ElPlural.com ha podido saber en exclusiva que la investigación sobre la contratación exprés que llevó a cabo la administración pública y que ponía en el ojo del huracán al ahora vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo -a su vez portavoz del partido en la comisión de mascarillas- continúa abierta y está ampliada, al menos, hasta mayo.
Historia de una contratación exprés
Las contrataciones exprés eran el unicornio del que todo el mundo hablaba, pero nadie veía. Eran los momentos duros de la pandemia, calles vacías y persianas echadas y, de repente, algún conocido sabía de alguien que había enviado un email y había empezado a trabajar en la Junta de Andalucía.
La leyenda decía que se publicaban ofertas de trabajo en la web de Empleo de la Junta con una ventana de oportunidad de 24 horas. Si en esas horas tenías la suerte de enterarte de la convocatoria, enviabas el mail con título educativo y declaración jurada y, si encima eras de los primeros en hacerlo, te convertirías en funcionario interino.
Y la leyenda fue cierta, al menos para miles de personas y hasta que los tribunales de justicia fueron anulando y tumbando las “convocatorias exprés” que la Consejería de Presidencia y Administración Pública ideó en marzo de 2020. Al principio, todo parecía un asunto vinculado a la seguridad y normalización de la convivencia en las playas durante la pandemia.
El verano de 2020 se acercaba y una Andalucía sedienta de ingresos económicos precisaba asegurar el turismo. Así, se publicitó el Plan Playas Seguras que contaba con la contratación de 3.000 vigilantes de la playa. Era un empleo ya existente, pero no con eses volumen en las costas andaluzas. 24 millones invertiría la Junta en la contratación de los auxiliares que debían salir del grupo 5 de la bolsa contratación única.
Los vigilantes de la playa cobrarían mensualmente 1.900 euros, pero los sindicatos alzaron la voz de alarma. La bolsa única no estaba constituida y baremada y muchos menos podría sacarse de esa bolsa, con tan poco tiempo, a tres mil trabajadores. Entonces, ¿en base a qué criterios contratarán a los vigilantes?, cuestionaban.
Además, la contratación tenía la ascendencia de Elías Bendodo, el entonces portavoz y consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía. Los ayuntamientos también preguntaban por qué no podían ellos gestionar el empleo de sus playas, como era habitual, o por qué no se echaba mano del propio Servicio Andaluz de Empleo.
Pero la anomalía no se quedó en la playa y, como marea que asciende sin cesar, acabó por inundar en Sevilla un Palacio de San Telmo anegado por irregularidades de contratación. Primero fueron los sindicatos los que denunciaron la existencia de procesos de contratación que incurrían en flagrantes ilegalidades. Después asociaciones que representaban a colectivos vulnerables, después la oposición, la Fiscalía de Andalucía y, finalmente, fueron los jueces los que pararon las contrataciones exprés.
Mucho más que Covid
El modelo de contratación de emergencias sirvió para cuestiones que poco tenían que ver con la gestión sanitaria. Hubo muchas y muy diversas convocatorias, aunque las cifras bailan. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 15 de marzo que establecía el marco normativo para las contrataciones exprés aclaraba que, “finalizada la situación de emergencia se dará publicidad a las actuaciones que se hayan desarrollado”, por lo que se presuponía que la información y transparencia serían difíciles de asegurar de antemano.
Los trabajos que se ofertaban eran muy diversos, pero el sistema de personarse mediante envío de un mail dentro del plazo de 24 horas y responder a la llamada de la administración constituían la pauta común para convertirse en interino para puestos de toda índole.
Las ofertas de empleo incluían a médicos y enfermeros, claro... Pero también a arquitectos técnicos (12 plazas) y superiores (14 plazas), ingenieros industriales (26) o de minas (10), gestión financiera (43), administrativos (204), archiveros (2), gestores de patrimonio (10), informáticos (15), ingenieros técnicos agrícola (62), trabajadores sociales (11) o veterinarios (8). Recordemos que los servicios esenciales venían establecidos en el Real Decreto de emergencia del Gobierno, en este documento no había referencia alguna a veterinarios, archiveros o ingenieros de minas…
Las plazas ofertadas por esta vía podrían superar las 3.400 plazas de trabajo -el número es impreciso, ya que hubo convocatorias en las que no se explicitaba el número de puestos que se querían cubrir-.
Las denuncias de los sindicatos alertaban que se estaban vulnerando principios constitucionales, así como el Estatuto Básico del Empleado y la legislación andaluza en la materia (Ley 6/1985). Los tribunales de primera instancia fueron reaccionando paulatinamente.
Hay en torno a unas cincuenta sentencias que rechazan estas contrataciones, como la del Contencioso Administrativo nº9 de Sevilla, a raíz de la contratación de arquitectos técnicos, que establecía que “la contratación de empleados públicos en cualquiera de sus clases debe hacerse respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, por ágil que sea el procedimiento de contratación”.
La definitiva sentencia vino por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que establecía la nulidad de las contrataciones por ser contrarias “de manera radical" a las garantías legales de igualdad, mérito y competencia. La Junta de Andalucía se vio obligada a reaccionar. La Dirección General de Recursos Humanos emitió una orden para cancelar las contrataciones en febrero de 2022. La orden anulaba la antigüedad y experiencia adquirida por los trabajadores interinos exprés –aquellos que llegaron al puesto de trabajo por vía email y sin proceder de la bolsa de empleo– aunque posteriores sentencias ponen en entredicho esta carga sobre los trabajadores, ya que no fueron culpables del procedimiento por el que se les nombró trabajadores interinos.
Elías Bendodo explicaba en abril de 2022 que solo un 20 por ciento de las contrataciones realizadas había salido de la bolsa de contratación y que todos los interinos exprés habían finiquitado su relación laboral el 31 de diciembre de 2020. Aseguró que el método de contratación no fue solo en función a la entrada de emails a cada convocatoria, pero lo cierto es que no hay constancias de que hubiera ninguna otra garantía.
Fuentes populares indican que las explicaciones por estos contratos se dieron antes de que la Fiscalía empezara sus pesquisas.
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