El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), encargado de promover la transparencia de la actividad pública, ha pedido al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso el listado de las residencias de mayores a las que se le ha abierto expediente sancionador por su gestión durante la pandemia del coronavirus, después de que la Comunidad de Madrid se negara a facilitar dicha información alegando que la difusión de esos datos ponía en riesgo la instrucción de los procedimientos en marcha.
En una resolución fechada el pasado 4 de noviembre, adelantada por El Independiente,el Consejo estimaba la reclamación presentada por una ciudadana y daba a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social un plazo máximo de 20 días hábiles para proporcionar la información. El plazo expiró a principios de este mes y se desconoce si ha facilitado los datos o recurrirá el dictamen de Transparencia en los juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo.
Las residencias de mayores se convirtieron en el principal foto de fallecimientos en los meses más duros de la pandemia, en 2020 y la Comunidad de Madrid tuvo el mayor número de muertes por Covid: 4.709 con síntomas compatibles con la enfermedad y 1.668 confirmados mediante prueba diagnóstica.
El Portal de la Transparencia recibió un gran número de solicitudes de información sobre la gestión en las residencias de la Comunidad de Madrid, entre ellas la de la ciudadana que motiva ahora el requirimiento del Consejo, que pidió conocer la identidad de las residencias que eventualmente hubieran podido ser sancionadas. Cuando se registró la solicitud hacía 14 meses que se había declarado el primer estado de alarma para tratar de contener la expansión del virus.
La Comunidad de Madrid esgrimió "perjuicio"
Disconforme con la respuesta recibida, la solicitante formuló reclamación el pasado 28 de junio. Cuando el CTBG le dio traslado de la reclamación para que pudiera presentar alegaciones, la Consejería de Política Social no negó que fuera "información pública", pero argumentó que concurría uno de los límites de acceso previsto en el artículo 14 de la Ley de transparencia. En concreto, el descrito en el punto 1.e: "La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios", según detalla el citado diario.
La Consejería alegó que "la necesidad de realizar actuaciones de comprobación e investigación de las conductas tipificadas como sancionables hace que la divulgación de la información requerida pueda suponer un perjuicio para la prevención, investigación o sanción de los ilícitos administrativos, ya que conllevaría una previsibilidad sobre las entidades y centros investigados de las actuaciones de inspección y comprobación".
Transparencia no ve motivos para no dar la información
"No puede facilitarse a la reclamante, en este momento procedimental, el acceso a los documentos solicitados, ni a la denominación de las entidades y centros sobre los que concurren los expedientes, habiéndose acreditado por la Administración la concurrencia de los límites de acceso de la LTAIBG [Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno], denegándose el acceso ya que la revelación de la información solicitada puede afectar negativamente a la eficacia de procedimientos administrativos en trámite de investigación de infracciones y de imposición de sanciones", añadía la Consejería.
El Consejo de Transparencia se desmarca de la interpretación realizada por el Gobierno de Díaz Ayuso para no ofrecer la información sobre la identidad de las residencias a las que había abierto expediente sancionador por posibles irregularidades en la gestión de la crisis sanitaria durante la pandemia y considera que no hay obstáculo alguno para que se puedan divulgar los datos requeridos.
