El polémico protocolo 'provida' que ha propuesto la vicepresidencia del Gobierno de Castilla y León, liderada por Juan García-Gallardo, continúa dejando multitud de reacciones desde el ámbito político. El expresidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, ha tildado de "degradante" la última medida con marca de Vox. 

"Esa pretensión de Vox me parece degradante, en primer lugar, para las mujeres; también para los profesionales de la sanidad, para nuestro sistema de derechos y libertades. Espero que quede arrinconada y que el PP reflexione", ha defendido en declaraciones a los medios de comunicación este martes en el Ateneo de Madrid. 

En la misma dirección, ha considerado "muy acertado" que el Gobierno de Pedro Sánchez haga un requerimiento al Ejecutivo autonómico de Alfondo Fernández Mañueco: "Esto no se lo ha inventado Sánchez, ha sido un vicepresidente de Castilla y León que no se llama Sánchez", ha insistido en alusión a las críticas que se han recibido desde la oposición. 

El Gobierno se prepara para tomar medidas legales

Del Consejo de Ministros de este martes ha nacido un nuevo escrito dirigido al Gobierno de Castilla y León. Moncloa ha aprovechado el estado de confusión entre el Partido Popular y Vox a costa del “plan de natalidad” propuesto por la ultraderecha en la región. El Ejecutivo ha aprobado un nuevo acuerdo mediante el cual “se requiere de incompetencia” a la Junta para que se abstengan de adoptar medidas que “vulneren o menoscaben” la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”. Todo ello mientras desde la formación que comanda Santiago Abascal amagan con romper la coalición ante el silencio de Génova. Entre tanto, los socialistas aguardan el momento preciso para devorar a la presa debilitada.

Suenan tambores de guerra en Castilla y León. El polémico anuncio de García-Gallardo, vicepresidente de la Junta, no solo ha levantado ampollas en el Gobierno central, sino también entre los socios del Ejecutivo territorial. La tibia posición de Génova, que ha desautorizado al líder de Vox en la región a la par que evitaba elevar aún más el tono, se contrapone a las amenazas que emanan de la formación ultraderechista. Este mismo martes, altos cargos de Vox lanzaban un ultimátum al presidente castellano y leonés, Alfonso Fernández Mañueco, y a Alberto Núñez Feijóo. El secretario general de la fuerza que comanda Santiago Abascal, Ignacio Garriga, ha lanzado el primer órdago: o se cumple el plan antiaborto o se rompe el Gobierno.

Un caldo de cultivo que también se adereza desde Moncloa. La respuesta desde el Gobierno de Pedro Sánchez a la controvertida propuesta de Vox fue rápida. Oposición frontal y blindaje a la igualdad y a la libertad, salpimentadas con advertencias con arreglo al escrupuloso respeto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo del 2010. Toques de atención que resuenan aún en el presente. Prueba de ello es la última maniobra perpetrada por la Administración central y que, a la postre, comporta un paso previo al recurso ante el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo va en serio.

Mañueco calla de nuevo ante Vox pero lamenta la "propaganda sobreactuada" del Gobierno

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, enviará una carta al Pedro Sánchez después de que Moncloa haya anunciado un requerimiento para declarar incompetente al Ejecutivo de Castilla y León.

En la misiva, publicada en redes sociales, el responsable del PP en la comunidad autónoma vuelve a defender que “no habrá ninguna modificación en el protocolo de atención a la interrupción del embarazo” y que este “está ajustado a la legislación nacional vigente”, por lo que pide al responsable socialista que “abandone los esfuerzos de su Gobierno en cuestiones ficticias para poder centrarse en la realidad y sus competencias”.

En el mismo texto, Mañueco apunta que Sánchez “ha decidido combatir con insultada dureza una cuestión irreal” y lamenta que “haya anunciado el envío de un requerimiento sobre un asunto inexistente”.