Aprovechar una ley para modificar otras. Esta es una práctica muy extendida en el Congreso de los Diputados pero que está siendo especialmente utilizada en la tramitación de una norma: el Proyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos. Esta legislación, todavía en tiempos de negociaciones, pretende instaurar un organismo para blindar la propiedad intelectual a través de la agilización de los procesos y el refuerzo de la protección ante el potencial de las nuevas tecnologías. Pero los grupos parlamentarios, también los del Gobierno, están utilizando esta cuestión para intentar reformar otras que aparentemente no están directamente relacionadas.

El pasado 27 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó el primer borrador y lo remitió al Parlamento para su debate y aprobación definitiva. El Ministerio de Cultura justifica que la puesta en marcha de esta oficina está relacionada con que en los últimos años la actividad de propiedad intelectual ha experimentado "una constante expansión" a la luz del uso de la Inteligencia Artificial, las redes sociales o las propias nuevas tecnologías."Una obligación con la industria cultural española", esgrimió el titular Miquel Iceta al respecto el día del anuncio desde Moncloa, en cuya rueda de prensa explicó que la propiedad intelectual es un "pilar fundamental" de las Industrias Culturales y Creativas que aportan un 3,4% al PIB nacional.

Sin embargo, los partidos han registrado en las últimas semanas enmiendas para derogar la Fundación Franco o la tauromaquia. Fuentes que conforman la comisión en la Cámara Baja aseguran a ElPlural.com que todavía no hay fecha ni previsión para celebrar un cónclave que apruebe el texto, una cita postergada por las elecciones y las agendas de los diputados para la campaña.

Más pasos para eliminar la Fundación Franco

Una de las últimas enmiendas que se ha presentado para esta legislación busca avanzar en el camino de la eliminación de organizaciones que hagan apología del franquismo. Así, a finales del pasado mes de abril los partidos que conforman la coalición han acordado con algunos aliados -concretamente ERC, PNV y Junts per Catalunya- en el marco del proyecto para la creación de una oficina española de derechos de autor una enmienda transaccional que modifica la Ley de Fundaciones. Esta tiene el objetivo de establecer unas pautas en el procedimiento a seguir para llevar a cabo la abolición de entidades como la Fundación Nacional Francisco Franco, en consonancia con la Ley de Memoria Histórica.

En concreto, los grupos parlamentarios han pactado añadir un artículo en la norma -el 31 bis- que otorga al Protectorado de Fundaciones (un organismo de competencia estatal que depende del Ministerio de Cultura que lidera Miquel Iceta) la posibilidad de abrir el procedimiento de extinción judicial. Este tendrá la capacidad de instar al patronato de la entidad que cumpla con ciertas características a diluir la organización, que tendrá un plazo de diez días para formular alegaciones. Tanto si estas se producen como si no podrá acordarse la apertura de un período de prueba a fin de realizar las comprobaciones necesarias para acreditar la concurrencia de la causa de su eliminación.

Actualmente el ministerio de Justicia ya recoge los cinco supuestos posibles para sentenciar las fundaciones: "Cuando expire el plazo por el que fue constituida. Cuando se hubiese realizado íntegramente el fin fundacional. Cuando sea imposible la realización del fin fundacional. Cuando así resulte de la fusión a que se refiere el artículo anterior. Cuando concurra cualquier otra causa prevista en el acto constitutivo o en los Estatutos". Todo ello sumado al caso de que se produzca cualquier otra causa establecida en las leyes, como la apología del régimen. La transaccional acordada fija que "el plazo máximo para dictar y notificar la resolución que ponga fin al expediente será de seis meses".

Derogar la tauromaquia

Una estrategia similar ha llevado a cabo en solitario ERC, que ha aprovechado la tramitación en el Congreso de esta ley de Derechos de Autor para reclamar la derogación del espectáculo de los toros como patrimonio cultural. Así, el grupo parlamentario que lidera Gabriel Rufián ha registrado el pasado mes en la Cámara Baja una enmienda en la que propone una disposición adicional para tumbar la norma 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia. El principal argumento esgrimido por los catalanes en el texto es que "en ningún caso se pueda entender, en pleno siglo XXI, que se sigan considerando los toros como patrimonio cultural a proteger y subvencionar desde las Administraciones Públicas".

Los independentistas entienden que la existencia de esta legislación "condiciona y choca frontalmente con otras políticas culturales correctas", para la que ponen como ejemplo el bono cultural joven ."El fallo del Tribunal Supremo dejaba sin efecto su exclusión justificando que, de acuerdo con la ley, la administración general del Estado ya reconoce esta práctica de maltrato animal como patrimonio cultural", apuntan en la enmienda, en la que añaden que "el tribunal entiende que no se puede excluir del bono cultural joven". "Entonces, la solución es la derogación total de la ley 18/2013, de 12 de noviembre, que regula la tauromaquia como patrimonio cultural", sentencian. A diferencia de la anterior, esta todavía está en el aire y a la espera de encontrar un punto de acuerdo con los partidos del Gobierno para que pueda ser una realidad.

Deducciones y ayudas para eventos

Junto a estos dos subterfugios, los partidos del Ejecutivo también han pactado otros cambios para mejorar en sí misma la ley. En concreto, la formación morada y socialista han acordado una modificación conjunta para reformar la ley del Impuesto sobre Sociedades con la idea de ampliar las deducciones por inversiones en "producciones cinematográficas, series audiovisuales, y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales". Y es que hasta ahora estos beneficios fiscales únicamente estaban acotados para los productores, que tienen una deducción del 20% por inversión en la producción y exhibición de espectáculos en vivo y artes escénicas y musicales, que se mantiene.

Lo que se añade es una disposición final sobre la deducción generada, que actualmente está fijada para cada período impositivo en un importe no superior a 500.000 euros. Aunque este tope se mantiene, la legislación actual se refiere a "por cada producción realizada" mientras la propuesta de las formaciones del Gobierno opta por ampliarlo para "cada producción realizada". De esta forma se beneficia también a todas aquellas personas que participan en varias producciones ya que no se limita a un producto sino a todos los que se lleven a cabo. Eso sí, los requisitos no se modifican por lo que para acogerse el contribuyente deberá haber obtenido un certificado rubricado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música así como la contribución del 50% de los beneficios a actividades que dan derecho a su aplicación.

Al mismo tiempo, también se han contemplado más ayudas para eventos concretos. Del mismo modo -es decir, vía enmienda- los socios de la coalición han incluido en el proyecto tres disposiciones adicionales para ampliar los beneficios fiscales a tres encuentros: la exposición Eduardo Chillida 100 años, el Centenari S’agaro y el IX Congreso Internacional de la Lengua Española. Estos ahora pasarán a tener la consideración oficial de Acontecimiento de Excepcional Interés Público en relación con el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Sin fecha a la vista

Preguntados por los tiempos que se están manejando en la Cámara Baja para seguir con los trabajos parlamentarios de esta legislación, fuentes de la comisión de Cultura afirman en conversaciones con este periódico que todavía no hay fecha ni previsión en el calendario para convocar una reunión con el objetivo de aprobar el texto. Estas mismas voces aseguran que las elecciones y las agendas de los diputados para la campaña están dificultando mucho esta labor. Hasta ahora únicamente ha logrado pasar la fase de Ponencia.