La fiscal Ángeles Garrido ha pedido que se aumente la pena contra el exduque de Palma Iñaki Urdangarin a 10 años al considerar que él y su exsocio Diego Torres fueron los "instigadores" de la trama de corrupción en Baleares y la Comunidad Valenciana. El ministerio público ha considerado que ambos fueron el "motor" de los delitos que se juzgaron -malversación de fondos públicos y fraude a la Administración- y, en el caso de la corrupción a funcionarios de Mallorca, ha destacado la "reprochabilidad" de su conducta.
Instigadores de la corrupción
"De ellos partió la iniciativa y ellos fueron los instigadores para la corrupción en los funcionarios públicos", ha destacado sobre la parte balear del caso Nóos, por lo que no se les debe aplicar, ha defendido, la pena en su grado inferior, como solicita la defensa.
En relación a la trama valenciana de Nóos, ha explicado que "en la Administración Pública no se puede hacer todo lo que se quiere" y que hubo delito en los convenios públicos para que el Instituto Nóos de Urdangarin y Torres organizara las cumbres Valencia Summit. Según Garrido, en la Administración "no rige el principio de autonomía y libertad" y en este caso prevalecieron "intereses particulares, haciéndolos prevalecer sobre intereses públicos", cuando se entró "en el ámbito de la arbitrariedad".
Hubo, ha dicho, una "omisión absoluta de un procedimiento administrativo" y no existió "otra cosa que la voluntad y el concierto entre el señor Urdangarin y Torres y los funcionarios para que se firmaren estos convenios", sin que se justificara el gasto. En los convenios públicos con Nóos en la Comunidad Valenciana, ha insistido, se omitió "el principio de eficacia y eficiencia" y "era necesario justificar las razones por las que se excluyó el concurso y la publicidad", cosa que no se hizo.
El Tribunal Supremo estudia desde esta mañana el recurso planteado por Urdangarin contra la condena de seis años y tres meses impuesta por la Audiencia de Palma por dos delitos fiscales, prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias. También recurrieron la condena la propia Fiscalía, la Abogacía del Estado, Diego Torres y Jaume Matas. Ahora, es el Tribunal Supremo el que tendrá que decidir si mantiene, reduce, anula o endurece las condenas.
