El Gobierno de Baleares ha reconocido que el expediente de reclamación de las mascarillas del 'caso Koldo' ya ha caducado, después de llevar semanas negándolo, lo que ha hecho saltar la indignación en el seno de la oposición.

"El Gobierno balear ha reconocido lo que nosotros llevamos un mes diciendo. Prohens ha dejado caducar el expediente de reclamación de las mascarillas y lo sabían desde el primer día. No todo vale, y por ello exigimos la dimisión de la consellera de Salud, Manuela García, y del director de IBSalut, Javier Ureña", reclaman desde las filas socialistas.

"Además, les pedimos que muestren el expediente, tal y como les hemos exigido desde el primer día, porque continúan sin mostrar ningún documento, y que pidan perdón al Partido Socialista y al anterior Govern", añaden las mismas fuentes.

 

"Dijeron por activa y por pasiva que el expediente no estaba caducado porque tenían 8 meses para reclamar y hoy, con el expediente caducado, Ureña ha reconocido que en realidad eran sólo tres meses. Ha confirmado su equivocación y han provocado la caducidad del expediente", han afeado desde el PSOE en redes sociales, donde también han señalado las "numerosas mentiras del Partido Popular".

 

Cómo se dejó caducar el expediente

En marzo de 2023, el Gobierno de Francina Armengol inició la reclamación contra la empresa Soluciones de Gestión, involucrada directamente en el 'Caso Koldo'. Se dió forma al expediente por escrito el 5 de mayo de 2023. Todo ello derivó en que el subdirector de la Central de Compras y Logística, Antoni Mascaró Crespí, firma el expediente iniciado en marzo el día 6 de julio de 2023. Desde entonces, los plazos marcados por la ley son claros. El Govern de Baleares, ya en manos del Partido Popular, tenía entonces seis meses para no dejar caducar el expediente e iniciar acciones judiciales.

Así se establece en la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que en su artículo 50.1 afirma lo siguiente sobre la duración de los procedimientos:

Los plazos máximos para dictar y notificar la resolución expresa en los procedimientos de competencia de la comunidad autónoma son los que fije la norma reguladora del procedimiento correspondiente y no podrán exceder de seis meses, salvo que una ley establezca uno más amplio o así se prevea en la normativa comunitaria.

Es decir, el Gobierno del Partido Popular tenía hasta el 6 de enero de 2023 para no dejar caducar el expediente y que el Gobierno de Baleares iniciara acciones. Jamás ocurrió y el Ejecutivo balear ni siquiera elevó al Consell Consultiu de les Illes Balears el expediente una vez la empresa de Koldo, Soluciones de Gestión, formuló sus alegaciones.

"Está más que hecho", llegó a celebrar el propio Koldo García en una conversación telefónica con su socio Juan Carlos Cueto el 14 de diciembre de 2023, cuando el Gobierno balear estaba a punto de dejar caducar este expediente.

Investigado por la Fiscalía Europea

A principios del mes de marzo, la Fiscalía Europea abrió una investigación sobre los contratos firmados por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares para el suministro de mascarillas con la trama del 'caso Koldo'.

Los contratos en cuestión serían varios suscritos con las comunidades autónomas entonces presididas por Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, Baleares y Canarias, respectivamente. En concreto, cuatro de ellos firmados por Canarias y uno por Baleares con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL entre abril y mayo de 2020, por importe conjunto de 16.019.079 euros, de acuerdo a los datos que recoge la querella del Ministerio Público español.

Con respecto a la Administración de Baleares, cuestión que da sentido a esta noticia, el contrato adjudicado por el Servicio de Salud de las Islas Baleares se firmó en mayo de 2020 por 3,7 millones de euros para el suministro de mascarillas FFP2. Ahora, tras varias semanas de contradecirse, el PP ha confirmado que el expediente ha caducado.

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