Los Mossos d´Esquadra han detenido a la narcoabogada Cristina Varela, antigua pareja del hijo del narcotraficante Laureano Oubiña, en Vilanova i la Geltrú, localidad catalana a 30 kilómetros de Barcelona. La mujer, de 44 años, era la unica mujer en figurar en la lista de 70 personas más bucadas de la Europol y sobre ella, pesaban tres órdenes de detención por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. También se sospecha de ser la instigadora del asesinato del abogado y también expareja, Alfonso Díaz Moñux, a manos de un sicario el pasado 2008.  

En enero de 2013, esta abogada de la localidad pontevedresa de Cambados ingresó en prisión para cumplir una pena de siete años de reclusión por su vinculación con una banda de narcotraficantes a los que se decomisó un alijo de dos toneladas de cocaína.

Tania Varela figuraba entre los fugitivos más buscados de Europol, ya que se la considera responsable de tráfico de drogas a gran escala y de blanqueo del dinero ingresado por la actividad criminal.

La policía le asigna un papel destacado en la organización criminal de narcotraficantes más importante del norte de España, zona que utilizan como puente para la distribución de drogas en toda Europa procedente de Sudamérica.

En enero de 2013, esta abogada de la localidad pontevedresa de Cambados ingresó en prisión para cumplir una pena de siete años de reclusión por su vinculación con una banda de narcotraficantes liderada por Pérez Lago a la que se decomisó un alijo de dos toneladas de cocaína.

En una operación realizada en 2006, la Policía se incautó de las dos toneladas de cocaína en una embarcación 'planeadora' varada en la playa de A Barda, en Corme, a la banda de Pérez Lago, como parte de un alijo de seis toneladas.

Los tripulantes de una segunda embarcación lograron huir con otras dos toneladas, y otra tonelada más fue hundida en el mar por la banda durante la operación.

En el juicio celebrado en 2011 ante la Audiencia nacional, Pérez Lago reconoció los delitos que le imputaban, igual que otros de sus compañeros, por lo que alcanzaron un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, que había solicitado para él inicialmente veinte años de prisión y finalmente redujo la petición a nueve años.

La abogada, que ya había estado en prisión provisional y que era sospechosa de haber participado en la creación de las sociedades pantalla en paraísos fiscales, rechazó, sin embargo, su culpabilidad y presentó recurso ante el Supremo, que en 2013 la condenó a siete años de prisión.