“En los últimos días, y con el aparataje propio de las grandes ocasiones, que se sirve de editoriales de diarios de gran tirada, se ha retomado la campaña de presión para que los vocales del Consejo General del Poder Judicial y su presidente dimitamos”. Así arranca la columna de opinión publicada en El Español de José María Macías, abogado, juez en excedencia y vocal CGPJ. Dados los últimos acontecimientos, parece que el bloqueo por la renovación del órgano de los jueces -que lleva más de 1.000 días con el mandato caducado- continuará. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insiste en que Pablo Casado se siente a negociar mientras este se limita a plantear una revisión de la ley del Poder Judicial para que una parte sea elegida por los propios jueces. El tira y afloja no cesa y nadie da su brazo a torcer. Con este escenario como telón de fondo, desde varios sectores se ha deslizado la idea de que Carlos Lesmes así como el resto de vocales dimitieran en bloque para forzar a los partidos a alcanzar un consenso. Sin embargo, ya tenemos el primer ‘no’ a esta maniobra.

Con los pactos de renovación me pasa como con las oleadas de Covid, que no sé en cuál estamos: ya no recuerdo si fue el tercer o cuarto intento de acuerdo de renovación, así que lo dejo en el último, cuando el nombre del magistrado De Prada irrumpió en escena de forma inesperada y sine qua non, y el clima de concordia se enrareció de manera abrupta. Le dije entonces a la periodista, antes de que nada de eso sucediera, que el acuerdo estaba a punto de venirse abajo. Su risa perpleja en el teléfono fue sincera. ¿Cómo iba a venirse abajo un acuerdo convenientemente filtrado en casi todos sus puntos, incluida la satisfacción de los negociadores? Ahí dejamos la conversación y dos días después pasó lo que pasó.

A juicio del vocal, el CGPJ se ha convertido “en el campo de batalla político que nunca debió haber sido, y con ser su actual configuración rechazable desde la perspectiva europea por su inevitable apariencia de riesgo de politización, esa politización era incluso insuficiente para algunas fuerzas políticas. El sector de izquierda radical instalado en el Gobierno no quería ningún acuerdo”.

“Para ese sector, una Justicia independiente no sometida al poder político era inconcebible porque era inconveniente para su experimento político y social: la función del Poder Judicial no podía ser controlar que el Poder Ejecutivo se someta al Estado de Derecho, sino ser una parte de la correa de transmisión de sus políticas, y para eso los jueces debían ser afectos al régimen. El Poder Judicial, por lo tanto, tenía que ser un poder político más y también su gobierno propio. Aunque, naturalmente, un poder subordinado, ha afeado a la izquierda.

José María Macías lamenta que “con esa lectura era fácil concluir que ese sector no quería ningún acuerdo. sino esa proposición de ley, aún no muerta del todo, con la que los miembros del CGPJ se nombrarían con unas mayorías mínimas que permitirían que la institución fuese una representación de los grupos parlamentarios de apoyo al Gobierno”.

Y añade que ya esperaba que "ese sector” reventara las negociaciones; haciendo referencia a los primeros contactos entre PSOE y PP que incluían a jueces designados por Unidas Podemos.

Entrando en materia, el magistrado directamente apunta: “¿Dimitiría yo? No, no lo haría. Reconozco que la explicación me produce un placer malsano, porque sé que es difícil que se me entienda a pesar de que lo que digo es cierto, o precisamente porque lo es. Le expliqué que no es que no quisiera dimitir, es que no podía hacerlo: yo había hecho el servicio militar dos veces, una a los 20 años, cuando me lo exigieron, y otra a los 50, cuando quise y me incorporé a la reserva voluntaria de las Fuerzas Armadas. Aprendí que un centinela jamás abandona el puesto hasta que se le releva y pasa la consigna a su relevo. Abandonar el puesto, faltar a la responsabilidad comprometida, se castiga muy severamente”.

Además, argumenta que su dimisión no sería posible por la actual Ley Orgánica del Poder Judicial: "Su artículo 570.2 prevé que el Consejo saliente continúe en funciones hasta que sea relevado por el entrante, lo que es tanto una facultad como una obligación para impedir un inasumible vacío de poder. Estaba en la Ley cuando me incorporé al Consejo y ahora no puedo fingir que lo ignoro. Eso lo dejo para los que pueden permitirse el lujo de la ignorancia”.