¡Vaya semanita! le espera al todavía titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. Después de concluir la instrucción el pasado día 4 de la primera época del Caso Gürtel (1999-2005) y sentar en el banquillo a 40 acusados, todos ellos relacionados con el PP, formación que también está imputada, ahora, y después de 40 meses al frente de este hervidero judicial, el magistrado impasible tendrá que resolver uno de los dilemas que más preocupa a Génova por estar su número dos, María Dolores Cospedal, implicada directamente en el asunto, como es la investigación de la supuesta mordida de 200.000 euros entregada por Sacyr al partido de la gaviota en Castilla-La Mancha para financiar la campaña electoral de su candidata (Cospedal) en los comicios autonómicos de 2007 a cambio de la concesión del servicio de recogida de basuras de Toledo, según denunció en sede judicial el extesorero del Partido Popular y hoy también procesado junto a sus antecesores en el cargo (Sanchís y Lapuerta), Luis Bárcenas, quien aportó el famoso recibí para demostrar la entrega del dinero al gerente del partido castellano-manchego presidido también por la secretaria general de los conservadores. (Ver recibí).




Las cuatro disyuntivas de la mordida

Pablo Ruz tiene todavía por delante lo que queda de mes de marzo antes de volver al Juzgado Nº 4 de Móstoles, tiempo aún con firma reconocida hasta que llegue su sustituto tras las vacaciones de Semana Santa y se haga cargo de todos los asuntos. Siete días para decidir abrir pieza separada y enviarla al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, o bien para seguir los deseos del fiscal y remitir a los juzgados ordinarios de Toledo el caso, o en su defecto archivar el mismo, o no hacer nada y cruzarse de brazos y dejar que el nuevo titular del 5, José de la Mata, decida por cuál de las opciones se decanta.

Opción 1: Tribunal Superior de Justicia de CLM
Es la opción que más le gusta a Ruz, y no por capricho personal. No. El juez no ha estado un año y medio investigando la supuesta mordida de los 200.000 euros para decidir ahora tirar todo por la borda. De ahí sus posibles intenciones de abrir pieza separada y enviarla al Tribunal Superior de Justicia de Catilla-La Mancha (TSJCM) por ser éste el competente para juzgar a aforados, ya que Ruz pediría la posible imputación, al menos, del actual presidente de las Cortes y secretario general del PP castellano-manchego, Vicente Tirado, cuyo nombre aparece en varias ocasiones en la declaración de Luis Bárcenas ante el titular de Juzgado Nº 5. De ser así, la sala encargada de admitir o no a trámite y posteriormente de juzgar los hechos sería la presidida por Vicente Rouco, presidente a su vez del TSJCM y amigo de Cospedal, mencionada también por el extesorero en este turbio asunto, por lo que tampoco se podría descartar su imputación.

Opción 2: Juzgados ordinarios de Toledo
Contra la opción primera se encuentra el fiscal anticorrupción, Antonio Romeral, que recientemente ha salido en defensa de Cospedal y Tirado pidiendo a Ruz que se inhiba y envíe sus pesquisas a los tribunales ordinarios de Toledo, cuya Audiencia Provincial está presidida también por un amigo de la secretaria general del PP, uno de los pocos testigos de su boda con el empresario Ignacio López del Hierro. El fiscal asegura no hallar razones jurídicas para establecer una vinculación entre la entrega del dinero y la adjudicación a Sacyr de la recogida de basuras de Toledo.

Opción 3: Archivar la investigación
Llegados a este punto, y sin que hasta la fecha se haya aclarado la procedencia de los 200.000 euros que, eso sí, todo el PP de Castilla-La Mancha, incluida Cospedal, acepta haber recibido, Ruz puede archivar las investigaciones, aunque sea de forma temporal, y dar alas a la presidenta de Castilla-La Mancha y candidata a revalidar el cargo en las elecciones del 24 de mayo. De ser así, los “populares” saldrían en tromba y recrearían en Toledo y Madrid la “noche de los cristales rotos”, sin dejar títere con cabeza, sobre todo entre las filas socialistas, muy críticas con la supuesta mordida, como no podía ser de otra forma.

Opción 4: No hacer nada
Finalmente, Pablo Ruz puede dedicar esta semana a recoger sus cosas y empaquetarlas en abultadas cajas de cartón para el día de su jubilación tener material suficiente y escribir unas curiosas, pero ya en esa época inservibles memorias de los 40 meses más trepidantes que un juez haya tenido en su vida profesional. O lo que es lo mismo, Ruz puede dejar que el nuevo titular del Juzgado Nº 5, José de la Mata Amaya, se coma el sapo de la supuesta mordida de los 200.000 euros y que decida él por alguna de las tres opciones previstas. Por si acaso, el Gobierno ya ha comenzado su campaña de intimidación y ha enviado a través del ministro de Justicia unos cuantos “recaditos” al nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional.

La verdad de los 200.000 euros
Sea como sea, la verdad, los entresijos y los secretos palaciegos que se cuentan entre bastidores sobre la historia de la supuesta mordida de los 200.000 euros está ahí, imborrable. Nadie podrá negar que el gerente del PP, José Ángel Cañas, firmó el documento que acreditaba haber recibido esa cantidad, no desmentida por Cospedal, quien dijo que ese montante procedía de las arcas de Génova y que iba destinado a su precampaña electoral. Sin embargo, no existe asiento contable ni bancario en Madrid o en Toledo que acredite la emisión y la recepción de esa cantidad. Es incontestable también que el coordinador de servicios del Ayuntamiento de Toledo en esa época era Vicente Tirado, supuesto mullidor de la mordida, según Bárcenas; el tesorero de Cospedal era el vicealcalde y presidente de la mesa de contratación que adjudicó a Sacyr el servicio de recogida de basuras, Lamberto García Pineda, y no el alcalde de la ciudad, como debería ser por la importancia de la concesión, cerca de 63 millones de euros. Si a todo esto le añadimos el informe de la Inspección General del Estado (IGAE), que cataloga la concesión de todo menos de bonita (ver informe), entonces, nos encontramos ante un caso judicial que pide de todo menos ser archivado en el cajón de los injustos.