La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, más allá de sus responsabilidades políticas, tiene nexos empresariales con el sector de la electromedicina. En concreto, con una empresa familiar que se dedica a esta actividad, y sobre la que existe cierta opacidad y polémica alrededor. ElPlural.com ha ido publicando, a lo largo de los dos últimos años, informaciones relacionadas con esta y otras compañías vinculadas de un modo u otro con la presidenta madrileña, y con la sede en la que están registradas, un inmueble del que Ayuso es propietaria al 100%.
Esta semana, este medio informaba sobre el citado inmueble, ubicado en el corazón del barrio de Chamberí, del que la presidenta regional sigue siendo propietaria al 100% y que, a su vez, es sede de ‘Ayuso Lahoz S.L.’, una sociedad limitada cuyo objeto social es "comercio interior y exterior, explotación, distribución de aparatos y material fungible y consumibles de equipamiento médico". Pese a que la nuda propiedad del inmueble sigue recayendo sobre la presidenta madrileña, lo cierto es que, según se desprende de un informe de la consultora Axesor al que ha tenido acceso ElPlural.com, la sociedad se encuentra en estado de inactividad, algo sobre lo que, tanto Ayuso como su entorno, han declinado dar explicaciones.
Entre otras cosas, la entidad llevaba sin presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil desde 2014. Con todo ello, pese a que Sismédica SL ya no está activa, poco separa su condición de la que sigue siendo propietaria al 100%, Ayuso, Lahoz S.L.. Pese a no haber declarado el cierre de la sociedad, en el informe remitido por la consultoría Axesor se señalan "indicios de inactividad". "La información disponible de Ayuso Lahoz S.L. muestra claras referencias de ausencia de actividad", reza el informe. A esto último se le conoce como “sociedad durmiente”, es decir, una empresa en estado de inactividad, pero con la posibilidad de volver a operar cuando los propietarios lo deseen, con las causas de dicha inactividad a discernir en cada caso.
Los primeros orígenes de estas sociedades
Una pregunta que sigue sin respuesta es la procedencia de esta sociedad y por qué Ayuso tiene su propiedad. Los orígenes se remontan al momento en que una de las empresas de su familia, MC Infortécnica S.L., empezó a no poder hacer frente a las deudas con la empresa pública Avalmadrid. En ese momento y con el objetivo de evitar que el inmueble fuese embargado, los padres de la baronesa procedieron a la donación de la vivienda a Ayuso, algo que, como se refleja años después, se ha conseguido, ya que la presidenta sigue siendo propietaria y los acreedores siguen sin recibir el importe correspondiente a las deudas.
Cabe señalar que la presidenta de la Comunidad de Madrid figura como nuda propietaria de la vivienda, siendo sus padres los usufructuarios del inmueble. En un lenguaje algo menos técnico, la lideresa madrileña tiene el derecho de la vivienda, pero no puede hacer uso de esta. Mientras que aquellos que tienen el usufructo, en este caso sus padres, tienen derecho al uso y disfrute y podrán alquilarla o vender el usufructo a una tercera persona, que suele ser el nudo propietario. En su día, ElPlural.com contactó con Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, para conocer por qué la presidenta seguía manteniendo una sociedad inactiva con sede en su vivienda de Chamberí. La respuesta: “La presidenta no tiene vivienda en propiedad”.
Por otra parte, la empresa Sismédica S.L., que compartía con su hermano y que cerró en octubre de 2024, fue una donación de su padre a raíz de las deudas que mantenía con Hacienda y la Seguridad Social por una cuantía que superaba el millón de euros. Dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios, en octubre se conocía, nuevamente a través de un informe de Axesor, que en la última actualización de esta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, constaba un “cierre provisional” fechado el 17 de noviembre de 2023, aunque no se había hecho público hasta ese momento.
La venta de mascarillas y las comisiones por intermediación
A su vez, en el año 2022, el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso, saltó a la palestra mediática por percibir una comisión de más de 230.000 euros por intervenir en la venta de mascarillas entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y un empresario chino. "Yo cómo hago los negocios o cómo los gestiono no es asunto de nadie", expresó entonces sobre la adquisición de material sanitario para la Administración de Isabel Díaz Ayuso en los peores meses de la pandemia, con jugosos pagos de por medio por su labor de intermediación.
"Yo cómo hago los negocios o cómo los gestiono no es asunto absolutamente de nadie, siempre que esos negocios sean claros y sean legales y uno cumpla con sus obligaciones fiscales. Si yo tuviera una empresa en el extranjero o hubiera cobrado en Andorra o en las islas Feroes pues entiendo que la prensa se hubiera hecho eco de que esta persona no ha hecho las cosas bien. Pero yo facturo como autónomo y todas mis declaraciones están en España'', se justificó entonces.
"A nosotros en ningún caso se nos ha beneficiado con ningún tipo de contrato porque yo sea no sé quién, mi hermana sea no sé quién. No ha habido ningún tipo de interacción con ninguna persona, en especial del Sermas, la dirección general de sanidad, o con quien sea. Hay un trabajo genérico y específico que se hace todos los días y durante todos los años en el cual llega la necesidad. A ver si es que ahora cuando vino el tema del Covid no se llamó a todo el mundo, pues claro", defendió el hermano de Ayuso. Aquel escándalo quedó completamente impune.
La presunta 'chatarrería' que resultó ser también electromedicina
Pero el entramado mercantil que comparten el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso, y Juan Carlos Herrero Casasola, padre de su exmujer y persona muy vinculada a los negocios de la familia Ayuso, no se limita a Madrid. Tal y como pudo atestiguar ElPlural.com, la empresa Gala Médica, ubicada en la localidad sevillana de Dos Hermanas y dedicada al “comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho” (CNAE 4667), realmente se dedicaba “a la venta de material clínico”.
Así lo reveló a este medio José Luis Cabezas, arrendador de oficinas y propiedades que alquiló a Tomás Díaz Ayuso los dos locales comerciales que utilizaba para realizar las labores de venta de materiales y equipamientos médicos: "Este hombre estuvo aquí alquilado. Es un gran trabajador y le alquilé dos oficinas y una casa. Hablamos de hace unos 15 años", expresó el hombre, que, preguntado por la descripción de actividades que figura en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), en la que se especifica que la mercantil compartida por el hermano de la presidenta y su otrora suegro se dedicaba a la venta de chatarra, aseguró: "No, no, de chatarrería nada. Gala Médica se dedicaba a la venta de maquinaria de clínicas. Aquí estaba él junto a su mujer. Es una persona muy trabajadora".
Según consta en el Registro Mercantil, la empresa fue constituida el 14 de diciembre de 2006 con un capital social de 3.006 euros y estuvo activa hasta 2010. Su objeto social era “la compraventa, importación, exportación y distribución, así como el montaje, ensamblamiento, fabricación, reparación y mantenimiento de artículos pertenecientes al sector de la electromedicina, incluyendo equipos, accesorios, material fungible y desechable, guantes y pósitos de uso sanitario”.
González Amador, un "delincuente confeso y estafador"
Por otra parte, cabe recordar el fraude fiscal confeso de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, por el que cobró dos millones de euros en comisiones durante la pandemia con la venta de mascarillas. Gumersindo Cachafeiro, fundador de Mape Asesores y receptor de los contratos de mascarillas en cuestión de la Xunta de Galicia, calificó de "estafa" aquella operación. "Para cualquier persona coherente, es una estafa… llamémoslo como queramos (…) Es una barbaridad”, pronunció en declaraciones remitidas a elDiario.es.
La pareja sentimental de la presidenta madrileña cobró por intermediar en la compraventa de material sanitario durante los peores meses de la pandemia, en un caso que ha terminado judicializándose y con los abogados del empresario pidiendo un acuerdo a Hacienda que trascendió a la prensa y, de hecho, llevó a declarar en el Tribunal Supremo a varios periodistas, incluyendo algunos de esta casa.
