Carlos Mazón prometió el pasado mes de enero una ayuda de 360 euros para aquellos trabajadores que estuvieran acogidos a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor. El jefe del Consell aseguró que se destinarían casi 11 millones de euros a los 30.000 asalariados que se encontraban en esta situación laboral tras la riada del 29 de octubre.
El president de la Generalitat había anunciado que toda aquella persona afectada por un ERTE se podía acoger al complemento de 360 euros, "en un pago único, automático, sin burocracia ni papeleo que se abonará en el mes de enero". Sin embargo, en febrero se publicaba en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) un decreto en el que se atrasaba el pago de las ayudas.
Esta medida fue anunciada por Carlos Mazón antes de Navidad y complementaba la batería de subvenciones directas ya existentes destinadas a autónomos, automóviles dañados por la riada, enseres y viviendas afectadas.
Para la obtención de la compensación era necesario cumplir ciertos requisitos. Solo pueden reclamarla las personas que hayan estado en ERTE entre el 1 y el 31 de diciembre. De esta manera se excluye a las personas que se encontraban acogidas a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo por fuerza mayor en noviembre.
Algunos de los testimonios de afectados que recoge elDiario.es denuncian que los requisitos para obtener los 360 euros les dejan fuera por esta razón. " El perjuicio económico que yo he sufrido por percibir el 70% de la base reguladora es el mismo que han sufrido mis compañeros; ellos repartido entre noviembre y diciembre, y yo, durante noviembre", lamenta uno de ellos.
Los trabajadores amparados por un ERTE ascendieron a 10.405 durante las dos primeras semanas. Asimismo, la DANA afectó a más de 70.000 autónomos en los 70 municipios afectados. Toda aquella persona a la que se le suspendió su contrato o a la que se le redujo su jornada laboral por motivo de la DANA podía solicitar la ayuda. En los ERTE, es la Seguridad Social la que se responsabiliza de las cotizaciones de los trabajadores. El empleado beneficiario percibe el 70% de la base reguladora durante la prestación. Esta ayuda no consume periodos cotizados, es decir, no gasta cotizaciones.
