“Esto no es una cárcel del medievo”. Esta ha sido la contundente respuesta de la jueza Isabel Rodríguez Guerola a la tercera petición de libertad por parte de la defensa del que fuera ministro de Trabajo del PP Eduardo Zaplana.

Primero, alegaron “razones humanitarias” para conseguir la libertad del popular, que se sometió a un trasplante de médula después de que se le diagnosticara leucemia en 2015. Ahora, los abogados de Zaplana se agarran a un informe médico en el que se denuncia su nefasto estado de salud y que, de sufrir complicaciones, la tasa de mortalidad de Zaplana es "cercana al 100%".

Es más, han llegado a asegurar que cárcel de Picassent "no reúne las condiciones necesarias para garantizar" la salud del paciente. Y esta afirmación es la que ha despertado la respuesta de la jueza que considera que si Zaplana hacia vida normal en libertad, también puede hacerla en prisión. Es más, cree que hay más riesgo de coger algún virus y de tener complicaciones en la calle que en el módulo de enfermería del centro penitenciario.

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Cuidados médicos

Y es que, Zaplana vive en el módulo de enfermería de Picassent desde que fuera detenido el pasado 2 mayo acusado de un supuesto delito de blanqueo que podría ascender a 10 millones de euros, todo procedente de comisiones a cambio de adjudicaciones de ITV y áreas para construir parques eólicos en Valencia.

Aunque la defensa de Zaplana denuncia que Picassent "no reúne las condiciones necesarias para garantizar", la realidad es que la cárcel cuenta con un módulo de enfermería en el que la vida es mucho más cómoda y los reclusos son tratados como pacientes.

Diariamente se les realizan pruebas médicas y un seguimiento de tensión y peso para valorar su estado de salud. En el caso de necesitar una atención más específica o de urgencia, el recluso es trasladado al hospital más cercano; como ocurrió con el mismo Zaplana 13 días después de su ingreso.

El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana (i), este martes a su llegada a su chalé de Benidorm (Alicante) acompañado por agentes de la UCO de la Guardia Civil. EFE

El centro penitenciario de Picassent cuenta con personal sanitario específico que se encarga de “la actividad sanitaria tanto preventiva como asistencial de los internos”.

“Deben asegurar que la atención sanitaria sea de calidad mediante la utilización racional y eficiente de los recursos diagnósticos y terapéuticos propios y ajenos”, aseguran en la web del centro.

Un día en la cárcel para Zaplana

Picassent fue inaugurada en 1990. Cuenta con 124.466,00 metros cuadrados de superficie, 1.329 celdas y otras 239 complementarias.

Los días en la prisión son rutinarios y muy organizados. Nada más despertarse, Zaplana asiste al recuento de presos para luego desayunar y acudir a la enfermería para pesarse y tomarse la tensión.

Después, a las 10:00 horas, sale al patio durante dos horas y media. A las 13:00 horas toca comer y, al terminar, volver a la celda donde permanecerá hasta las 16:30 para merendar.

Patio, recuento a las 19:00, cena y medicación son los últimos pasos del día.

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Entre libros y el gimnasio

Pero Zaplana también tiene tiempo para actividades en su tiempo libre. De hecho, desde que ingresara en la cárcel, parece que la biblioteca es su lugar favorito y no ha parado de hacer pedidos de libros.

Esta cárcel cuenta con diferentes instalaciones entre las de que destacan los talleres y las deportivas. Y es aquí donde se produce una sorpresa porque, Zaplana, mientras pide salir en libertad por su delicado estado de salud, pidió información sobre el gimnasio.

Por la prisión de Picassent han pasado otros rostros conocidos de la corrupción valenciana como son Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, donde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) los envió en febrero de 2017 tras sus condenas por asociación ilícita, tráfico de influencias, malversación y cohecho en la pieza del expositor valenciano en la feria de turismo Fitur.

Además, la cárcel de Picassent ya ha sido noticia después de que sus funcionarios se manifestasen en protesta por las condiciones laborales y la falta de personal. Además, el pasado febrero el sindicato Acaip denunció que los incidentes en la cárcel han aumentado un 33% respecto al primer semestre de 2017, registrando en seis meses, entre julio y diciembre de 2017, un total de 856 incidentes graves o muy graves.