El Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante ha abierto diligencias por el caso Fitur, que investiga el presunto fraude de 3,2 millones de euros en adjudicaciones realizadas para la feria FITUR, em 2007 y 2008, durante la etapa del popular José Joaquín Ripoll en la Diputación de Alicante.
La Fiscalía Anticorrupción remitió el pasado 24 de octubre al citado juzgado un escrito instando a abrir una investigación tras una denuncia de Compromís, en febrero de 2017. En este caso tendrán que declarar en calidad de investigados, el exdirector del Patronato de Turismo Costablanca y los empresarios Mercedes Lasa y Javier Molinos, responsables respectivos de las empresas Exporigging y Equipamientos Integrales de Stand Molinos SL, que fueron beneficiadas, supuestamente con las adjudicaciones.
El caso afecta, también a la popular Ana Kringe, exalcaldesa de Denia, que en julio de 2007 fue nombrada gerente del Patronato, y que durante el año que ocupó este puesto avaló con su firma varios contratos con dichas empresas.
Una trama paralela a la Gürtel
El juzgado de Instrucción acuerda abrir diligencias previas "por supuestos delitos contra la Administración pública", tanto contra los dos empresarios citados como contra el director del Patronato de Turismo durante los años 2007 y 2008, "previa averiguación de la identidad concreta de éste último", según recoge el auto, que adelanta este lunes la SER.
Las citadas empresas no estaban especializadas en los servicios contratados y eran las únicas que se presentaban a los concursos y resultaban beneficiadas de contratos menores. Las dos firmas también investigadas en la trama de FITUR Orihuela.
Compromís siempre ha sostenido que se trataba de una trama paralela a la Gürtel, en Alicante, "con un modus operandi calcado y con cifras económicas similares", según sus conclusiones de 70 facturas analizadas en la comisión para investigar los últimos doce años del PP, que abrió la Diputación a instancias de la coalición.
