Nuestra protagonista, muy a su pesar, vuelve a ser noticia. Para muchos de nuestros lectores lejos quedan ya sus etapas como Vocal del CGPJ, Ministra de Justicia o diputada cunera. Incluso su apellido paterno que forma parte de la historia más oscura del régimen franquista parecía condenado al olvido. Y sin embargo, gracias a 2 decisiones que ha tomado como Consejera del Tribunal de Cuentas, Margarita Rosa Mariscal de Gante Mirón Moreno Landart  ha vuelto a la primera línea informativa. Esta es su biografía no oficial. Vamos a ello. 

La famiglia 

Nace en Madrid el 10 de enero de 1954. Es hija de Jaime Mariscal de Gante y Moreno, fallecido en 2005 y de Margot Mirón Landart, fallecida en 1997. Es la segunda de varios hermanos.

Precisamente en el 2018 su hermano José Manuel, Comisario jefe del distrito de Ciudad Lineal en Madrid, se le abrió una investigación para averiguar las razones de la presencia del inspector de la Brigada Político Social en el franquismo Antonio González Pacheco—conocido como Billy el Niño y acusado de torturas— como invitado al acto del Día de la Policía en la comisaría que el dirige en Ciudad Lineal. Además la Jefatura Superior de Madrid abrió un expediente disciplinario para depurar las responsabilidades que le pudieran corresponder.

Por lo que se refiere a su progenitor Jaime Mariscal de Gante y Moreno durante el franquismo fue en los años 40 y 50 miembro de la policía política (Séptima Brigada Regional de la División de Investigación Social de Zaragoza) y juez desde 1960. Entre sus destinos figura el de titular del juzgado de orden público nº 1 de Madrid (1966-1974), encargado de juzgar a los opositores a la dictaduraDurante unos meses fue Director General de Régimen Jurídico de Prensa (1975). Su último destino, antes de su jubilación forzosa en 1988, fue Presidente de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Margarita se casó en 1980 en la Iglesia de San Ildefonso de Madrid con Diego-Valle Cabrera. Está divorciada. Tuvieron 2 hijas.

Estudios

Los primeros estudios de primaria y secundaria los realiza en Madrid (Escolapias) y los de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y en la de Granada (1973-1978)

Trayectoria profesional y política

1980. Ingresa en la carrera judicial como juez de distrito, ocupando un lugar discreto tirando a muy discreto entre los 100 opositores aprobados. Apenas ejerció 1 año en este cuerpo tras su integración en la carrera judicial, tal como establecía la L.O 5/81 de Integración de la Carrera Judicial y del Secretariado de la Administración de Justicia (art. 2) 

1980-1982. Juzgado de Aguilar de la Frontera (Córdoba) 

1982-1983. Juzgado Aranjuez (Madrid).

1983-1989.  Magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia numero 26 de Madrid

1989. Miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

1990-1996. Vocal del CGPL nombrada por el Pleno del Senado a propuesta de la APM  y con el apoyo del PP 

1996-2000. Ministra de Justicia durante primer Gobierno Aznar

2000-2004. Diputada por Albacete. Vicepresidenta 1ª del Congreso entre el 2002-2004

2004.Reingresa en la carrera judicial quedando adscrita a la Presidencia del TSJ de la CM

2004-2006. Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

2006-2012. Registro Civil Central nº 1 de Madrid 

2012-2021. Consejera del Tribunal de Cuentas. Elegida por el Senado a propuesta del PP.

Ha sido miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura.

Etapa Vocal del CGPJ (1990-1996)

Desde el primer momento formó parte del bloque conservador, entre los que se encontraban,  José Luis Manzanares Samaniego, Javier Gómez de Liaño y Botella, Luis Pascual Estevill, Andrés de la Oliva Santos y José Antonio Zarzalejos Altares. Cuentan las crónicas que dada su personalidad, ejercieron en ella una influencia ascendente el magistrado Manzanares y el jurista De la Oliva. Hasta el último momento defendió la inocencia de su compañero del Consejo Luis Pascual Estevill que en 1996 era juzgado y condenado por prevaricación continuada y detención ilegal a seis años de suspensión en cualquier actividad judicial. En 2005 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia contra Estevill y otros miembros del llamado "clan de los mentirosos", considerándose a Estevill culpable de los delitos de cohecho, extorsión, prevaricación y detenciones ilegales, condenándole a nueve años de prisión sin fianza y a un 1.000.800 Euros como resarcimiento de daños a los extorsionados.

Ministra de Justicia (1996-2000)

Durante estos 4 años su política de nombramientos estuvo guiada por seleccionar a lo más granado del sector ultra conservador de la carrera judicial. Entre los elegidos figuran Carlos Lesmes, actual Presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, que es nombrado Director General de Objeción de Conciencia y Juan Ignacio Zoido, actual Eurodiputado y ex Ministro del Interior que pasó a ocupar la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. 

Pero sin duda brilló con luz propia el cese/dimisión de Juan José Úrculo como Fiscal General del Estado (cargo que ocupó durante ocho meses, desde el 6 de septiembre de 1996 hasta el 16 de mayo de 1997) para ser sustituido por Jesús Cardenal, miembro del Opus Dei. El motivo del cambio fue la crisis interna en la Fiscalía de la Audiencia Nacional que llevó a Úrculo a proponer sanciones contra los llamados fiscales “indomables” (multa de 50.000 pesetas a Fungairiño y el traslado de María Dolores Márquez de Prado). Todos ellos claramente alineados con el Ministerio del Interior que dirigía Jaime Mayor Oreja. Tras el nombramiento de Cardenal, tanto la Asociación de Fiscales como la Unión Progresista de Fiscales exigieron su dimisión por coartar su libertad de expresión por la prohibición que hizo por escrito en la que prohibía criticar al Gobierno de Aznar.

Y en cuanto a su gestión, acumuló simultáneamente peticiones de cese por parte de Jueces por la Democracia, duras críticas de los Secretarios Judiciales y del Consejo General de la Abogacía Española porque "no está sabiendo afrontar los problemas reales de la Justicia, ni ha tenido en cuenta, en contra de lo que prometió hace meses, las peticiones de los abogados sobre la futura Ley de Enjuiciamiento Civil”.

La venta-compra de su vivienda

También coincidiendo con su etapa de ministra se conoció que el 22 de Octubre de 1997, Caja Cantabria, con mayoría del PP, vendió a Mariscal un piso de 247,55 metros cuadrados con trastero incluido, sito en la calle Valenzuela de Madrid por un precio de 22,5 millones de pesetas y valorado en el mercado por unos 140 millones de pts.

Además, Caja Cantabria le ofreció financiar la operación, concediendo a Mariscal un préstamo de 24 millones que cubría más del cien por cien del precio de coste pagadero en 20 años y a un curioso tipo de interés mibor. Según varios medios de comunicación la única explicación plausible para ese trato tan preferencial puede tener que ver con el hecho de que el director general de Caja Cantabria estaba casado con una hija de Celina Sánchez, entonces diputada del Partido Popular por Palencia y miembro de la Comisión de Justicia en las Cortes.

La ministra se vio obligada a dar explicaciones alegando que Caja Cantabria decidió en 1996 vender el inmueble tras haberlo adquirido como pago de una deuda. La entidad pedía 400 millones y los inquilinos de los pisos, entre los que estaba ella, ofrecieron 412, por lo que se quedaron con él al ser la suya la mejor oferta. Según su versión no tuvo ningún trato de favor, ya que "se ejercieron los derechos de los vecinos, sin querer que en ningún momento interviniese la ministra de Justicia".  

Se daba la circunstancia que el director general de Caja Cantabria estaba en ese momento acusado de estafa, apropiación indebida y falsedad en documento público y que precisamente su letrado es el portavoz del PP en la comisión parlamentaria de Justicia. 

Diputada cunera por Albacete (2000-2004)

Aunque su conexión con la provincia de Albacete era nula, tras ser cesada como Ministra, encabezó la candidatura del PP en esta circunscripción para las elecciones generales del 2000. Su etapa como parlamentaria se limitó a presidir la Comisión Constitucional y sustituir a Francisco Camps en la Vicepresidencia 1ª de la Mesa del Congreso tras ser nombrado Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

Consejera del Tribunal de Cuentas (2012-2021)

Tras dejar su escaño, regresar a la judicatura y ubicarse cómodamente como titular del Registro Central Civil nº 1 de Madrid, en el verano del 2012 el PP la propone como Consejera del Tribunal de Cuentas por un periodo de 9 años que finalizará en el 2021. Dicho y hecho. Tras pasar el 6 de julio del 2012, sin pena ni gloria ni preguntas por la Comisión de Nombramientos del Senado, el  Pleno de la Cámara Alta en sesión extraordinaria celebrada el día 18 de julio de 2012, es designada Consejera de Cuentas, por mayoría de tres quintos de la Cámara. En esa misma sesión extraordinaria fue nombrado Manuel Aznar López, hermano del ex Presidente del Gobierno. Hasta el momento que se conozca se ha visto envuelta en dos decisiones muy polémicas:

1. Caso San Antonio. Ayuntamiento de Vitoria

Tras ser condenados en el 2016 Alfonso Alonso y Javier Maroto en primera instancia al pago de 393.862,31 euros por alcance a los fondos públicos por favorecer a un empresario durante la etapa en que el primero fue Alcalde de Vitoria y el segundo su Concejal de Hacienda, en el 2018 gracias al voto de Mariscal de Gante y de José Manuel Suárez Robledano,nombrado también a propuesta de los populares, quedaron absueltos del delito de infracción contable. 

Este caso se inició cuando el Ayuntamiento alquiló a mejor precio que el que recomendaban los servicios municipales y por el doble de años que pedía la propiedad, un local para los servicios municipales. El coste del alquiler ascendía en los 20 años a 7,6 millones cuando por ese precio podían haber comprado tres locales como ese. 

El empresario lo había comprado en 2006 por 2,7 millones. La sentencia de instancia consideró que se produjo un daño a los fondos públicos por no haberse justificado y motivado la diferencia tan evidente entre lo que se pagó durante los ejercicios de 2009 a 2013 a través del contrato suscrito de arrendamiento en el local de la calle San Antonio número 10 y lo que determinaba el informe interno de la Unidad Técnica de Valoración de dicho Ayuntamiento.Sin embargo Mariscal de Gante y Robledano, tras ser recurrida en apelación la sentencia estimaron el recurso de los demandados al entender que los pactos suscritos por el Ayuntamiento en dicho contrato privado entraban en el ámbito de la discrecionalidad administrativa y porque el informe de la Unidad Técnica no era vinculante.

2. Caso venta viviendas fondos buitres. Ayuntamiento de Madrid

En diciembre del 2018 en primera instancia fueron condenados la ex alcaldesa Ana Botella (mujer de José María Aznar y cuñada de Manuel Aznar, Consejero del propio Tribunal de Cuentas) junto a 7 colaboradores, entre otros, 4 concejales del Ayuntamiento de Madrid a abonar 22,7 millones de euros por el perjuicio realizado a la Hacienda Pública por vender en el 2013 a fondos buitre 5.315 inmuebles de protección pública de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS por debajo del precio de mercado un total de 18 promociones inmobiliarias, donde había 1.860 viviendas públicas. La sentencia acusaba a Botella y a su equipo de haber realizado la operación saltándose el procedimiento con "opacidad", "sin concurrencia" de otros interesados y "por debajo del precio de mercado".  

En julio del 2019, Mariscal de Gante junto al Consejero José Manuel Suárez Robledano deciden estimar el recurso de los condenados revocando la sentencia condenatoria anterior y absolviendo a la exalcaldesa y a siete miembros de su equipo. La resolución ha sido adoptada por dos votos contra uno de los tres miembros que conforman la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. Tanto Mariscal de Gante como Robledano sostienen que la venta de las viviendas se atuvo a la legalidad ya que la EMVS se hallaba en quiebra y carecía de recursos para ser gestionada, y añaden que la tasación que configuró el precio de venta era correcta dada la crisis que vivía España en ese momento.