Por si fuera poco, la prensa catalana se hace eco de la delicada situación de los 400 trabajadores del Hospital Dos de Mayo de Barcelona que ven peligrar su empleo porque la Generalitat anunció el viernes el cierre del hospital. Un cierre que tendrá una consecuencia inmediata: la degradación de la asistencia sanitaria. Los más de 150.000 pacientes que acuden a este hospital cada año, deberán ser atendidos en otros, con lo cual la calidad de la asistencia se resentirá sin lugar a dudas.

1.500 trabajadores afectados
Pues bien, los peores augurios se confirmarán esta misma semana. Según ha podido saber ELPLURAL.COM, la Conselleria de Gobernación, dirigida por la vicepresidenta del ejecutivo Joana Ortega, presentará en estos días una oleada de expedientes de regulación de empleo que afectarán a empresas y agencias públicas. La primera empresa será GISA, la gestora de infraestructuras de la Generalitat, con unos 70 trabajadores afectados. Seguirá la Agencia de Cooperación Internacional con 50 trabajadores incluidos en el expediente de regulación. No serán ni las únicas ni las últimas. Algunas fuentes apuntan que el total de trabajadores afectados directamente por los ERE’s pueden ascender a 1.500. La Agencia Catalana del Agua tiene todos los números para ser incluida y otras más seguirán sus pasos como Accio, la agencia de promoción internacional o el propio Incasol, el instituto que gestiona el parque de viviendas públicas de la Generalitat.

Los eventuales, fuera de los ERE's
En estos números, no están incluidas las bajas de trabajadores eventuales que no renuevan sus contratos, ni la supresión de plazas de interinos, ni tampoco los trabajadores que son despedidos de forma individual sin ser incluidos en expedientes. El conjunto de estos trabajadores de entidades públicas tienen la consideración de trabajadores públicos pero no son funcionarios. Por eso, la Generalitat ha tomado a decisión de aplicar expedientes de regulación de empleo. Estos expedientes los presentará ante la autoridad competente la conselleria de Gobernación. La autoridad competente es la conselleria de Treball. Difícil parece que estos expedientes no sean aprobados aunque no tengan el acuerdo de los sindicatos porque la Generalitat es juez y parte.