Varios de los socios del Gobierno de coalición (ERC, JuntsxCat, CUP, PdeCat, EH-Bildu y BNG) han registrado una lista conjunta de enmiendas al Proyecto de Ley de Memoria Democrática. Una de ellas, plantea la “supresión” del título de rey a Felipe VI, así como los privilegios que derivan del cargo, pues consideran que el origen de la Jefatura del Estado es ilegal al haber recibido tal designio del régimen franquista.

Según la propuesta de las distintas formaciones que han rubricado esta terna de sugerencias, el articulado sobre Memoria Democrática debiera integrar una disposición adicional que rezaría así: “De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41, se suprime el título de Rey de España, así como todos los privilegios y prerrogativas personales y familiares que del mismo se derivan”.

Para justificar esta iniciativa, el documento recuerda que “la Monarquía en el Estado español tiene su origen en la dictadura franquista”: “En la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947 se estableció que el Estado español volvía a ser un reino y que el Jefe del Estado, Franco, ‘podrá proponer en las Cortes la persona que estime deba ser llamada en su día a sucederle, a título de Rey o Regente”.

Así las cosas, y amparándose en este precepto, el Caudillo encargó el 22 de julio de 1969 a Juan Carlos de Borbón la tarea de recoger su testigo en calidad de sucesor con el título “Príncipe de España”, que conservó hasta convertirse él mismo en monarca tras la muerte del dictador.

La enmienda recuerda lo que Juan Carlos dijo en su juramente de lealtad al Caudillo y a los principios del Movimiento: “Quiero expresar en primer lugar, que recibo de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936, en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios, para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino”.

“Queda claro, pues, que la restauración de la Monarquía del Estado español se produjo dentro del mismo régimen franquista”, razona. Y añade: “Tanto la forma de Estado, su jefatura y sistema constitucional se sometieron a una sola consulta por vía de referéndum”, lo cual 2polarizaba el debate entre seguir con una dictadura absoluta o con una suerte de sistema nuevo denominado ‘monarquía parlamentaria’”.

Cabe recordar que el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez -fallecido en 2014- confesó ante Victoria Prego en un off the record que luego vería la luz que no sometió a referéndum la Corona porque sus estudios internos garantizaban la derrota. "Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república..., hacíamos encuestas y perdíamos", dijo. La solución para que esta consulta no se realizara fue meter "la palabra rey y la palabra monarquía en la ley" de la Reforma Política de 1977. De esta manera, "dije que había sido sometido a referéndum ya", explica. Poniendo monarquía en la ley, se aseguró la permanencia de la institución. 

En te sentido, la enmienda censura que “nunca se permitió que la ciudadanía votase de forma efectiva por la forma de Estado preferida”. Asimismo, “cabe decir que este hecho histórico es más bien poco compatible con los principios de un sistema democrático como el que se decía querer implantar”; por lo que “debería revisarse su fundamento”.

Otras modificaciones

Modificaciones sobre la Ley de amnistía del 77:

"Sin estas modificaciones se continúa perpetuando la impunidad sobre los crímenes del franquismo y los crímenes de lesa humanidad. La preeminencia de la verdad y el derecho a que se haga justicia efectiva ha forzado a instituciones y familias a abrir procesos penales en otros países a tenor de la imposibilidad de hacerlo en territorio del Estado".

Sobre el reconocimiento de la persecución cultural y lingüística:

"Durante el franquismo se intentó la armonización identitaria prohibiendo la enseñanza en lengua que no fuera la castellana, así como las publicaciones y su uso en cualquier situación. El Estado debe reconocer y reparar el daño causado a la cultura por motivos políticos durante el régimen".

Sobre las reclamaciones patrimoniales de los ateneos y asociaciones:

"Durante la guerra y la posterior dictadura el régimen incautó bienes y patrimonio de los ateneos y asociaciones culturales y otras personalidades jurídicas. Debe, pues, establecerse un mecanismo para el reconocimiento y reparación del espolio al que fueron sometidas tales instituciones"

En relación con la devolución de la titularidad y musealización de edificios emblemáticos y símbolos de la lucha antifranquista:

"En concreto se propone la restitución de la titularidad de las dependencias de la Prefectura superior de policía de Via Laietana de Barcelona a la Generalitat de Catalunya así como el Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de Donostia".