Tiene sentido, pues, que los ciudadanos queramos decir algo sobre esta reforma de la Constitución y pidamos un referéndum que la ratifique o la suprima. Más aún cuando hay otras reformas constitucionales pendientes desde hace años (sobre la Corona o sobre el Senado, por poner solo dos ejemplos) que, en esta ocasión, ni se contemplan.
Es cierto que procedimentalmente no es imprescindible convocar un referéndum. Es cierto que políticamente tanto Zapatero como Rajoy tienen poder suficiente para evitarlo. Tan cierto como que democráticamente es una necesidad.
Sin embargo, todo apunta a que ni uno ni otro quieran el referéndum pedido. Quizá piensen ambos que “el techo de gasto” es un asunto técnico, muy complicado, que no debe ser consultado a los ciudadanos corrientes y molientes. Quizá piensen que los ciudadanos corrientes y molientes no somos capaces de juzgar qué es lo que le conviene a España y a nosotros mismos, mientras que ellos sí lo son. Quizá tengan informaciones que los ciudadanos no tenemos y se crean con derecho a no darnos esa información.
No es de extrañar que en el PSOE ya haya voces contrarias, sea la de Antonio Gutiérrez, sea la de López Aguilar, o sean, evidentemente, las de los Diputados de Izquierda Socialista, De La Rocha, Barrio y Pérez Tapias, entre otros.
¿Qué ocurriría si se convocase el referéndum pedido? Pues si saliera un “sí” a la reforma, ésta quedaría respaldada por eso que Rousseau llamaba la “voluntad general” y tendría todo el apoyo democrático que una Constitución debe tener, y no dependería exclusivamente de la voluntad política de ambos dirigentes; si fuese un “no” lo que triunfase, Rajoy y Zapatero tendrían que decidir si estarían dispuestos a legislar en contra de lo que la mayoría de los ciudadanos hubiese expresado en la urnas.
Zapatero y Rajoy, y los treinta y cinco Diputados que queriendo el referéndum no lo exijan, tienen miedo a un democrático no.
Jesús Pichel es profesor de Filosofía
