Pocos son los partidos políticos que se han pronunciado sobre las grabaciones en las que Corinna zu Sayn-Wittgenstein desvela los sombríos y opacos negocios del rey Juan Carlos I en el extranjero. Unidos Podemos pertenece a esta lista exclusiva y, de hecho, ya ha actuado en consecuencia. Alberto Garzón ya anunció que su grupo estaba preparando una batería de iniciativas parlamentarias a fin de dilucidar cómo se está actuando desde las distintas instituciones y que se informe de ello al Parlamento.

Para empezar, el coordinador federal de Izquierda Unida ha solicitado que que se convoque la Diputación Permanente del Congreso, que regula la actividad de la Cámara entre periodos ordinarios de sesiones, para llamar a comparecer en la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados (conocida coloquialmente como Comisión de Secretos Oficiales) al director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán para que explique “las supuestas amenazas que él mismo habría efectuado en el Hotel Connaught de Londres tanto sobre Corinna zu Sayn-Wittgenstein como de sus hijos, así como las dos posibles operaciones de inteligencia que el CNI habría efectuado tanto en Londres como en Mónaco para sustraer a Sayn-Wittgenstein documentación comprometedora relativa a Juan Carlos de Borbón”.

Pero Garzón no se ha quedado ahí. Ha anunciado que Unidos Podemos pedirá la creación de una comisión de investigación sobre las actividades del rey emérito, quien será citado a comparecer.

Los negocios de su majestad

Corinna relató que el rey emérito estaría utilizándola como testaferro con el objetivo de ocultar patrimonio y propiedades en el extranjero. Según unas grabaciones desveladas por El Español, y Okdiario, la alemana se lo confesó al polémico comisario José Manuel Villarejo en una reunión que mantuvieron en Londres en el año 2015 y que fue facilitada por el empresario Juan Villalonga, que también estuvo presente en la cita. Corinna asegura que Juan Carlos I habría desviado parte de su patrimonio, poniéndolo a su nombre a sus espaldas: “No lo ha hecho porque me quiera mucho, sino porque reside en Mónaco”.

En las grabaciones, la examiga del rey emérito también cuenta que Juan Carlos I recibió una comisión de los 100 millones de euros del proyecto del tren de alta velocidad a La Meca; y aseguró que tiene cuentas en Suiza a nombre de su primo Álvaro Orleans de Borbón.

Las acusaciones vertidas han provocado un auténtico movimiento de placas tectónicas. La Audiencia Nacional ya tiene en su poder las grabaciones y deberá dilucidar si acusa a Corinna de blanqueo de capitales. La cuestión es si también puede investigar a Juan Carlos I.

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En cualquier caso, ya planea sobre la figura del rey emérito la sombra de un procedimiento judicial y de un seguimiento en el Congreso de los Diputados.