La pasada semana Unidos Podemos solicitó a Pedro Sánchez la creación de una comisión para investigar las grabaciones en las que Corinna zu Sayn-Wittgenstein desvela los sombríos y opacos negocios del rey Juan Carlos I en el extranjero. El presidente del Gobierno ha respondido a la petición de Alberto Garzón instándole a trabajar desde la comisión de los gastos reservados (extinta comisión de secretos oficiales), y tras las explicaciones del director del CNI, Félix Sanz Roldán.
"El Parlamento se dota de sus comisiones, tiene una de gastos reservados, y esperamos a las aclaraciones del director general del CNI y, a partir de ahí, actuaremos. Luego veremos el proceder", ha argumentado Pedro Sánchez durante su comparecencia ante el Congreso de los Diputados.
Los negocios de su majestad
Corinna relató que el rey emérito estaría utilizándola como testaferro con el objetivo de ocultar patrimonio y propiedades en el extranjero. Según unas grabaciones desveladas por El Español, y Okdiario, la alemana se lo confesó al polémico comisario José Manuel Villarejo en una reunión que mantuvieron en Londres en el año 2015 y que fue facilitada por el empresario Juan Villalonga, que también estuvo presente en la cita. Corinna asegura que Juan Carlos I habría desviado parte de su patrimonio, poniéndolo a su nombre a sus espaldas: “No lo ha hecho porque me quiera mucho, sino porque reside en Mónaco”.
En las grabaciones, la examiga del rey emérito también cuenta que Juan Carlos I recibió una comisión de los 100 millones de euros del proyecto del tren de alta velocidad a La Meca; y aseguró que tiene cuentas en Suiza a nombre de su primo Álvaro Orleans de Borbón.
Las acusaciones vertidas han provocado un auténtico movimiento de placas tectónicas. La Audiencia Nacional ya tiene en su poder las grabaciones y deberá dilucidar si acusa a Corinna de blanqueo de capitales. La cuestión es si también puede investigar a Juan Carlos I.
