El presidente del Partido Popular europeo, Manfred Weber, ha remitido, junto con la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolores Montserrat, una carta a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, y al comisario Didier Reynders, con el objetivo de denunciar ante el organismo el “asalto institucional” que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, está “acometiendo en el Tribunal Constitucional”.

“El Gobierno de España ha anunciado públicamente su voluntad de elegir, haciendo uso de este protocolo por primera vez, de acuerdo con el artículo 159 de la Constitución Española, dos nuevos miembros para el Tribunal Constitucional, los cuales han tenido responsabilidades políticas y públicas en el actual Gobierno. Este movimiento es una violación de la exigencia europea de que los Estados Miembros garanticen la independencia judicial”, comienza la misiva.

A su vez, los cargos del grupo popular europeo mencionan a Juan Carlos Campo y a Laura Díez Bueso, que son los dos magistrados propuestos para el Constitucional, y que fueron, respectivamente, ministro de Justicia de España y directora general del Ministerio de la Presidencia.

“Somos conscientes de vuestro compromiso con la defensa de la independencia de los sistemas judiciales de los Estados Miembros. Somos conscientes de los avisos y las recomendaciones que da la Unión Europea para evitar los nombramientos politizados, que limitan la independencia judicial”, prosiguen Weber y Montserrat.

“Un claro ejemplo de esto es el nombramiento de dichos candidatos, con los que el Gobierno español se asegura un criterio favorable, cuando el propósito del Tribunal Constitucional es discernir sobre la constitucionalidad de ciertas leyes y decisiones promovidas por el Gobierno”.

Por estos motivos, nos gustaría transmitiros nuestra preocupación en relación a estas decisiones del Gobierno de España, las cuales, en nuestra opinión, constituyen una falta flagrante a las recomendaciones europeas para mantener la independencia del poder judicial. Esta decisión podría restringir e influir en el correcto funcionamiento del organismo más importante de nuestro país en lo que respecta a garantías constitucionales”, apuntan.

“Os solicitamos amablemente que evaluéis si estas decisiones se adecúan a los estándares de la Unión Europea, basados en la separación de poderes, la despolitización y la independencia del poder judicial”, concluyen su misiva los populares europeos.