Representantes de Marea de Residencias, la asociación de familiares y colectivos de servicios sociales que piden esclarecer lo ocurrido durante la primera ola de la pandemia, se reunirán este martes con la Fiscalía de Madrid para pedir que se cumpla el dictamen del Tribunal Supremo y se investigue los protocolos aprobados por el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso para que no se derivaran a los hospitales los ancianos contagiados.
La asociación remitió a la Fiscalía de Madrid el mes pasado una veintena de preguntas sobre lo ocurrido a partir de marzo de 2020, que acompañó con informaciones de los medios de comunicación que se hicieron eco de los hechos. El Ministerio Público ha respondido citando a Marea de Residencias a una reunión este martes.
La fiscal cree que sólo hubo "recomendaciones"
La cita tendrá lugar después de que se conociera en octubre pasado la opinión de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra de Inés, en el puesto desde mayo de este año, en la que considera que lo que dictó la Comunidad de Madrid sobre la conveniencia de no derivar a los ancianos a hospitales fue sólo una recomendación.
En su memoria anual, fechada en el mes de octubre, la fiscal reconoce que “el elemento central sobre el que pivotaron prácticamente todas las denuncias era la dificultad para la derivación hospitalaria en base a un protocolo de actuación aprobado por la Consejería de Salud el día 18 de marzo de 2020”.
Según las investigaciones, mantiene la fiscal, “el protocolo en sí contiene una serie de recomendaciones, que todos los geriatras hospitalarios que informaron señalaron que tenían valor meramente orientativo y no excluían la valoración integral de cada paciente”.
“De los datos estadísticos aportados se desprende que los criterios llamados de exclusión, no funcionaron como impedimentos para las derivaciones, pues fueron objeto de traslado hospitalario usuarios de edades avanzadas y con muy diversas patologías basales y altos grados de dependencia”, sostiene la fiscal.
“A pesar de que algunas residencias mostraron su disconformidad con los criterios hospitalarios, lo cierto es que en todas ellas hubo derivaciones, si bien éstas debían pasar el cribado previo de la interconsulta, y solo eran aceptadas cuando se consideraba que iba a haber un beneficio para el usuario”, concluye la fiscal.
"Hubo un protocolo con resultados catastróficos"
Para Marea de Residencias, "no hubo recomendaciones, sino un protocolo dictado por políticos de la Comunidad de Madrid con resultados catastróficos", y pide que se investigue a fondo lo que ocurrió, como dictaminó el Tribunal Supremo, a finales de 2020. Este colectivo considera que "el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso elaboró cuatro protocolos, que fueron cambiando para que no se notara mucho lo que se pretendía". Esto es, que no se remitieran a los hospitales madrileños, colapsados durante los peores meses de la pandemia, a los mayores contagiados en las residencias.
