se exigirá también que los proyectos de dirección de cada centro escolar incluyan contenidos específicos sobre igualdad y contra la violencia machista.

Un paso adelante cuya financiación aún está en tela de juicio puesto que se retrasará el debate de los Presupuestos dada la situación en Cataluña.