Amnistía Internacional ha denunciado, en su informe anual, correspondiente a 2020, el "desproporcionado" número de muertes de ancianos en España durante la pandemia de coronavirus y la "discriminación y violación del derecho a la salud" que han sufrido. El informe, que analiza la situación de derechos humanos en 149 países, menciona también, en el apartado dedicado a nuestro país, el abandono que padecieron los profesionales sanitarios durante los primeros meses de la pandemia.

Amnistía Internacional recuerda que en noviembre se estimaba que 20.000 personas habían muerto en las residencias de ancianos , una cifra que representaba el 50% de los fallecimientos totales por coronavirus hasta ese momento, y denuncia los protocolos de derivación a centros hospitalarios que se adoptaron en algunas comunidades, que fueron “discriminatorios” y violaron el derecho a la salud de nuestros mayores.

"Abandonados a su suerte"

"Miles de personas de la tercera edad que viven en residencias, se vieron abandonadas a su suerte durante los meses más duros del confinamiento. Sufrieron falta de atención médica y aislamiento en las residencias", señala Amnistía Internacional. Su director, Esteban Beltrán, precia que "en Cataluña y Madrid muchas personas mayores que vivían en residencias no fueron atendidas de forma individualizada, no fueron trasladadas a hospitales cuando lo necesitaban y se les impidió ver a sus familias durante largos periodos de tiempo”.

El aislamiento sin contacto con sus seres queridos

La ONG critica el aislamiento “indefinido” de muchos ancianos en sus habitaciones, con nulo contacto con sus familiares y sin supervisión efectiva de las autoridades sanitarias de la Administración pública, lo que "dio lugar a violaciones de sus derechos humanos” en unas instalaciones que carecían del suficiente personal y de los medios de protección más básicos.

Desmantelamiento de los servicios públicos

Amnistía apunta al "abandono y el desmantelamiento" de la sanidad y los servicios públicos y a la falta de previsión e inversión y recuerda que al menos 93.000 trabajadores de la salud habían contraído Covid-19 (el 5,1% de los casos) y 89 habían muerto por la enfermedad.

"El personal sanitario ha estado expuesto a sufrir las consecuencias de la pandemia y no ha tenido medios suficientes para hacerla frente durante muchos meses, especialmente durante la primera ola. La falta de personal, los horarios excesivos y la ausencia de equipos de protección adecuados han sido constantes dejando expuestos a los y las profesionales de la salud y mermado, una vez más, el derecho a la salud de las personas", dice la organización.

Un poder "desproporcionado" de las fuerzas de seguridad

Para Amnistía Internacional, "el estado de alarma decretado por el Gobierno, y en concreto el confinamiento, entre marzo y junio, acrecentó la tendencia ya mostrada con la entrada en vigor de la ley mordaza hace seis años de otorgar más poder a las fuerzas de seguridad, sin mecanismos adecuados de control de actuaciones arbitrarias, en detrimento de la protección de los derechos de las personas, especialmente las más vulnerables".

Según el informe, la policía puso más de un millón de multas y sancionó “arbitrariamente” a algunas personas por saltarse el confinamiento impuesto por la pandemia, como periodistas o personas sin hogar, al carecer de criterios claros para ejercer sus funciones.

La inmigración

El informe dedica también un espacio a la inmigración y valora positivamente el vaciamiento de los centros de internamiento de inmigrantes en los primeros meses del estado de alarma, después reabiertos.

Las principales críticas se dirigen a las condiciones “inhumanas” que vivieron muchos inmigrantes en las Islas Canarias, desbordadas al aumentar las llegadas cerca de un 757%, a las expulsiones sin respetarse las garantías legales y a las decenas de miles de solicitudes de asilo acumuladas.

“Hubo personas migrantes y solicitantes de asilo que continuaron viviendo en centros de acogida soportando condiciones de hacinamiento y sin protección adecuada frente a la Covid-19”, dice Amnistía.