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El nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, conformado por la derecha tras el pacto que dejó fuera de la presidencia a Susana Díaz, sigue insistiendo en su cruzada contra la educación pública. El consejero de Cs, Javier Imbroda, ha asegurado que en Andalucía “hay aulas que parecen barracones de un campamento militar de Afganistán” (en referencia a la situación de Mijas) y que con otras instalaciones “se le ha caído el alma a los pies” al recordarle a la situación de la España de “los años cuarenta”.
No es la primera vez que el delegado naranja carga contra el sistema educativo. El pasado viernes alegó que la situación era “vergonzosa”, culpando directamente al profesorado: “Hay profesionales que tienden a la baja, que flojean”. Críticas acompañadas por los aplausos de las bancadas afines, que comparten el argumento esgrimido y se suman a la causa. “Se confirma la obviedad que ya sabemos los padres andaluces”, ha apostillado Francisco Serrano, número uno de Vox en la Junta.
En esta apuesta por la educación emprendida por Ciudadanos, que encuentra similitudes a lo largo y ancho de España de la mano de dirigentes como Toni Cantó en Valencia, el objetivo, a ojos del PSOE, no es otro que defenestrar el servicio público para “echar mano del manual de la derecha” y aumentar el apoyo a la privada. Además, la portavoz socialista María Ángeles Ferriz ha acusado a sus rivales de querer convertir los servicios públicos en empresas para extraer el máximo rédito económico posible.
De esta forma, entre ataques de ida y vuelta, el conflicto se ve difuminado por los continuos reproches entre bancadas. “Camaleónicos” ha sido el término empleado para definirse mutuamente en una jornada en la que se ha podido ver la crispación de un Parlamento fragmentado por las formas empleadas.
Ana Naranjo, diputado de Andalucía, ha decidido aislarse de la disputa y pedir que el foco del debate se centre en buscar consenso y hablar de medidas concretas y no simplemente del dinero que hay que destinar a la partida educativa: 831 millones de euros a repartir en siete años ha sido la propuesta de Imbroda.
