Las dos varas de medir de la nueva etapa democrática ya son una evidencia, y Amaiur, con 7 diputados, no podrá tener grupo parlamentario propio, por cuanto se dice no cumple con  los requisitos legalmente exigidos, a pesar de que ha solicitado su formación con sus 6 diputados obtenidos en el País Vasco, que sí lo permitirían. Renunciar a su diputado por Navarra se ha calificado como una “trampa”, aunque no se le aplique tal calificativo a la burda maniobra de UPyD, al incorporar al diputado del FAC, a pesar de no  haberse presentado en coalición.

El prestigio profesional de los servicios jurídicos de la Cámara ha quedado en evidencia al presentar un informe ambiguo, carente de rigor, sin firma ni dato alguno que identifique a sus autores. Lo que ha permitido al PP interpretarlo a su antojo y hacer prevalecer su decisión política con su mayoría en la Mesa del Congreso. Podría ser entendible la abstención del representante de CIU, pero resulta cobarde la postura del PSOE al adoptar igual postura, y no emitir sus tres representantes un voto favorable.

Analizada la postura del PP, se pueden extraer algunas absurdas e ilógicas consecuencias que ridiculizan la decisión adoptada:

-1ª) De no haberse presentado Amaiur por Navarra, con los 6 diputados obtenidos en el País Vasco sí podrían tener grupo parlamentario propio.

-2ª) Amaiur, como primera fuerza política en el País Vasco, no podrá tener grupo parlamentario propio; y si podrá formarlo con menos votos y 6 diputados el PNV.

-3ª) UPyD, con 5 diputados a nivel nacional, no cumple los requisitos legales para tener grupo parlamentario, pero se le permitirá formarlo gracias a la incorporación de un tránsfuga procedente del FAC.

¿Alguien lo entiende? Es una triste forma de comenzar una nueva legislatura. Se ha comentado que se discutió la decisión a adoptar; mentira, el acuerdo para marginar a Amaiur ya estaba consensuado previamente, y hemos asistido a una pura escenificación. ¿Es este el mejor camino de acabar definitivamente con la violencia en el País Vasco? Pedimos que se incorporen a las instituciones, y cuando lo hacen tras renunciar ETA a la violencia, se les discrimina y margina, tratando de evitar que tengan voz propia en el Congreso.

Fernando de Silva es abogado y autor del blog SInLaVeniA