El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), y el PSOE recurrirán el archivo de la causa por la venta de 1.860 viviendas al fondo de inversión Blackstine durante el gobierno de Ana Botella. La Asociación de Afectados también recurrirá la decisión del juez.
La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, y la concejal socialista Mercedes González, quien ha confirmado a EFE que su grupo presentará un recurso de apelación a la decisión judicial antes del 31 de enero.
La concejal socialista Mercedes González ha considerado el archivo "una auténtica sorpresa" porque "este mismo lunes prestaron declaración el representante de Itaca y Price Waterhouse".
"Se ha corrido a la velocidad de la luz para apenas 24 horas después de estos testimonios, cerrar un caso con un sumario de más de 3000 folios", ha lamentado la concejal.
Las razones del juez
El juzgado de instrucción número 38 de Madrid rchivó la causa penal al entender que no hay "elementos suficientes" que permitan seguir con el procedimiento por la venta de estos 18 bloques de viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a Blackstone, filial del fondo de inversión Fidere, en 2013.
El procedimiento penal por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos se dirigía contra Fermín Oslé, el entonces consejero delegado de la EMVS, y Alfonso Benavides, apoderado de Fidere.
En su auto, el juez Juan Antonio Sáenz de San Pedro Alba, que siempre ha sido partidario de archivar el caso, considera que "no existen elementos suficientes" que permitan la continuidad del procedimiento, en contra de lo que sentenció, en diciembre pasado, el Tribunal de Cuentas, que condenó a la exalcaldesa de Madrid y a siete miembros de su gobierno a pagar casi 23 millones de euros por esta venta.
El Tribunal de Cuentas condenó a Botella
El Tribunal de Cuentas declaró responsable contable directo a Fermín Oslé, máximo responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda Social durante la venta(EMVS). También a Ana Botella y a todos los concejales del Ayuntamiento que formaban parte de la empresa pública: Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González Dolores Navarro y Pedro Corral. Todos deberán pagar de manera solidaria los 23 millones de euros y los intereses hasta que se haga efectiva la sentencia.
La sentencia del tribunal de Cuentas relató infinidad de irregularidades en esta operación, como la ausencia de pliegos, la falta de los pertinentes estudios técnicos y la falta de libre concurrencia en los concursos públicos.
El Ayuntamiento gobernado por Botella vendió, en junio de 2013, 1.860 viviendas, 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros, más otros 89 elementos no vinculados a Blackstone por 128,5 millones. Según la defensa de las familias afectadas, ese era la mitad del valor de los inmuebles.
