Pero se equivoca la Sra. Aguirre. Si hay movilizaciones no serán por el aumento de horas lectivas, sino en solidaridad con los tres mil profesores interinos (sí, tres mil, han leído bien) que no van a ser contratados, y por el deterioro que ello va a causar en la enseñanza pública. Que se nos ofrezca, además, un incremento en la retribución para contentarnos es insultante tanto para nosotros como para los tres mil profesores que no van a ser contratados.
En la carta, Doña Esperanza Aguirre nos dice que se nos “está pidiendo un esfuerzo”, pero que “es necesario” porque “basta con mirar alrededor o leer la prensa diaria para comprobar cómo los comercios cierran, las empresas despiden, los jóvenes van a engrosar las listas del paro y cada día hay más familias con todos sus miembros desempleados”. Se le olvida decirnos que, con sus medidas, tres mil profesores van a engrosar esas listas del paro.
En la misma línea que su presidenta, la consejera de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, Doña Lucía Figar, diciendo la verdad, pero no toda la verdad, ha dicho que no habrá ningún despido. Claro que no habrá ningún despido entre la plantilla de funcionarios, pero, insisto, no serán contratados tres mil profesores interinos que hasta el curso pasado formaron parte de las plantillas. Y ha pedido solidaridad, pero no con los interinos que se quedarán en el paro, sino con el Gobierno de Madrid.
Para dejarlo más claro, la Sra. Figar ha dicho que "no es de recibo que en el momento en que está el país con 5 millones de parados y el 45% de paro juvenil, haya que quejarse u organizar caceroladas o movilizaciones por trabajar 20 horas lectivas semanales, que es lo que marca la ley", obviando que habrá tres mil profesores que se unan, gracias a los recortes anunciados, a esos 5 millones de parados.
Una y otra, como ven, quieren presentar el conflicto como la reivindicación injusta de unos privilegiados insolidarios a los que se les pide trabajar un poco más y se resisten a ello. Y parece que una y otra no entienden, o no quieren entender, que quienes tenemos un trabajo fijo nos solidaricemos con quienes no van a ser contratados de nuevo.
Se nos podrá presentar como unos miserables que quieren perjudicar al Gobierno regional y a las familias, pero lo miserable sería ver cómo esos tres mil profesores se quedan en la calle y mirar para otro lado.
Jesús Pichel es profesor de Filosofía
