La reforma de las pensiones del Gobierno se enfrenta a uno de los asaltos más importantes, el parlamentario. Este jueves, el texto se somete a debate en el Congreso de los diputados, donde se espera que salga adelante con el amplio apoyo de los socios de la investidura. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha mostrado optimista en cuanto al futuro de esta norma a la luz de las negociaciones ya que tanto los agentes sociales como el partido minoritario de la coalición han dado el visto bueno al proyecto. En frente se sitúa la derecha, que la ha criticado desde el principio junto a la patronal, la Airef y el Partido Popular. Los de Alberto Núñez Feijóo están más cerca del "no" en medio de constantes embistes contra el Ejecutivo. Con todo, esto no será suficiente para hacer caer la modificación legislativa en pro de la mejora de los derechos de los pensionistas y la sostenibilidad del sistema público y que supone un paso fundamental para solicitar el cuarto desembolso de los fondos europeos de recuperación.
La reforma de las pensiones, a votación
Este jueves, el Pleno del Congreso tiene marcado en el orden del día el debate y la votación de la convalidación del Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones, conocido como la segunda fase de la reforma de pensiones que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez. Así, el proyecto liderado por la parte socialista de la coalición hará frente al trámite parlamentario previo a su aprobación final -que tendrá que pasar por el Senado- del que previsiblemente saldrá holgado gracias al apoyo mayoritario de los socios de la legislatura. Pero no solo ellos. Y es que la reforma cuenta con el visto bueno de los sindicatos e incluso de la Comisión Europea.
El real decreto llega así a la Cámara Baja dos semanas después del beneplácito del Consejo de ministros extraordinario celebrado tras las conversaciones entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá con las instituciones europeas y CCOO y UGT en la mesa del diálogo social. Estos consideran que la modificación mejora los ingresos de la estructura y los pensionistas así como que garantiza la suficiencia del sistema de pensiones. Mientras, la patronal ha mostrado su "oposición frontal" a unos cambios que tildan de "impuestazo al empleo" ya que conllevan mayores costes empresariales vía subida de cotizaciones, fundamentalmente para los salarios más elevados. Además, la ley incluye también cambios en el periodo de cómputo, que finalmente se ha encajado -previa fricción con las partes negociadoras- con una fórmula dual que permitirá elegir entre los 25 años vigentes o ir ampliando progresivamente hasta 29 pudiendo descartar los dos periodos peores.
Los socios, a favor
Esta salida hacia delante permitió desbloquear el que era uno de los escollos principales para Unidas Podemos fundamentalmente pero también para los socios y los sindicatos, que se oponían a ampliar los años de valoración. Este acuerdo ha terminado convenciendo a los morados y los agentes sociales, lo que ha allanado el camino para que se sumaran al "sí" otros socios, como ERC o EH Bildu. De hecho, el bloque de izquierda valoró positivamente las medidas contempladas en la norma en el seno del Pacto de Toledo, aunque con distintos matices. En concreto, prácticamente todos pusieron el foco en posibles mejoras.
EH Bildu ya ha avanzado su apoyo a cambio de un acuerdo para subir las pensiones mínimas de viudedad entre 2024 y 2027 -un 17% para las individuales y un 30% para la modalidad con cargas familiares- y equipararlas a las mínimas contributivas. "Va en la buena dirección, esquiva los recortes y supone una rectificación sobre lo que se planteaba hasta el momento", ha sostenido en las últimas semanas su portavoz, Mertxe Aizpurua. Por su parte, y a petición del PDeCAT, el Ejecutivo ha acordado un elemento adicional de progresividad para que la cuota de solidaridad de los salarios más altos contribuyan al sistema.
Desde el PNV, por su parte, son más reacios. Aunque han descartado el "no" ya han puntualizado que algunas medidas "ponen en cuestión la contributividad del sistema", en referencia a la cuota de solidaridad y el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI). Junto a revisar esto, han solicitado al Ejecutivo especial atención a sus compromisos con las cooperativas. Mientras, en ERC celebran la base del texto así como el proceso "discreto" de negociación. "Nos parece bien, hay que seguir hablando. No pinta mal. Veremos", ha sostenido su portavoz Gabriel Rufián, quien considera el pacto "efectivo" dado que "se aumentan ingresos, se reparan lagunas de cotización que sobre todo afectan a mujeres", por lo que ataja la "brecha de género". Este martes los catalanes han ahondado más en los acuerdos que han alcanzado con el Ejecutivo y han anunciado la ampliación de estos al incremento de las prestaciones para mujeres por baja de maternidad o reducción de jornada por el mismo motivo hasta el 100%.
En cuanto a Unidas Podemos, muestran su "orgullo" por una reforma que es una "buena noticia" y que "hace más sostenible el sistema". "Hemos llegado a un acuerdo histórico", ha dicho en los últimos días Pablo Echenique, que ha adoptado como suyo el proyecto como parte de la coalición. Para Compromís también "va en el buen camino" mientras a Más País "no le suena mal". Unas posturas que les acercan al sí definitivo a la norma pero que, sin embargo, no comparten los grupos de la derecha, que han criticado el plan desde el primer anuncio a pesar de garantizar la sostenibilidad del sistema.
La derecha, en contra
El Partido Popular a la cabeza, junto a Vox y Ciudadanos, avisan de un "colapso" a medio y largo plazo, y consideran que "no es positivo". Especialmente apocalípticos son los naranjas, que advierten directamente de una suerte de estafa. "Agrandan las pensiones cuando la natalidad cada vez es más baja. Están estafando a los españoles, todo el mundo lo sabe", ha manifestado su portavoz, Inés Arrimadas. En Vox, por su parte, consideran el texto de Escrivá "un atraco adicional" a los trabajadores, autónomos y creadores de empleo con el objetivo de "sufragar un modelo" basado en los "chiringuitos" de los políticos, según Iván Espinosa de los Monteros. Más sangrante ha sido el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, quien ha insistido en los últimos días en dedicar duras críticas a una reforma que -dice- pospone hasta 2025 las "cuentas" sobre el "agujero" de las pensiones.
Desde Bruselas, Feijóo también apuntó la pasada semana que el Gobierno está haciendo "exactamente lo contrario" que Emmanuel Macron en Francia. "Seguro que uno de los dos se equivoca", afirmó. Unos ataques que han proseguido este mismo lunes, cuando el presidente popular ha tildado de "amnésico" a Escrivá bajo el argumento de que hace tres años, cuando estaba al frente de la Autoridad Fiscal Independiente (Airef), defendía lo mismo que dice ahora el PP, el Banco de España y la propia Airef. "Se ha realizado sin transparencia ni consenso (...) Castiga a los trabajadores y penaliza el crecimiento y la creación de empleo", ha sostenido al tiempo que ha afirmado que supone "una hipoteca para las nuevas generaciones de españoles y no garantiza la sostenibilidad a largo plazo", ha dicho durante la presentación de la conferencia del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez.
El PP de Feijóo, en el 'no'
Entre crítica y dardo, y a solo unos días de la votación, el PP todavía se dirime entre oponerse o la abstención, aunque se encuentran más cerca del "no". Sí aseguran que en ningún caso apoyarán la ley de Escrivá y tampoco está previsto que Feijóo vaya a presentar en estos días un proyecto alternativo que justifique su rechazo.
"Dado que en las últimas horas el Gobierno sigue sin facilitar la información requerida de la reforma de las pensiones, el responsable del PP en esta materia llamará oficialmente a su interlocutor para volver a pedírsela", han informado fuentes del PP a última hora de este lunes, añadiendo que no comprenden que "se les niegue el acceso a todos los datos y análisis económicos y financieros que han fundamentado esta reforma" y que no van a apoyar la reforma basándose únicamente en el power point que dio a conocer el Gobierno.
"Como tampoco compartimos la forma de una reforma que no ha sido pactada con los agentes sociales y económicos y que además ha sido decidida fuera del Pacto de Toledo, de no recibir en la mañana de mañana justificación técnica y documentada, el PP votará en contra de la propuesta", han sentenciado dichas fuentes.
Precisamente este baile en la incertidumbre y la falta de propuestas ha sido afeado por los sindicatos. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha exigido al gallego que aclare antes de las elecciones "qué es lo que piensa hacer con el sistema de pensiones" en caso de que se convierta en presidente del Ejecutivo toda vez que su partido se opone a la modificación. "Los españoles tenemos derecho a saber", ha afirmado Álvarez en declaraciones a los medios. Además, ha apuntado que "la Comisión Europea le ha dado un cierto portazo al señor Feijóo" al celebrar el plan del Gobierno.
Criticas a la Airef
También la patronal y la Airef se han mostrado contrarias. A esta última ha dedicado un fuerte dardo el ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, quien también ha criticado al PP por decir que en la reforma de las pensiones "las cuentas no cuadran". Tal y como ha asegurado este lunes en una entrevista en RNE, la reforma impulsada por Escrivá, muy cercana a las demandas de Unidas Podemos, "ha pillado con el pie cambiado a mucha gente", porque "es difícil decir que las cuentas no cuadran cuando los funcionarios más cualificados de Bruselas la han certificado".
Así, Garzón ha defendido el "cambio de paradigma" que dice supone llevar a cabo esta modificación no en el sentido de "recortar gastos" sino de "subir ingresos" y ha atribuido los recelos y críticas a "una cuestión puramente ideológica". Un argumento que ha extendido incluso a la Airef, de la que ha cuestionado sus intereses. "No se trata de independencia, se trata de imparcialidad", ha puntualizado sobre esta institución. En cuanto a las críticas por parte de supuestos expertos, el ministro también ha sostenido que "ningún economista es imparcial", ya que "la economía está sujeta a sesgos" y "las instituciones han mostrado siempre el mismo modelo de cálculo", el de recortar los gastos. Pero, en todo caso, ha admitido detectar una "sobreactuación de quienes dicen que las cuentas están mal hechas".
Un paso previo a los fondos europeos
Entre tanto, el Gobierno está tranquilo. Escrivá se agarra a que el boceto ha sido negociado "a tres bandas" con los partidos, los agentes sociales y el socio de coalición por lo que confía en que va a salir adelante tras el tercer grado al que se va a someter este jueves en el Congreso. Su importancia es elevada, no solo porque supondrá una ley cumplida en el marco de su programa electoral sino que es uno de los puntos fundamentales comprometidos con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es decir, es necesario aprobar esta reforma para recibir el que será el cuarto paquete de los fondos europeos.