Las autoridades suizas investigan si el expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, o personas de su entorno político, obtuvieron beneficios de la compra, en 2001, de Inassa, la filial del Canal Isabel II en Sudamérica.
La operación, investigada en el marco del caso Lezo, pudo generar una "ilícita plusvalía a costa del erario público" de unos 66 millones de euros. Los investigadores sospechan que las irregularidades en el Canal Isabel II se iniciaron antes de la llegada de Ignacio González al Gobierno madrileño.
Costaba 6,8 millones y se pagó 73 millones
La Comunidad de Madrid, presidida entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, pagó 73 millones de dólares (entonces 83 millones de euros) por una firma que, un año antes, había costado 10 veces menos, 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros).
Los investigadores han examinado las cuentas y negocios de Alberto Ruiz-Gallardón en España, según adelanta El Confidencial. Se examina ahora si hay algún rastro del expresidente madrileño y exministro de Justicia en Suiza, lo que le vincularía con la adquisición de Inassa.
Una pieza separada del caso Lezo
El Juzgado Central de Instrucción 6 ha abierto una pieza separada sobre la compra de Inassa, en la que ha tramitado una comisión rogatoria. Se reclaman datos sobre las cuentas y folletos de apertura de depósitos, los apoderados, extractos, relación de ingresos, transferencias y extracciones con las que cuenten los suizos en relación con la compra de Inassa.
Por otra parte, la Audiencia Nacional solicitó a la Guardia Civil que identifique a los miembros del Ejecutivo madrileño que autorizaron la compra de Inassa cuando Ruiz-Gallardón era el presidente autonómico.
Grabaciones, incluidas en el expediente del caso Lezo, de Ignacio González y del expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez apuntan a que la compra de esta empresa fue "un robo" millonario. El Gobierno regional estuvo pagando el préstamo para la compra de Inassa a BBVA y Caja Madrid hasta 2012, con González ya en la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
La operación
Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios SA) se constituyó en Colombia en septiembre de 1996, para gestionar el agua potable de la ciudad de Barranquilla. Inassa tuvo como primer socio a la empresa catalana Grupo Aguas de Barcelona (Agbar), que tenía el 51% de la compañía.
Agbar vendió su participación en el 2000 por 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros) a la empresa panameña Sociedad de Aguas de América (SAA). Esta firma buscó posibles compradores en España para Inassa. El Canal de Isabel II se ofreció a través de una alianza con Técnicas Valencianas del Agua (Tecvasa) bajo el nombre de Canal Extensia. El Canal tenía una participación del 75% de Extensia, y Tecvasa, el otro 25%.
Canal Extensia compró la empresa panameña Sociedad de Aguas de América (SAA) para hacerse con sus acciones de Inassa y pagó 10 millones de dólares en diciembre de 2001, 61,5 millones en febrero de 2002 y 1,5 millones en diciembre de 2002. No fue el único desembolso. En octubre de este mismo año, el Canal realizó una ampliación de capital en Inassa por otros 13,7 millones de euros. En total, la empresa pública desembolsó 97,3 millones de euros. Según la Fiscalía, en la compra se produjo “una ilícita plusvalía a costa del erario de la Comunidad de Madrid de 66 millones de euros".
