El palacio del Canto del Pico corona una enorme finca en Torrelodones con vistas a Madrid capital. Sus muros de piedra abandonados esconden un pasado histórico. Lo mandó construir un conde y en las escalaras de la mansión murió el político conservador Antonio Maura. También fue el primer gran regalo inmobiliario que recibió Francisco Franco. Ahora, la Fiscalía de Madrid acusa al representante de la sociedad propietaria, José Antonio Oyamburu, hermano del que fuera el cura del pueblo, de tenerlo en ruinas y llevarse elementos del interior del palacete, como las piezas de un sarcófago.

En el escrito de la acusación, firmado el 18 de abril de 2024, el fiscal provincial de la sección de Medio Ambiente pide dos años y medio de cárcel al acusado por un delito continuado de daós contra el patrimonio histórico-artístico y por otro de sustracción de "cosa propia a su utilidad social o cultural".

Oyamburu supera hoy los 85 años de edad. A finales de los años 80, la familia Franco logró venderle la mansión por 320 millones de pesetas. El hostelero había hecho fortuna en Reino Unido y desde el principio se empeñó en convertir el complejo en un restaurante y hotel de lujo.

Oyamburu llevó a cabo la operación del Canto del Pico a través de la sociedad Sotyam Holdings Limited, que figura en el escrito judicial como responsable civil subsidiaria. La compañía está registrada en Inglaterra. El socio mayoritario, sin embargo, es otro conocido empresario español del ladrillo: José Domingo Rodríguez de Losada, promotor del mosntruoso hotel de El Algarrobico, considerado por el ecologismo como uno de los mayores escándalos urbanísticos de litoral.

En cualquier caso, la Fiscalía pone en la diana a Oyamburu como representante de la sociedad en lo referido al Canto del Pico. Aunque fuentes municipales aseguran a este periódico que, en los últimos años, ha sido su hija quien llevaba directamente las conversaciones con el Ayuntamiento sobre el palacete.

El órgano judicial considera que la propiedad no adoptó las medidas necesarias de conservación, mantenimiento y custodia del palacete entre mayo de 2014 y septiembre de 2020. Este abandono ha provocado que la construcción haya sufrido "desperfectos de considerable importancia". Entre ellos, destaca los daños en los aleros de madera de gran vuelo de las cuatro fachadas o las techumbres de las estancias interiores. El palacio también ha perdido elementos decorativos como balaustradas y barandillas e incluso una de sus terrazas. 

Objetos en 'paradero desconocido'

Por otro lado, el fiscal provincial recuerda que el acusado ha "reiterado y trasladado fuera del Palacio del Canto del Pico diversas partes integrantes" de la casona. Unos elementos, añade, "cuyo paradero actual se desconoce". Llama la atención, por ejemplo, sobre la desaparición de los frontales de alabastro de un sarcógrafo renacentista de uno de los duques de Híjar, que en su día se encontraba en una de las chimeneas del palacete.

Tampoco se sabe dónde está un escudo heráldico de piedra tallada del siglo XIV ni dos capiteles góticos de finales del siglo XY. El otro enser desaparecido es una figura yacente de un obispo de mármol.

Por todo ello, además de la pena de prisión, la Fiscalía pide que el acusado devuelva a su sitio los elementos retirados y rehabilite el Palacio tal y como se lo exija Patrimonio. También reclama que se cierre la finca y se ponga vigilancia para que no se cuelen curiosos.

El caso judicial se encuentra en una fase intermediaria. Fue el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba quien asumió la instrucción contra Stoyam Hoding. Ahora, la Fiscalía le remite el escrito de acusación y pide que se enjuicie ante el Juzgado de lo Penal.

'La multa fantasma'

La Fiscalía también recuerda que la Dirección Genera de Patrimonio impuso en junio de 2019 una multa coercitiva al acusado. ¿El motivo? No presentar un proyecto de rehabilitación entre 2017 y 2019 o un plan de reconstrucción para "frenar la ruina del edificio" ni otro tipo de medida con tal objetivo.

Precisamente, la cuestión de la multa coercitiva salió a la palestra a finales de marzo. El PSOE denunció en público que los propietarios de este emblema de Torrelodones "nunca han llegado a abonar ni un céntimo de euro de la supuesta multa coercitiva que, teóricamente, le impuso al Gobierno regional hace cinco años y por la que estarían obligados a pagar miles de euros mensuales".

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