Pancarta sobre el Puente de San Pablo en Cuenca como protesta por el ATC



Mazazo sin miramientos de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, contra su “enemiga íntima”, la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, que ha visto como su hombre en Enresa, la empresa estatal encargada de la multimillonaria construcción del basurero nuclear en la localidad conquense de Villar de Cañas, Francisco Gil Ortega, ha tenido que dimitir de su Presidencia por las serias dudas sobre su gestión al frente de este organismo dependiente del Ministerio de Industria, cuyo titular, José Manuel Soria, no es precisamente un “sorayo”. Aunque apercibido durante meses se ha dado cuenta por fin del excesivo intervencionismo de Cospedal en la construcción del llamado Almacén Temporal Centralizado (ATC), dejando caer al máximo responsable de la ATC cuyo cese se ha vendido como “una dimisión por asuntos personales”, “pero conociendo” al exalcalde de Ciudad Real, exdiputado regional del PP por esta provincia y máxima persona de confianza de la presidenta castellano-manchega, “no renunciaría así como así a un sueldo de 100.000 euros al año”, reconoce a ELPLURAL.COM un compañero de partido.

El Gobierno toma precauciones
Las reacciones al cese/dimisión de Gil Ortega no se han hecho esperar. Así, la portavoz del PSOE en Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, señalaba a este periódico que la dimisión del presidente de Enresa pone de manifiesto que “la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría no comparte las prisas que tiene Cospedal por dejar adjudicado antes de las elecciones autonómicas el millonario negocio del ATC en Villar de Cañas”. Maestre recordaba también que, “hace apenas tres días el Ministerio de Industria no quería dar el visto bueno a la adjudicación de la obra principal del basurero nuclear hasta que no se aclaren las dudas que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tiene sobre la idoneidad de los terrenos elegidos”. La portavoz proseguía asegurando que “frente a esa posición responsable, está la de Cospedal y su hombre en Enresa, Gil Ortega, que tenían todas las prisas del mundo por dejar atado y bien atado este inmenso negocio antes de las elecciones de mayo”.

“Prisas sospechosas” de Cospedal
La dirigente socialista mostraba su satisfacción porque se hayan impuesto las tesis de la vicepresidenta y del ministro Soria “frente a las prisas sospechosas y un tanto incomprensibles de Cospedal y Gil Ortega”, a la vez que recordaba la posición inquebrantable de su partido: “Siempre hemos dicho que no queremos en nuestra tierra lo que no quiere nadie en España y que, además, creemos que Villar de Cañas no es, ni de lejos, el emplazamiento ideal del ATC atendiendo a criterios estrictamente técnicos”. Frente a eso, ha criticado “la incoherencia y la mentira de Cospedal, que ha pasado de jurar que no quería el ATC en ninguna provincia de Castilla-La Mancha, a venderlo ahora como si fuera a venir a Cuenca Eurodisney”.

Seria advertencia de los ecologistas
Así las cosas, Sáenz de Santamaría ha conseguido convencer a Mariano Rajoy sobre las fundadas dudas  acerca de esta polémica construcción, donde un determinado grupo empresarial pretende hacer el negocio del siglo, máxime después de que este lunes Ecologistas en Acción anunciara acciones legales para frenar “una maniobra con tintes de prevaricación”, señalaban, catalogando de “temerario e ilegal” el inicio de las obras hasta tanto en cuanto no hubiera autorización expresa del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que desde el principio no ha tenido nada claro la idoneidad de la ubicación del cementerio radiactivo.

Gil Ortega (tercero por la derecha), en compañía de Cospedal y Soria en los terrenos donde supuestamente se construirá el basurero nuclear.



Ceses y enfrentamientos por las obras
Oposición a las obras no solo mostrada por el PSOE, ecologistas y el CSN, también por destacados miembros de Enresa, que fueron cesados por el hasta el martes presidente del organismo y hombre de Cospedal. Así, sabemos que Gil Ortega se deshizo de su director de Administración, Eugenio Alejandre, y con anterioridad del responsable jurídico, Jesús Moreno Vivas, dos pesos pesados de la empresa estatal que se negaron a aceptar las descabelladas propuestas de su presidente, o a refrendar determinadas cuentas de tarjetas de crédito. El expresidente de Enresa también estaba enfrentado al consejero delegado, Adolfo Cazorla Montero, un “sorayo” pata negra cuya función no era otra que “atar en corto al neófito hombre de Cospedal”, subrayan a esta redacción fuentes de la empresa.

La pésima gestión de Gil Ortega
Sea como sea, el ya expresidente de Enresa no pasará a la historia de la empresa por su gestión. Todo lo contrario: Se le recordará por fichar a polémicos profesionales, como al periodista ultra Carlos Dávila al frente de la comunicación, o por la sospechosa utilización de su tarjeta de crédito y gastos sin justificar, además de depender en exceso de las decisiones tomadas desde el Palacio de Fuensalida, sede toledana del Gobierno presidido por Cospedal. Ambos iban a controlar un presupuesto de mil millones de euros, lo que suponía la principal obra civil llevada a cabo en España en los últimos años. De ahí que la presidenta de Castilla-La Mancha urgiera a Enresa a contratar antes de las elecciones autonómicas (24 de mayo) las obras sin los preceptivos e ineludibles permisos que garantizaran su legalidad. A Cospedal, “el átomo” le ha salido por la culata.