El Partido Popular ha solicitado la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por “mentir y ocultar información” sobre la tragedia del pasado 24 de junio en Melilla. El pasado lunes Interior organizó una visita a la zona para que una comitiva de diputados que integran la comisión del Congreso pudieran conocer de primera mano lo que ocurrió, pero lejos de convencerles, avivó las dudas sobre la posibilidad de que cadáveres fenecidos en suelo español fueran trasladados por la gendarmería marroquí a su terreno.
La portavoz parlamentaria y número dos de Alberto Núñez Feijóo, Cuca Gamarra, ha lamentado que “pasa un día más y el ministro sigue sin comparecer para dar explicaciones y sin poner a disposición del Congreso las imágenes”. “Ya sabíamos que mentía, y ahora podemos confirmar que oculta información”, ha abundado, recordando que “hasta la Fiscalía y el Defensor del Pueblo le piden los vídeos”. Por ello, “no puede seguir ni un minuto más como ministro del Interior” por la gravedad de lo ocurrido: “Murieron al menos 23 personas. No se puede admitir. No tiene salida, la única es la dimisión o el cese”.
“No descartamos nada”
A raíz del documental recientemente publicado por la BBC, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, Junts, PDeCat, Más País, Compromís, BNG y CUP sumaron fuerzas para registrar la solicitud de creación de una comisión de investigación que arroje luz. Ya en septiembre, PSOE y PP frustraron un intento de articular una comisión semejante, pero en esa ocasión, podría prosperar por el cambio de parecer de Génova. “Llegaremos hasta el final y no descartamos nada”, ha dicho Gamarra, evitando aclarar si apoyarán la iniciativa antecitada o presentarán su propia propuesta de comisión. Por lo pronto, solicitaron la comparecencia de Marlaska y el visionado de las imágenes de las cámaras en su totalidad, sin cortes.
Los diputados desplazados hasta Melilla visionaron algunos de los vídeos y se reunieron con las autoridades competentes. La conclusión fue clara: “La avalancha se produjo en territorio español”. El diputado de la izquierda abertzale, Jon Inarritu, aseguró haber visto “imágenes de cuerpos en el suelo” que confirmarían que “no hubo ningún tipo de auxilio ni de atención” por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por el contrario, sí se aprecia la fabulosa “coordinación” con las autoridades marroquíes “para que los gendarmes accedieran a la infraestructura de la valla y también a territorio español. Rechazaron a casi 500 personas”. Por su parte, la representante de ERC María Dantas enumeró el material antidisturbios usado por los agentes españoles: 65 pelotas de goma, 270 salvas, 28 botes de humo, 86 botes de gases lacrimógenos y 41 aerosoles con gas pimienta. Grande-Marlaska justificó en su comparecencia en el Congreso el uso de material para repeler lo que calificó como "ataque violento”. En sintonía, en declaraciones realizadas desde Cuenca, el ministro del Interior se comprometió a dar acceso a los grupos a “todas” las imágenes.
Protegiendo al ministro y a las FCSE
El ala socialista del Gobierno ha cerrado filas en torno a Marlaska. El presidente, Pedro Sánchez, manifestó que atesora toda su confianza y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hecho lo propio este jueves. En una entrevista en TVE, ha rechazado la creación de una comisión de investigación alegando que el ministro ya dio las explicaciones oportunas y “hay una investigación judicial, también por parte del Defensor del Pueblo, en curso”. “Lo que corresponde es dar todas las explicaciones y aportar todos los materiales como ya ha hecho este Gobierno”, ha remachado.
En la misma tónica se ha movido la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, quien ha defendido que el Ejecutivo ha apostado "por la transparencia y la claridad", proporcionando toda la información a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo. Eso sí, ha matizado en una entrevista en Radio Nacional, que hay que ser "conscientes" de que la gestión de un punto como la valla de Melilla es "muy compleja" y que la prioridad tiene que ser "una gestión basada en derechos humanos, pero también proteger a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". “La gestión tiene que ser guiada por esos principios y no tengo ninguna duda de que se aclarará todo y desde el Gobierno hay colaboración plena", ha zanjado.
