El ministro de Industria, José Manuel Soria, y la expresidenta de Castilla La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, están señalados por la sociedad castellano-manchega ante la negativa del primero, y la complicidad silenciosa de la segunda, de mantener abierta la planta de Elcogas, en Puertollano (Ciudad Real), que dejará en la calle el próximo 31 de enero a 300 trabajadores y a un número de empleos indirectos todavía por determinar. Y todo porque esta localidad está gobernada por el PSOE, así como la diputación y el ayuntamiento capitalino de la provincia. “Y eso Cospedal no lo perdona”, aseguran a ELPLURAL.COM fuentes del PSOE manchego, que han mostrado su indignación por la respuesta de Soria a las aspiraciones de continuidad de esta empresa de biomasa hibridada, que cuenta con los beneplácitos de la UE, de los sindicatos, de los empresarios y del Gobierno socialista castellano-manchego, y que en palabras de la alcaldesa de la localidad que acoge la factoría, Mayte Fernández, “el PP no puede continuar al frente de las instituciones porque después de dos años, en un asunto trascendente para los trabajadores y para la ciudad de Puertollano, ha venido a dar una respuesta desfavorable por la puerta de atrás y en secreto, ninguneando incluso en la comunicación institucional al Gobierno regional y a este ayuntamiento que es parte interesada en este conflicto desde el minuto uno”.

Una mentira descubierta por ELPLURAL.COM
El ministro Soria ha dicho no al plan de viabilidad presentado por la empresa, física, existente y de la que dependen 300 familias que se verán en la calle antes de que acabe el mes. Y dice no con la inestimable ayuda del PP castellano-manchego, que pretende que el Gobierno autonómico se haga cargo de la central termoeléctrica de Elcogas, cuando la planta es de exclusiva competencia del Ejecutivo central. Posición bien diferente a la mostrada en el caso de otra planta industrial, en este caso fantasma, inexistente, situada en la localidad albaceteña de Almansa, con alcalde del PP que también era presidente de la diputación hasta mayo de 2015, hasta donde Soria y Cospedal no tuvieron reparos en ir para comprobar in situ que todo era un atrezzo teatral, denunciado en su momento por ELPLURAL.COM y que gracias a nuestras informaciones pudimos desenmascarar lo que luego se comprobó era humo empresarial, emitido por un grupo de falsos empresarios que jugaron con las ilusiones de miles de personas que enviaron sus currículum ante una de las mayores imposturas industriales que ha vivido España en los últimos años.



Millones de euros para una ficción empresarial
Y todo ello con la ayuda inestimable de los gobiernos de Rajoy y de Cospedal (2011-2015), y cómo no, del PP castellano-manchego. Tanto es así, que Soria y Cospedal se montaron en un coche deportivo, construido ex profeso para tomarse una foto y convencer a los ciudadanos de las bondades políticas de los gobiernos de derechas, incluidas jugosas subvenciones, valoradas en 50 millones de euros que, afortunadamente, las elecciones autonómicas de mayo, y como decimos las informaciones de nuestro periódico, impidieron que se materializaran. Después de esta salvajada política, Soria y su amiga Cospedal miran hacia otro lado y desoyen las voces que piden bajo argumentos sólidos la continuidad de la planta de Elcogas, compañía que sí existe, y no Gibacars, y que da trabajo a numerosas familias de una comarca castigada in misericorde por el paro.

“Posible fraude o estafa”
El caso es que los “socios” Soria y Cospedal (Gibacars, ATC…) quedaron retratados y pretendían elevar a real lo que no era verdad; convertir unas naves de Intermarché en una plata de montaje de coches deportivos que Andalucía y Cataluña rechazaron por la opacidad del proyecto y por el currículum policial y judicial de sus iniciáticos promotores, como ELPLURAL.COM publicó en mayo de 2015. Publicaciones que ahora recoge el Gobierno del socialista Emiliano García-Page, anunciado que los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades estudiarán “rigurosamente” si la empresa Gibacars y el Ayuntamiento de Almansa han podido cometer “un posible fraude o estafa contra la Administración regional”, ha asegurado esta semana su Portavoz, Nacho Hernando, que no debe pasar por alto que miembros del Gobierno municipal del PP de esta localidad tenían (o tienen) intereses directos o indirectos en Gibacars, como es el caso del concejal de Urbanismo y Primer Teniente de Alcalde, Javier Sánchez Roselló, cuya madre, Isabel Roselló, es (o era) consultora y socia de Giba, matriz de Gibacars. Hay tajo para investigar.

Nos quisieron “colgar del palo mayor”
Cuando ELPLURAL.COM ejerció un periodismo libre y contrastado y denunció en varias crónicas el tufo que desprendía el proyecto, el PP, el Gobierno de Cospedal y el alcalde de Almansa y presidente entonces de la Diputación de Albacete, que ahora pretende irse de rositas, centraron sus iras contra nuestro periódico, intentando amedrentarnos con querellas y con insultos y amenazas personales al que firma esta información. El alcalde, Francisco Núñez, obtuvo la mayoría absoluta gracias, en parte, a este proyecto que sus nuevos dueños rechazan y anuncian que abandonan la localidad para centrarse en Cataluña, dejando en la cuneta los sueños y las promesas de miles de personas que creyeron en un plan irrealizable y que tiene a Francisco Núñez, alcalde y diputado regional también en la actualidad, como máximo responsable por mucho que ahora se esconda e insista en culpar al Gobierno de Castilla La Mancha de este fracaso anunciado, que muy pocos en Albacete, sobre todo los sindicatos, se atrevieron a denunciar por miedo a la crítica social, entusiasmada como estaba con lo que luego fue una “estafa” masiva, como así lo sospechan ahora los servicios jurídicos de Fuensalida, sede toledana del Ejecutivo autonómico.