Las personas con discapacidad no sólo enfrentan problemas que vienen agravándose en el tiempo como las prolongadas listas de espera en comunidades autónomas como Madrid para que les valoren su situación, sino que también el modelo actual de atención residencial perpetúa dificultades para tener una vida independiente.
La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid) ha reclamado un cambio sustancial en el modelo de atención residencial para estas personas, por el cual se sitúe su enfoque de actuación en fomentar “la autonomía personal y el derecho a vivir de manera autónoma”. Bajo esta premisa, denuncian que el sistema actual cae en el “asistencialismo”, un cuadro que limita “la capacidad de decisión y participación de las personas con discapacidad en su vida cotidiana”.
De esta manera, sustentan su plan, el cual pretenden llevar a las instituciones competentes, en el dictamen de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, el cual ratificó España, y que en su artículo 19 establece el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente con su consiguiente inclusión en la sociedad.
Un cambio sustancial que, como es necesario, precisa de “una adecuada reorientación de los recursos económicos”. De esta manera, el presidente de FAMMA, Javier Font, insiste en que es primordial adoptar “una mayor sensibilización de este modelo, que debe ser extrapolado a cualquier persona que, por cualquier circunstancia, le aboque a padecer una dependencia. Es una cuestión de derechos humanos”.
Debido a que un modelo asistencia de este calado, que se centre en la autonomía de estas personas no sólo supone un derecho, sino la garantía de una vida justa e inclusiva y, para ello, desde esta asociación reclaman que se acometan medidas que vayan desde el fomento del decidir de estas personas con discapacidad cómo quieren que sean sus vidas, de promover la inclusión de las mismas en los espectros sociales, garantizarles los apoyos personalizados a nivel institucional, asegurar el cumplimiento de sus derechos internacionales y optimizar los recursos públicos en manos de las administraciones competentes.
Cocefme anuncia alegaciones
Bajo el mismo telón de fondo, desde la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), su presidente, Anxo Queiruga, ha puntualizado que, sobre la reforma legislativa que mira por los derechos de estas personas, se debe dar respuesta a sus necesidades y garantías al considerar que, en las últimas dos décadas, “se ha hecho muy poco por la autonomía personal, que garantizar que tomen las riendas” de su propia autonomía vital.
Entre sus reivindicaciones destaca que se tenga en cuenta la diversidad de las personas con discapacidad física, las particularidades de la discapacidad orgánica, que exista una memoria económica que garantice la financiación de la ley y que se dispongan los mismos recursos en todos los territorios. A ella, se suma el aumento de horas de atención a las personas en situación de dependencia, en especial aquellas con mayores necesidades de apoyo, que en la actualidad reciben una atención "insuficiente".
La larga espera para ser valorado en discapacidad
La gestión de estos recursos públicos recae en los gobiernos autonómicos, siendo la Comunidad de Madrid, encabezado por la popular Isabel Díaz Ayuso, el que más demandas recibe por parte de asociaciones que velan por los derechos de las personas con discapacidad. Para ser más exactos, desde FAMMA llevan meses denunciando que estas personas tienen que esperar hasta 15 meses, una media de 300 días que ha llegado a incrementarse en algunos casos a 500, para que sus situaciones sean valoradas en el sistema público, según las cifras que recoge la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
Según la información que desprendió el Ejecutivo de la Puerta del Sol a finales del pasado junio sobre las listas de espera de atención temprana, discapacidad y enfermedad mental en Madrid, tan sólo el plazo entre la solicitud y la llamada de cita en el centro correspondiente es de 55 días de media.
Debido al calado de esta cuestión, a nivel parlamentario, el PSOE madrileño la trasladó a la Asamblea, donde se reflejo que actualmente hay hasta 15.595 expedientes a la espera de valorarse en sus centros base, siendo los que superan ya la espera de 15 meses en adelante en más de 3.700 personas. “Son cantos de sirena que no van a ninguna parte y que estamos en la situación que estamos: 15 meses como mínimo para ser evaluados como personas con discapacidad, algo totalmente inaceptable”, condenaron entonces desde FAMMA en declaraciones a este periódico.
