El pasado jueves los grupos parlamentarios consiguieron llegar a un acuerdo sobre un pacto de Estado contra la violencia de género. El mismo, incluye 200 medidas con una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros que serán repartidos entre las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos de cada región -la mitad para cada parte-.

Además, este lunes la Subcomisión del Congreso revisará el documento completo y, si todos los grupos están de acuerdo, se aprobará. Será finalmente la Comisión de Igualdad la que el viernes ratifique el acuerdo.

El último escoyo para solucionar el trámite correrá del cargo del Pleno de la Cámara Baja, que tendría que dar el visto bueno en el mes de septiembre y, posteriormente, todo quedaría en manos del Gobierno, que contaría con cuatro meses para empezar a aplicar las medidas.

Medidas aplicadas

Entre las medidas de protección de las victimas destaca una muy importante: la mujer maltratada no tendrá que presentar denuncia para acceder a ayudas sociales y recibir acompañamiento. Para ello, se pretende reformar el artículo 17 de la Ley Integral contra la Violencia de Género que define la acreditación de consideración de la víctima.

En este cambio los ayuntamientos tendrán un papel fundamental, ya que se encargarán de crear unidades de apoyo para identificar a las víctimas y ayudarles a dar el paso de la denuncia. Para ello, se recuperarán las competencias en violencias de género que les quitó la polémica ley de régimen local del PP -también se modificará esta norma-.

Con ello, el acuerdo también presenta reformas judiciales. Entre las más destacadas sobresale aquella que enuncia que la confesión del maltratador dejará de ser un atenuante que rebaje la pena. Esto se suprimirá.

Se prohibirán igualmente las visitas a la cárcel de los hijos al padre del maltratador y la formación de jueces, fiscales y equipos psicosociales será obligatoria.

Cambios en educación y deporte

Llama la atención que en el ámbito deportivo también se apliquen medidas. Por ejemplo, habrá sanciones administrativas para los clubes deportivos que permitan y consientan la apología de la violencia de género. Para ello se modificará la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte con el objetivo de que incluya como motivo de infracción y sanción los ataques sexistas y machistas.

En el ámbito educativo se exigirá también que los proyectos de dirección de cada centro escolar incluyan contenidos específicos sobre igualdad y contra la violencia machista.