El Partido Popular ha mantenido, históricamente, la apuesta por una política fiscal laxa como uno de los elementos clave de su ideario, siendo fiel a una línea ideológica neoliberal y de desprecio por los sectores y servicios públicos. Esta estrategia, que se ha intensificado aún más si cabe en los tiempos recientes, no es más que una herramienta populista para tratar de capitalizar el descontento social ante situaciones de inestabilidad política y que, además, sirve como cortina de humo para alejar la atención de otras medidas y políticas controvertidas.

De este modo, que el PP alce la voz a los cuatro vientos en materia de impuestos no es casualidad: es una respuesta planificada para establecer agenda, sacar rédito político (y electoral) y hacer que la ciudadanía se olvide de todas aquellas veces que los populares han tenido la oportunidad de mejorar las condiciones de la ciudadanía y han decidido optar por lo contrario.

Bloquear e impedir cualquier mejora

No hace falta irse muy lejos en el tiempo para detectar esta tendencia. El ejemplo más reciente se dio hace escasos meses, cuando se aprobó en el Congreso de los Diputados la reforma de las pensiones, que aumentaba la cuantía de las mismas y que, por consiguiente, traería mejoras para sus beneficiarios. El Partido Popular votó en contra de sacar adelante esta reforma. Casi simultáneamente a esta medida se produjo el aumento salarial de febrero de 2022, ante el cual los populares también mostraron su oposición frontal.

Remontándose a 2016, se celebró en el Congreso una primera votación para subir el Salario Mínimo Interprofesional a 800 euros mensuales en 2018 y a 950 euros en 2020. La medida fue aprobada con 174 votos a favor, pero ninguno de ellos salió de las filas populares, siendo el único grupo parlamentario, junto con Foro Asturias, que votó negativamente el trámite de esta ley.

Para más inri, esta tendencia de oponerse a todo aquello que pueda mejorar mínimamente las condiciones de la clase trabajadora no se limita al PP nacional ni a temas de ingresos, sino que también se extiende al Ayuntamiento de Madrid y sus iniciativas de acción ciudadana. Desde este mismo organismo se han tomado decisiones que han suscitado fuertes críticas: en 2021, Almeida y Villacís redujeron en un 75% la inversión de los Presupuestos Participativos, una de las iniciativas asamblearias más populares del anterior Ayuntamiento, y reformularon su estructura, de forma que pasaron a convertirse en un plan bienal, sustituyendo al anual que existía antes. A ello hay que sumar también la eliminación, por parte del propio Consistorio madrileño y sus socios, de los Foros Locales, sustittuidos por el Reglamento Orgánico de los Consejos de Proximidad, una versión más vertical y burocratizada de los mismos que, en esencia, reducía el carácter participativo y el poder de los distritos en la toma de decisiones.

La cortina de humo perfecta

Ante la necesidad de borrar de la memoria colectiva todas las decisiones ilustradas en este artículo, al Partido Popular no le queda más remedio que hacer gala de populismo y demagogia, vendiendo las bajadas de impuestos como la solución a todos los males de la sociedad española. Así, aprovechando la incertidumbre que ha generado recientemente la política exterior y los aumentos de precios, el PP se asegura un doble éxito: el desvío de atención mencionado y el posible rédito electoral que otorga la apuesta por este tipo de discursos.  Una táctica para tratar de pescar en río revuelto.

Sin embargo, las bajadas de impuestos no son la panacea. Aunque pueda parecer que reducen cierta presión sobre la ciudadanía, la realidad es diferente: un Estado que recauda menor cantidad de dinero del contribuyente es un Estado con infraestructuras públicas más débiles y, por consiguiente, con un Estado del bienestar más deteriorado, estrategia tomada a conciencia para debilitar al mismo e impulsar las políticas de privatización que caracterizan al neoliberalismo y a los populares. Al final del día, los beneficios de la bajada de impuestos los disfrutan las grandes fortunas, y las consecuencias negativas, reflejadas en el deterioro de los servicios públicos, las sufre el grueso de la ciudadanía.