La legislatura se encuentra en su estadio final. Restan pocos meses para que se desate la contienda electoral y la coalición ultima los que serán de sus últimos cartuchos legislativos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió con sus socios, tanto morados como con el resto de aliados parlamentarios, a impulsar una serie de buques legislativos que, pese a presentarlos como prioridad hace tres años al aterrizar en Moncloa, aún permanecen encallados: Vivienda, Mordaza y Secretos Oficiales.
El más acuciante y que más avances presenta es la ley de Vivienda. Moncloa esperaba culminar 2022 con la ley de Vivienda encarrilada, cuando no aprobada. La formación morada presionó y el Grupo Socialista emplazó las negociaciones al mes de diciembre, pero finalmente no hubo tiempo material. Los flecos en forma de enmiendas a la ley Trans y la crisis de Estado generada por la intervención del Tribunal Constitucional de un proceso parlamentario en curso acapararon todos los esfuerzos. Ahora, encaran un nuevo deadline: febrero.
El mes de enero es inhábil para el Congreso, pero según informó ElPlural.com, se habilitará para celebrar comisiones, elaborar dictámenes, avanzar en la agenda legislativa y aprobar los decretos en un pleno que se celebraría la última semana de enero. La ruta está clara y el objetivo también: acercar posturas para rubricar un consenso en los primeros compases del 2023. El principal obstáculo para topar los alquileres es la definición de gran tenedor, que requiere establecer una cantidad de inmuebles a partir de los cuales una persona o entidad pueda considerarse como tal. Además, Unidas Podemos percute para reducir el vacatio legis, esto es, el tiempo que transcurre entre la publicación de una norma y su entrada en vigor efectiva. El texto salido del Consejo de Ministros establece un periodo de 18 meses que los morados abogan por eliminar, pero que los socialistas admitirían rebajar hasta los seis. De darse el caso, si la ley de Vivienda se aprobara en febrero, el control de los precios se implementaría en su totalidad en septiembre.
Moncloa lograría, así, dos impulsos electorales. El primero en las semanas previas a la precampaña de las autonómicas y municipales en mayo, y el segundo, en la víspera de las generales. El articulado pondrá en un serio brete a las administraciones gobernadas por el Partido Popular ya que la regulación del precio de los alquileres será opcional para las comunidades autónomas, que deberán decidir si aplicarla, así como los ayuntamientos harán lo propio con la subida del IBI en las viviendas vacías.
Mordaza, al ralentí (según a quién preguntes)
Fuentes consultadas por este periódico admiten avances en Vivienda, máxime si se compara con las conversaciones sobre Mordaza. Pese a que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Mordaza, recibirá este jueves un importante impulso, a la coalición no le será fácil encarrilarla por el rechazo de sus socios, que mantienen sus posiciones maximalistas. Las fuerzas del bloque de la investidura solicitaron al Congreso que habilitara el mes de enero, inhábil a efectos parlamentarios, para avanzar en una ponencia que se celebrará en la tarde del jueves y ante la que los partidos que componen el Ejecutivo se muestran optimistas. “No va a ser la última reunión antes de aprobarla en Comisión”, admiten fuentes moradas que, sin embargo, creen que “podría incluso acordarse antes” del mes de febrero. Estas mismas voces descargan la responsabilidad de la demora sobre los hombros de los socios del Gobierno, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu. Tanto los independentistas como la izquierda abertzale mantienen sus máximos y advierten: “Se está difundiendo el bulo de que la reforma de la ley Mordaza está (casi) acordada”, escribió Jon Inarritu en su cuenta oficial de Twitter. Según el diputado vasco, “la dificultad para el acuerdo estriba en que el PSOE se niega a desactivar los artículos más lesivos por miedo a la reacción de los sindicatos policiales ultras y las urnas”.
El 7 de enero de 2020 Sánchez fue investido presidente tras una campaña en la que garantizó que derogaría la ley Mordaza, un discurso que mutó sutilmente en un “modificaremos los aspectos más lesivos” de la norma. Hace ya más de dos años desde que el Congreso dio luz verde a la Proposición de ley del PNV para reformar la ley de Seguridad Ciudadana y aún no se ha aprobado. Se espera que en las próximas semanas se allane el camino junto con Vivienda. Una vez rubricado el quórum entre las fuerzas que componen el bloque de la investidura, se aprobará en la Comisión de Interior, que elevaría el dictamen al pleno del Congreso para remitirlo al Senado y aprobarlo definitivamente.
El riesgo de los Secretos Oficiales
La nueva ley de Información Clasificada con la que Moncloa pretende actualizar la vigente, franquista, no integra el catálogo de articulados sociales; pero Sánchez se comprometió con varios de sus socios, principalmente, con el PNV, que desde ele 2016 va a registro de su proposición de ley por legislatura. Al no ser del agrado del PSOE, han bloqueado sistemáticamente su avance en la Mesa del Congreso hasta tener su propia propuesta lista. El pasado 1 de agosto el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto, aunque desde entonces, nadie sabe nada. Fuentes del PNV lamentan que no han recibido información del desarrollo de la nueva ley, como tampoco ha habido reporte alguno sobre su anteproyecto.
Por su parte, fuentes del Grupo Parlamentario Socialista creen, sin aventurarse a asegurar, que hay conversaciones previas con los socios para rubricar un acuerdo. Unas negociaciones que, de existir, se retomarían ya en febrero, dado que enero es un mes inhábil a nivel parlamentario y la ley de Vivienda y la reforma de Mordaza son prioritarias y ocupan la práctica totalidad de sus esfuerzos. Los jeltzales niegan que entre la terna de sondeados se encuentre su bancada.
La ley de Secretos Oficiales deambula por la Cámara Baja como un espectro. Nadie sabe nada. No se le ha visto. La pregunta es si se le espera. Moncloa la incluyó en su calendario legislativo para 2022, pero la inflación, el Plan de choque contra las consecuencias de la guerra en Ucrania y el tapón provocado por la Ley Mordaza, la Ley de Vivienda y la de Memorias Histórica dispusieron una excusa perfecta para volver a aplazarla. La primera iniciativa para reformar una anacrónica ley llegó en el año 2016 a lomos del PNV. PSOE y PP se encargaron de bloquear su tramitación en la Mesa. Al finalizar la legislatura, los nacionalistas vascos tuvieron que volver a registrarla y, ya en junio de 2020, el Congreso dio su visto bueno. Los socialistas volvieron a paralizarla aplazando sine die el proceso de enmiendas, dejando la ley en una suerte de limbo. Todas las leyes que no han completado su camino hacia el BOE en la legislatura en que fueron votadas decaen con la disolución de las Cortes Generales. ¿Podría decaer nuevamente?
Hasta la fecha, ningún socio del PSOE se ha plegado a la nueva ley. Ni siquiera su compañero de coalición. La nueva norma establece cuatro categorías, adaptando la protección en consonancia con lo establecido por la Unión Europea y los aliados de la OTAN: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Los plazos para la desclasificación de documentos oscilan entre los cuatro y los 50 años, en función de su categoría, aunque según precisan desde Moncloa, algunos podrían prorrogarse más allá de ese medio siglo de horizonte (15 años más). Unidas Podemos ha manifestado su desagrado en no pocas ocasiones, al igual que PNV, ERC y EH Bildu. La cifra no satisface en absoluto su sed de transparencia y ventilación; y ven más razonable un plazo máximo que oscile entre 15 y 20 años. Además, la potestad de desclasificar información ya no residiría en Defensa, sino en el Ministerio comandado por Bolaños.
