Tiempo ha que Pablo Casado aterrizó en la cúpula del Partido Popular tras derrotar a Soraya Sáenz de Santamaría. Y tras reestructurar la dirección del PP, designar candidatos, y portavoces en Congreso y Senado, el líder popular ya tiene el partido dispuesto a su imagen y semejanza. Un PP con caras nuevas, pero con un patrón común que huele a añejo: la corrupción.

Casado ha optado por enarbolar un núcleo duro con salpicados por corrupción, delitos medioambientales y sobresueldos.

Para empezar, su número tres, Antonio González Terol. Tal y como ha desvelado 'ElPlural.com', el exalcalde de Boadilla del Monte y actual vicesecretario general de Política Territorial ha sido mentado recientemente en un informe de la Guardia Civil por la financiación irregular del Partido Popular en el marco de la trama Púnica.

El exsubdirector General de Operaciones de ICM (Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid), Silvano Corujo, denunció ante la Fiscalía Anticorrupción la celebración de una presunta reunión mantenida en la Asamblea de la Comunidad de Madrid entre el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y José Martínez Nicolás, consejero delegado de ICM en aquella época. A la cita también acudieron Borja Sarasola (exdiputado de la Asamblea de Madrid y exconsejero del Gobierno de González), González Terol y personal del Canal de Isabel II, según la versión del denunciante.

En un informe policial fechado a 29 de mayo de 2019 al que ha tenido acceso ElPlural.com, la Guardia Civil da por probado que dicha reunión se celebró y tuvo lugar el 7 de junio de 2012. En ella, Ignacio González dio instrucciones para obtener dinero y sanear las cuentas del partido, mermadas tras los excesos de los comicios del año 2011.

“El objeto de dicha reunión, según manifiesta el denunciante, sería la petición de un millón de euros por parte de Ignacio González a José Martínez Nicolás para ‘sanear las cuentas del Partido’ tras los comicios del año 2011”, reza el informe.

Esta información fue investigada por el Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO de la Policía Judicial de la Guardia Civil en el marco de una pieza separada de la financiación ilegal de la formación popular en las elecciones del 2011; y se mentan varios delitos: blanqueo de capitales, falsificación de documentos públicos, privados o mercantiles, cohecho, tráfico de influencias, malversación y fraude.

La conclusión del informe es que, efectivamente, tal reunión se produjo y las peticiones de González se materializaron.

La Guardia Civil investigó los registros de la Asamblea de Madrid de ese día y teniendo en cuenta la hora de la reunión, y las anotaciones del Departamento de Seguridad pone de manifiesto que “habría accedido en horario de tarde a la Asamblea personal de escolta y conductores de Vicepresidencia, así como conductores de Canal de Isabel II y del consejero de ICM”, dice la UCO.

Asimismo, las comunicaciones intervenidas del teléfono móvil de Martínez Nicolás revelaron que contactó con su conductor, “Julián”, nombre que coinciden con el de Julián Barranco, quien figura en el registro de la Asamblea. Además, los mensajes de Martínez Nicolás con Borja Sarasola confirman la reunión. “Ir al despacho de Inma”, dice Sarasola, a lo que Martínez Nicolás le responde que “estamos aquí”.

La UCO da por probado que la reunión se celebró y el objetivo era sanear unas cuentas mermadas a través de mecanismos irregulares. Sin embargo, queda en el aire si Terol, tal y como asegura Corujo, presenció los hechos.

Antonio González Terol ha negado a este periódico su presencia en ninguna reunión en la que “se haya solicitado financiación irregular para ningún partido, incluido el suyo”. “Si así hubiera sido, lo habría denunciado ante las autoridades competentes, como hice durante mi etapa como alcalde de Boadilla, en la que personé al Ayuntamiento como acusación particular”, argumenta.

Cayetana, Acebes, caja B y sobresueldos

Cayetana Álvarez de Toledo, recién nombrada portavoz en el Congreso, trabajaba en la sección de Opinión de El Mundo y como tertuliana en la Cadena COPE en el programa La Mañana, dirigido por Federico Jiménez Losantos, cuando en 2006 fue fichada como jefa de gabinete del secretario general del PP, Ángel Acebes.

El propio Acebes tuvo que declarar en la Audiencia Nacional en el marco de la trama Gürtel por la compra de las acciones de Libertad Digital con fondos de una “contabilidad ajena al circuito económico” controlada por el extesorero del PP Luis Bárcenas.

Como jefa de gabinete de Acebes llegó a percibir más de 165.000 euros en tres años, según la documentación a la que ha tenido acceso ElPlural.com. Concretamente, cobró en 2006 27.036,39 euros; en 2007 103.297,48; y en 2008 35.006,75.

Álvarez de Toledo llegó a ser portavoz adjunta en la Cámara Alta, y según su declaración de bienes y actividades relativa a la IX Legislatura, la formación bien que se lo agradeció. Buena muestra de ello son los 50.090 euros anuales que percibió del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Además de dicha retribución, tenía un solar en Argentina (550,52 euros), un Plan de pensiones del Congreso (4.162) así como varias viviendas: un apartamento en Francia, un piso en Madrid y el 50% de un apartamento en Argentina. 

Carromero, el hombre en la sombra

La figura de Ángel Carromero ocupó la primera plana en julio de 2012, cuando provocó un accidente de tráfico en La Habana el que fallecieron los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero. El joven popular fue condenado a cuatro años de cárcel (tras rebaja de tres) después de que la sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial de Granma considerara que las muertes de los cubanos fueron "consecuencia de la conducta imprudente" del dirigente de Nuevas Generaciones.

Al salir de la cárcel, el 11 de enero de 2013, el vicesecretario general de NNGG encontró acomodo inmediato en la estructura de la Administración de Madrid que controlaba el PP de Ana Botella. Primero como miembro de la Junta Municipal de Moratalaz, después en el grupo municipal popular, donde Aguirre le ha mantenido como uno de sus asesores, con un sueldo de 53.000 euros al año.

Ahora, es uno de los asesores en la sombra de José Luis Martínez-Almeida, concretamente, se le sitúa como jefe de protocolo.

David Erguido y la Púnica

David Erguido, jefe de gabinete de José Luis Martínez-Almeida y diputado en la Asamblea de Madrid entre otros cargos, fue acusado por la Guardia Civil de delitos en su etapa como primer teniente de alcalde y concejal de festejos en Algete. Concretamente, fue señalado por adjudicar hasta 1,5 millones de euros a compañías de la trama Púnica. En un informe, la Unidad Central Operativa (UCO) le acusa de “delitos de malversación de fondos públicos” por 16 facturas hinchadas para “desviar 78.846 euros de las arcas públicas del Ayuntamiento”. Incluso, la presunta trama le regaló una actuación con cuatro mariachis.

Tras ejercer como asesor técnico de Presidencia en el Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, se erigió como asesor del entonces portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida. Pero eso era de cara a la galería. A nivel interno, tal y como desveló ElPlural.com, Erguido era asesor de Casado, que por entonces era vicesecretario de Comunicación. Un trabajo que no estaba mal pagado, ya que cobraba la friolera de 71.928,58 euros.

Por otro lado, está, Susana Pérez Quislant, vocal en el Consejo de Alcaldes del PP. Quislant es la actual alcaldesa de Pozuelo de Alarcón y está imputada, junto a otras 10 personas, de un delito contra el medio ambiente por los vertidos fecales de la depuradora del área de Humera. En otras palabras, la última maniobra de Casado para rearmarse de cara a 2019 está marcada por imputaciones.

Uno de los rostros más reconocibles es Pío García-Escudero, actual presidente del Senado, quien admitió ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en 2013 que recibió sobresueldos de 700.000 pesetas (unos 4.200 euros) entre los años 1999 y 2003 como coordinador de organización del partido y en concepto de gastos de representación, todo ello aparte de su sueldo como senador por designación autonómica. El montante total ascendía a los 58.899 euros al año.

El presidente de la Cámara Alta declaró en calidad de testigo en el marco del caso Gürtel justo después de Mariano Rajoy. Aseguró no estar al tanto de la gestión económica, a pesar de que el cabecilla de la trama, Francisco Correa, le señaló como uno de sus principales contactos dentro de la formación.