El candidato a presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en su discurso en el debate de la investidura que requisará los bienes de la Iglesia inmatriculados indebidamente, gracias a una ley hipotecaria aprobada por José María Aznar en 1998, que permitió a la jerarquía eclesiástica inscribir como propios miles de propiedades y lugares de culto que no estaban registrados hasta entonces.
"El Gobierno hará las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia", ha afirmado Pedro Sánchez.
La Iglesia registró todas esas propiedades sin otro requisito que una certificación obispal y no estaba obligada ni a hacer público por edicto la inscripción ni a pagar el Impuesto de Transmisión Patrimonial.
La mezquita de Córdoba
El caso más llamativo fue la inscripción de la mezquita de Córdoba en 2006 a nombre del Obispado, por la que la Iglesia pagó únicamente 30 euros. Los residentes en esta ciudad tuvieron conocimiento de este registro tres años después. Fue por la curiosidad de un cordobés que un día se preguntó por la propiedad de este monumento, después de que la diócesis le cambiara el nombre por Santa Iglesia Catedral de Córdoba, lo que se reflejaba en los los folletos para los turistas.
El ciudadano acudió al registro y allí se enteró de que la “antigua mezquita” era del obispado desde el 2 de marzo de 2006. La Iglesia justificó en la inscripción que se trataba de una propiedad suya “desde tiempo inmemorial”. Colectivos como Europa Laica ha denunciado que instituciones como Cultura y la Junta de Andalucía, y no la Diócesis, han sido los que han invertido millones de euros en obras de mejora y mantenimiento. La Iglesia se dedica sólo a recibir los ingresos que genera el monumento, los cuales se desconocen de manera oficial porque la jerarquía mantiene una total opacidad sobre este tema.
30 euros por un negocio millonario
ELPLURAL.COM se hizo eco en 2012 de informaciones sobre el caso de la mezquita y del sustancioso negocio que representa para los obispos: recibe cada año más de un millón de visitantes y cobra por cada entrada 8 euros. Sin embargo es el Estado quien cubre los gastos de restauración y conservación. Están además exentos de pagar impuestos.
El Gobierno de Aznar concedió a la Iglesia católica un resquicio legal que le permitió adueñarse con templos, ermitas, casas parroquiales, cementerios y fincas de todo tipo. Es más escandaloso aún, si cabe, que la jerarquía eclesiástica terminó haciendo negocio con muchas de esas propiedades, ya que vendió algunas de ellas tras su registro por importes desconocidos y obteniendo las correspondientes ganancias.
El caso de Navarra
Navarra es la comunidad donde el escándalo de las inmatriculaciones ha sido más denunciado y ha dado lugar al nacimiento de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro a la que se han adherido 117 municipios. Dicha plataforma ha llegado a censar hasta 1.087 propiedades a nombre de las diócesis navarras.
