El Partido Popular y Vox han arrancado la legislatura en la Comunidad Valenciana presentando hasta cinco leyes que tendrán consecuencias en el funcionamiento de la enseñanza obligatoria, la televisión pública, la lucha contra el fraude y las políticas de transparencia y la memoria democrática. En la misma línea que en el preacuerdo de gobierno que derecha y ultraderecha suscribieron, los socios han enmendado por completo el volumen legislativo del anterior Ejecutivo.

Estas reformas legislativas entregan a la coalición el control de la radiotelevisión pública y de la Agencia Antifraude, impulsan una ley que elimina la memoria democrática por la "concordia" y pone en marcha cambios en la enseñanza del valenciano. A su vez, los sistemas de mayorías cualificadas quedan atrás y ahora los órganos serán elegidos por mayoría absoluta.

En cuanto a los cambios a la televisión pública, la nueva norma deroga la ley de 2016, unifica la Corporación y la Sociedad, altera los órganos administrativos y paraliza por completo los procesos de selección de personal, además de ver reducido su presupuesto y de que la cantidad de contenidos en castellano aumentará.

A su vez, también cambiará el Consell Rector por un Consejo de Administración, con un presidente ejecutivo y un director general de la sociedad. Los consejeros serán ocho: siete elegidos por las Corts Valencianes, controladas por PP y Vox, y otro por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, también presidida por los conservadores. Para ser elegidos, los consejeros necesitarán ser respaldados por tres quintas partes de la Cámara en primera votación. Si no la superan, bastará con una mayoría absoluta.

A su vez, la nueva ley pondrá en marcha la creación de la sociedad anónima pública que llevará el nombre de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, consistente en una mezcla entre ambos entes anteriores, adscrita a Presidencia de la Generalitat Valenciana.

Vox, contrario a esta medida por programa

Por su parte, la ultraderecha ha reconocido que esta ley va en contra de lo que pone en su programa electoral, dado que ellos no consideran que la información sea un servicio que deba prestarse por los entes públicos. Sin embargo, han celebrado esta presentación conjunta de la mano del PP en las Corts. Cabe recordar que este partido llegó a amenazar a los trabajadores de la cadena con cerrarla. Los portavoces del partido liderado por Abascal en clave nacional han asegurado que buscarán un modelo "más austero" y que los trabajadores quedarán subrogados a esta nueva sociedad.

Vox y el PP ya intentaron con anterioridad una maniobra parecida en el debate de presupuestos, con la ley de acompañamiento. Sindicatos, agentes sociales y oposición consiguieron que el PP reculara y no siguiera adelante con ello por aquel entonces. 

A su vez, en cuanto a la ley de memoria democrática, los socios de gobierno la derogarán alegando que la consideran partidista, y han presentado una nueva que abarca "el periodo desde 1931 hasta la actualidad". Vox es el principal impulsor de esta nueva ley, y su portavoz, José María Llanos, ha avisado que se investigaría a las víctimas "del Frente Popular" y ha puesto en duda que la República Española de 1931 fuera un periodo democrático.

"Hemos considerado que tiene que ser desde 1931 para que se incluyan, y creemos que sí que existen, víctimas de la violencia revolucionaria del Frente Popular", ha justificado. Sin embargo, existe un pequeño desliz histórico en estas palabras, porque la coalición del Frente Popular fue fundada cinco años después, en 1936.

"Estamos hablando de un sistema político que unos consideran que fue una democracia y otros que hubo muchas movilizaciones y desde luego fue un golpe a un sistema democrático. Entendemos que se puede incluir. No estamos para dar una clase de historia", ha respondido Llanos al ser preguntado por el momento de fundación del Frente Popular. Por su parte, el PP no ha suscrito la afirmación del portavoz de Vox.

Esta nueva ley se extiende únicamente hasta las siete páginas, y tiene únicamente un título: "Reconocer a todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o la persecución ideológica y religiosa" de la Comunitat Valenciana en el citado espacio de tiempo.

La "libertad educativa" de la nueva ley

En cuanto al aspecto educativo de la ley, bajo el eslogan de la defensa de la "libertad educativa", pretende regular la elección de la lengua en los centros para "acabar con la imposición del valenciano". Estará completamente aplicada a partir del curso 2025-2026, aunque ya en 2024-2025 habrá medidas en vigor como la certificación "automática" de titulaciones de valenciano al superar esta asignatura. En otras palabras, los alumnos que superen la asignatura en este idioma tendrán una titulación acreditada que llegará hasta el nivel C1 si superan el bachillerato con un notable, que se reducirá a un aprobado en el resto de niveles educativos.

Según han argumentado los síndics de PP y Vox, Miguel Barrachina y José María Llanos, y el secretario del grupo 'popular', Juanfran Pérez Llorca, los padres "tendrán la libertad de elegir la lengua en la que serán educados sus hijos cuando se matriculen por primera vez". En líneas generales, es un sistema muy parecido al de la elección de líneas en castellano y valenciano.

Por último, con respecto a la Agencia Antifraude, el PP ha registrado esta iniciativa en solitario. La medida se ha planteado en pleno proceso de renovación de la Agencia y han asegurado que son las reivindicaciones de su actual director, Joan Llinares.

El PSOE señala la "involución democrática"

Por su parte, el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, ha denunciado la "involución democrática" que van a acarrear estas leyes. "Certificar el asalto en À Punt y en la Agencia Antifraude, acabar con la Memoria Democrática, socavar el valenciano en la escuela y reducir los controles frente a la corrupción", ha enumerado.

"Las declaraciones de los dirigentes del Partido Popular y VOX son más propias del NO-DO que de una sociedad moderna como la nuestra. Mazón y el PP se han rendido ante la extrema derecha y convertido en ultras orgullosos", ha añadido.

"Quieren que volvamos a nuestro peor pasado. No confían en el sistema educativo, ni en los profesores, ni en la Agencia Antifraude y dudan de la profesionalidad de los trabajadores de À punt", ha sentenciado.

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