En su época como Consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo adjudicó multitud de contratos exprés que ahora están siendo investigados por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Motivo por el que el PSOE ha reclamado explicaciones este lunes al Partido Popular.

En palabras de la ministra de Educación y portavoz del partido, Pilar Alegría, califican de “gravísima” la situación en caso de que llegue a confirmarse. “Si se confirma lo que la Fiscalía parece estar analizando, estaríamos ante hechos gravísimos”, ha precisado durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Electoral y atendiendo a la información publicada por ElPlural.com.

Alegría ha sostenido desde Ferraz que el PP “llueve sobre mojado”, dado que hace días atrás también se conocieron las “colocaciones a dedo” que otorgó la secretaria general y portavoz parlamentaria en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, en La Rioja.

“El tema no da pie a la broma, pero entiendo que el PP vota en contra de la reforma laboral porque parece que con ser amigo de un dirigente del PP tenías asegurado un puesto de trabajo”, ha reprochado ante los medios de comunicación.

Hasta 3.400 contratos de interinos

Este periódico ha podido confirmar que en marzo de 2020, en los peores momento de la pandemia de coronavirus y durante el confinamiento obligatorio, esta Consejería emitió nuevas normas de contratación de personal, impulsadas por el ahora ‘número 3’ de Alberto Núñez Feijóo.

El hecho de que Anticorrupción esté investigando dichas contrataciones implica existencia de indicios. Las Diligencias de la Investigación se abrieron el pasado 6 de mayo de 2022, lo que se traduce en una triple ampliación del proceso de pesquisas para determinar si se produjo o no un delito penal por parte del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla.

Este modelo de contratación permitía que, tras la publicación de la oferta de manera oficial en la web de la Junta, se pudieran otorgar plazas interinas en la administración autonómica, es decir, funcionarios al instante, siempre que se hubiese accedido dentro del periodo de las primeras 24 horas desde su publicación.

En total, fueron 3.400 plazas las ofertadas en distintas convocatorias ya popularmente conocidas como ‘contrataciones de los vigilantes de la playa’. Posteriormente, fueron anuladas por la justicia contencioso-administrativa y por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el cual puso el acento en la vulneración de los principios “constitucionalmente consagrados” por parte del Ejecutivo de Moreno Bonilla, además de que el modelo de contratación no respetó los valores de igualdad, mérito y capacidad.

Dando un paso más al frente, cabe destacar que la Junta de Andalucía no habría realizado una revisión de oficio para cada caso, el cual es un proceso extraordinario que analiza las características particulares de cada contrato, un proceso consolidado por un dictamen del Consejo Consultivo.

El escándalo de los contratos no solo se centra en su adjudicación sino que, mirando con lupa, lo cierto es que sus especificaciones también incurrían a ciertas discriminaciones: desde motivos de género hasta de discapacidad, ya que se excluían directamente a mujeres en proceso de lactancia o embarazadas, así como enfermos crónicos o personas mayores de 60 años.

Más allá de la emergencia del covid

Y es que resulta más que notable que dichas contrataciones públicas poco guardaban de relación con la emergencia sanitaria que supuso la pandemia en sus momentos más críticos. Además de que en dichas ofertas se incluyesen plazas para médicos, enfermeros y otras especialidades relacionadas con el sector, también se ponían a disposición de los interesados trabajos de arquitectos técnicos (12 plazas) y superiores (14 plazas), ingenieros industriales (26) o de minas (10), gestión financiera (43), administrativos (204), archiveros (2), gestores de patrimonio (10), informáticos (15), ingenieros técnicos agrícola (62), trabajadores sociales (11) o veterinarios (8).

Es necesario precisar que los servicios esenciales vinieron establecidos en el Real Decreto de Emergencia del Gobierno central, pese a que en el documento publicado en la web de Empleo de la Junta no se precisaron referencias a estas plazas.

Desde el plano judicial, las denuncias de los sindicatos se multiplicaron alertando de la vulneración de los principios constitucionales, hasta que llegaron a contabilizarse cincuenta sentencias que rechazaban las contrataciones. Ejemplo es la del Contencioso Administrativo nº9 de Sevilla, a raíz de la contratación de arquitectos técnicos, que establecía que “la contratación de empleados públicos en cualquiera de sus clases debe hacerse respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, por ágil que sea el procedimiento de contratación”.

A modo de respuesta, allá por abril de 2022, Bendodo explicó que solo un 20% de los contratos salieron de la bolsa de contratación y que todos los interinos exprés concluyeron su relación laboral el 31 de diciembre de 2020. Fuentes populares indican que las explicaciones por estas adjudicaciones se dieron antes de que Anticorrupción empezarse sus pesquisas.