El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, habría presionado Instituto de Derecho Público para conseguir en tres horas un documento que avalase el máster en derecho autonómico de Cristina Cifuentes, según asegura El Confidencial este viernes. Añade que llamó al catedrático Enrique Álvarez Conde, quien firma el acta presuntamente falsificada como director del master pese a que en aquella época no figuraba oficialmente como tal. Las profesoras que firman el documento que se entregó han negado haberlo hecho. ¿Quién está detras del papel que se hizo llegar a Cifuentes y cuya investigación está ya en manos de la Fiscalía?

Cifuentes blandió ese documento como la  prueba de que había realizado el máster con un "notable", aunque desde el principio fue cuestionado al no estar compulsado por la universidad. "Seis profesores universitarios han empeñado su palabra, su prestigio y su carrera profesional de funcionarios públicos para afirmar, sin la más mínima duda, que todo el procedimiento académico en relación con el máster se llevó a cabo de acuerdo con la más absoluta legalidad, y que no hubo irregularidades", aseguró la presidenta en un comunicado. Incluso en redes sociales se partió la cara en defensa del documento:

Según El Confidencial, la mañana del día 21 de marzo en la que estalló el escándalo Cifuentes habría contactado con el rector a través de María Teresa Feito Higueruela, una asesora contratada por la Comunidad de Madrid que tiene plaza en la Rey Juan Carlos y que es muy próxima a la hermana de Cifuentes. A última hora de la mañana compareció junto al director del máster, Enrique Álvarez, y el profesor Pablo Chico de la Cámara, para defender públicamente la legalidad del título. Sin embargo, acabó abriendo una "información reservada" para investigarlo, que ha destapado que al menos dos de las firmas son falsas y ha acabado en la Fiscalía.

Ramos comparece este viernes a las 13:30 para dar a conocer detalles de la investigación que ha hecho la universidad sobre el polémico máster de Cifuentes y que ha acabado en la Fiscalía después de que la profesora Alicia López de los Mozos reconoció que no formó parte del tribunal que evaluó a la líder popular y que su firma en el acta del trabajo de fin de máster fue falsificada.