La Fiscalía Provincial de Valencia está investigando penalmente la denuncia que ha hecho el Partido Popular de Valencia sobre contratos en la Conselleria de Igualdad, responsabilidad de la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra. Según dicha denuncia, se ha producido un fraccionamiento ilegal de contratos y recurso sistemático al procedimiento de enriquecimiento injusto.
Desde el PP de Valencia firman que el departamento de Oltra habría eludido “todo procedimiento de contratación, así como la fiscalización” en el gasto de hasta 43,7 millones de euros mediante una actuación reiterada por pequeños periodos y con las mismas empresas de servicios como la limpieza de distintos centros sociales de esa Conselleria, siempre por importes inferiores a los límites del contrato menor (18.000 euros), pero fraccionados “en claro fraude de ley”.
La denuncia indica que estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación y pide que la Fiscalía interrogue a Oltra, al president de la Generalitat, Ximo Puig, a todos los consellers y al interventor de la Generalitat en la Conselleria de Igualdad, entre otros.
La denuncia contra Oltra la firma la diputada por Alicante Eva Ortiz, secretaria general del PPCV y portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts.
Contratos con un alcalde del PP
Lo curioso de la denuncia es que una de las empresas que aparece como beneficiaria en la denuncia contra el departamento de Oltra está fundada por un concejal del PP de Elche, Luis Ángel Mateo Miralles, según ha revelado Valencia Plaza.
La denuncia hace referencia a un pago de 20.998 euros a la compañía participada por el concejal del PP, sobre la que apostilla que es una “sociedad a la que reiteradamente se recurre para estos encargos”.
“La reiteración de esta práctica es de tal entidad que existe una verdadera acumulación de expedientes cuya razón es llevar a término esta práctica, en los que se repiten, de nuevo, las mismas empresas en la posición de adjudicatario”, insiste.
La Consellería se defiende
Por su parte, la Conselleria de Igualdad ya ha respondido a las acusaciones del PP valenciano indicando que ninguno de los expedientes a los que se refiere la denuncia puede ser aprobado con informe negativo por la Intervención de la Generalitat, dado que sin el informe favorable del órgano fiscalizador “ni se contabiliza, ni se paga”.
Igualdad afirma asimismo que es falso que la vía del enriquecimiento injusto eluda la fiscalización, porque esos gastos pasan por la Intervención General.
El último que la denunció está en la carcel
La propia vicepresidenta valenciana ha salido a defenderse de la denuncia. Oltra ha recordado que el último miembro del Partido Popular que la denunció “está en la cárcel por ladrón”, en referencia al exconseller Rafael Blasco.
Así se ha pronunciado en Los Desayunos de TVE sobre la denuncia del PP, afirmando que lo que denuncian los populares es algo “perfectamente legal” y ha asegurado que en ese partido “saben” que se trata de una denuncia “basada en hechos falsos que no se corresponden con la realidad”.
Oltra ha recordado que Rafael Blasco fue el último miembro del PP que la denunció “por una cuestión que al final resultó que efectivamente tenía razón” ella, y ahora está “en la cárcel por ladrón”, ya que “robó el dinero de la cooperación”.
El sistema ilegal del PP
Según Oltra, la mayor parte de esos 43 millones de euros corresponde a residencias de ancianos y a plazas del sistema de accesibilidad diseñado por el PP “para pagar a sus amigos plazas públicas en residencias privadas”.
Ha explicado que el sistema fue declarado en parte ilegal por el Tribunal Superior de Justicia valenciano en febrero de 2016, y mientras el nuevo Gobierno de la Generalitat Valenciana preparaba “un nuevo contrato legal”, que ha tardado un año y medio, han ido pagando las facturas correspondientes a esas plazas.
“Lo que no iba a hacer era sacar a los ancianos de las residencias”, ha advertido Oltra, quien ha insistido en que el enriquecimiento injusto es “una figura legal”, pues se trata de “un servicio que no puedes dejar de prestar y pagas la factura de esas plazas”.
La vicepresidenta, quien ha destacado que en 2014 el PP pagó 1.200 millones por esta vía, ha considerado que la denuncia “no va a ninguna parte” y ha agregado que uno de los empresarios de esas adjudicaciones es un concejal del PP.
