La Agrupación Reformista de Policías (ARP) ha denunciado el uso indebido que se hace de cientos de vehículos camuflados, conocidos como vehículos 'K'. Se trata de un problema, asegura a ELPLURAL.COM Luis Miguel Lorente, Coordinador General del sindicato, que afecta a la mayor parte de las Unidades Policiales dependientes de la Dirección General de la Policía, entre ellas la Jefatura Superior de la Comunidad Valenciana.

Dentro de este grupo de automóviles están los coches oficiales del parque automovilístico de la DGP y los cedidos por la Administración de Justicia, fruto de intervenciones, “decomisos de operaciones de droga”, destaca Lorente.

ARP entiende que “son medios fundamentales para la adecuada realización de los servicios operativos policiales”, sin embargo, consideran que los responsables de las distintas Jefaturas Superiores, Comisarios Provinciales y Locales, “tienen la obligación de hacer cumplir que se haga un uso racional y adecuado de los mismos”.

El sindicato insiste en que los vehículos camuflados “deben ser una herramienta para los trabajos de prevención, investigación y detención de miembros vinculados al mundo delincuencial y al crimen organizado”, su uso, por tanto, “ha de ser operativo”, subraya el Coordinador General del sindicato, y no particular. “Hay mandos en algunas comisarías que están utilizando estos coches como vehículos propios para desplazarse a sus domicilios e, incluso, para irse de vacaciones”, lamenta la agrupación.

ARP asegura que “estos abusos en la utilización de los coches oficiales, tanto de los asignados como de los intervenidos”, se está produciendo en diferentes plantillas policiales del territorio nacional.

“Se han asignado coches de este tipo a funcionarios no adscritos a los grupos de investigación para cuyas labores están destinados, lo que entra en seria 'contradicción' con el espíritu de las órdenes que emanan de la DGP y de los distintos juzgados, que lo consideran de uso genérico para los miembros de esos grupos en el desarrollo de las tareas que les competen”.

Desde ARP, además, alertan del gasto inaceptable de recursos públicos, que este mal uso de los vehículos 'K' genera.