Este fin de semana ELPLURAL.COM informaba acerca de las cuatro opciones que tenía el magistrado del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, sobre la supuesta mordida de 200.000 euros que la empresa Sacyr habría pagado al PP de Castilla-La Mancha para financiar la campaña electoral de María Dolores Cospedal en 2007 a cambio de la concesión del servicio de recogida de basuras de Toledo, según denunció el extesorero del partido, Luis Bárcenas, en sede judicial. Este lunes, Ruz ha decidido inhibirse a favor de los juzgados toledanos para que investiguen la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa en la citada concesión, según recoge el auto al que ha tenido acceso este periódico (ver auto, página 178).

Falta de elementos indiciarios…
El todavía juez de la Audiencia Nacional hace suya la petición del fiscal anticorrupción, Antonio Romeral, que como informábamos este fin de semana recientemente ha salido en defensa de María Dolores Cospedal y de su mano derecha, Vicente Tirado, pidiendo a Ruz que se inhibiera y enviara sus pesquisas a los tribunales ordinarios de Toledo, al no hallar razones jurídicas para establecer una vinculación entre la entrega del dinero y la adjudicación a Sacyr de la recogida de basuras de Toledo. Ruz entiende que “en el momento presente” no existen “elementos indiciarios suficientes” para proceder contra personas aforadas (en referencia a Cospedal y Tirado), por lo que descarta enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, si bien los juzgados toledanos sí podrían apreciar esos “elementos” y remitir al Alto Tribunal manchego la causa.

…Pero sí delitos de prevaricación
Sin embargo, y a pesar de esta inesperada decisión, ya que todo apuntaba a que Ruz enviaría al TSJCM la supuesta mordida, el juez sí aprecia en los  pagos de Sufi supuestos delitos de prevaricación. O lo que es lo mismo, el que volverá dentro de unos días a su juzgado de Móstoles cree que la concesión del servicio de basuras a la filial de Sacyr sí tiene recorrido judicial, de ahí que abra pieza separada y mantenga la imputación del gerente del PP castellano-manchego, José Ángel Cañas; del alcalde “popular” de Toledo y de su vicealcalde en 2007, José Manuel Molina y Lamberto García Pineda, respectivamente. Aunque será al juzgado que corresponda la causa el encargado de mantener las imputaciones.

Ruz acredita la entrega de los 200.000 euros…
Sin embargo, Ruz tiene claro que la “presente instrucción permite tener por indiciariamente acreditadas las entregas de dinero en efectivo por un total de 200.000 euros efectuadas por Luis Bárcenas al gerente regional del PP de Castilla-La Mancha, el imputado José Ángel Cañas, el 12 de febrero de 2007 y el 28 de marzo de 2007 por haber sido las mismas documentadas en el recibo manuscrito por el mismo”, dice el auto recogido por Europa Press, al mismo tiempo que destaca las “vaguedades, inconsistencias e incoherencias” en las que incurrió Cañas en la declaración exculpatoria que prestó en su comparecencia judicial sin ofrecer una “explicación lógica y racional” a estos hechos.

…Señala a los altos cargos del PP…
 En su auto recuerda que el receptor del dinero, José Ángel Cañas, ocupaba (y ocupa) la gerencia regional del PP de Castilla-La Mancha, siendo el tesorero regional en la época el imputado Lamberto García, quien tuvo una “participación decisiva en todas las fases del expediente de contratación, al haber presidido la Mesa de Contratación y haber representado al Ayuntamiento en la firma del Protocolo con SUFI y el Comité de Empresa en la fase de ejecución del contrato, formando también parte de la Junta de Gobierno del 23 de mayo de 2007 que ratifica el contenido del protocolo”, subraya.

…Constata “irregularidades y anomalías”…
No solo eso, Pablo Ruz repasa, según la agencia, todas las diligencias de investigación practicadas hasta el momento que han constatado las “irregularidades” y “anomalías” que rodearon a la fase de iniciación y ejecución de este expediente público. “No se aportó justificación de la elección del procedimiento de contratación elegida ni se motivó su necesidad, y tampoco se aportó un certificado de insuficiencia de medios que justificaran la contratación", enumera, entre otras deficiencias.

…Y aún así “olvida” llamar a declarar a Tirado
Por todo esto, en las investigaciones realizadas por Ruz ha llamado la atención entre los abogados acreditados en la causa, que el juez no haya llamado a declarar como testigo al que en ese momento era el coordinador de servicios del Ayuntamiento de Toledo y actual presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, y que siempre según las declaraciones de Luis Bárcenas medió en la supuesta mordida de los 200.000 euros. Sin embargo, sí llamó a declarar como testigo al actual alcalde, el socialista Emiliano García-Page, aforado al igual que Tirado por su condición de senador autonómico.

Cuatro opciones y una decisión salomónica
No cabe duda, Pablo Ruz no ha querido ahondar más en la “herida judicial”  que tiene atenazada a la cúpula del Partido Popular, que este lunes también ha dictado un auto por el que transforma las actuaciones sobre la contabilidad B del PP en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento. El magistrado tenía, además de la opción de incoar una pieza separada sobre el contrato de basuras y enviarla a Toledo, como así ha hecho,  la posibilidad de remitir la misma causa al Tribunal Superior de la región, cuya competencia recaería sobre la Sala Civil y Penal presidida por Vicente Rouco, archivar la causa, o dejar como herencia a su sucesor, José de la Mata, la última decisión. Al final ha decidido adoptar una postura salomónica que le evita grandes críticas del PP manchego y alabanzas del PSOE, partido que, eso sí, mantendrá viva la supuesta mordida de los 200.000 euros, dinero que Cospedal reconoció haber recibido del partido pero que, hoy por hoy, todavía no ha justificado a través de asiento contable ni resguardo bancario alguno.