A lo largo de la instrucción del Caso Gürtel que recordemos comenzó en el verano del 2008 aunque se hizo pública en febrero del 2009, se han ido reconstruyendo a través de sus 12 Piezas Separadas una cadena de hechos probados que han ido acreditando las fuertes vinculaciones entre cualificados dirigentes del PP en sus diferentes niveles territoriales con empresarios dispuestos a ingresar en las Cajas B de este Partido millones de euros en dinero negro, ya fuera de modo directo en maletines o a través de comisionistas entre los que destacan Francisco Correa y su entramado societario. 

Pero también a lo largo de estos 10 años se han ido produciendo otros hechos, aparente inconexos entre si, que los investigadores en su momento no pudieron o no les dejaron aclarar y que aunque en su día fueron noticia poco a poco perdieron actualidad hasta acabar en el olvido judicial y mediático.

Accidentes domésticos y de tráfico

Un par de ejemplos de estos olvidos están relacionados con imputados cuyo testimonio final podría haber sido determinante para el curso de la investigación. El primero Álvaro Lapuerta, ex Tesorero Nacional del PP, fallecido en junio de este año que tras recibir diferentes amenazas al más puro estilo mafioso, sufrió en el 2013 dos caídas, una en las cercanías de su domicilio y otra en el vestíbulo del inmueble donde vivía y que tal como lo calificaron sus familiares fue un “extraño” accidente que le supuso estar en coma un largo periodo de tiempo y del que ya no se recuperó. El segundo Isidro Cuberos, exjefe de prensa de Javier Arenas e imputado en la PS Jerez, que fue hallado muerto en octubre del 2015 entre los municipios de Mijas y Benalmádena (Málaga) como consecuencia, según la versión oficial, de un accidente de trafico en la moto que conducía.  En este enlace se puede consultar más información. 

Pruebas destruidas y/o desaparecidas

Junto a estos dos ejemplos se añaden la desaparición y /o destrucción de pruebas que en muchos casos han sido determinantes para no poder profundizar en la investigación.  Todo ello en el marco de la escasa cuando no nula colaboración del PP con los investigadores. Sin ánimo exhaustivo valgan 4 ejemplos:

1. Destrucción discos duros portátiles de Luis Bárcenas. A trancas y barrancas se está a la espera de que se celebre el juicio en el que están procesados, entre otros, Carmen Navarro ex Tesorera Nacional y el propio Partido Popular.

2. Borrado de los videos y los registros de entrada a su sede nacional que podían confirmar indicios sobre su complicidad con los empresarios que en su momento estaban imputados.

03. Borrado las agendas y los correos de sus dos ex tesoreros nacionales, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas lo que de hecho ha dificultado poder disponer de información sobre sus reuniones con los donantes del PP.

04. Testigos ligados al PP que frente a los jueces instructores han padecido una amnesia selectiva que les ha impedido recordar , mucho menos confirmar, hechos que incriminarían al propio PP y a su cúpula dirigente. 

En este enlace se puede consultar más información

Querellas, ceses y presiones

Y como no podía ser de otro modo desde el primer día que se conocieron las actuaciones judiciales el propio Partido Popular, varios de sus dirigentes junto a empresarios amigos, etc. han dedicado tiempo y dinero a personarse fraudulentamente para obstruir la investigación, a querellarse contra jueces y fiscales, a promover a jueces vinculados a sus dirigentes que después han sido recusados por sus propios compañeros de toga, a cesar a los investigadores de la UDEF y la ONIF y presionar sin complejos a través del CGPJ al juez Ruz hasta que lograron que solicitara volver a su juzgado situado a varios kilómetros de la Audiencia Nacional. 

La Operación Kitchen da sentido al puzzle

Y en estas estábamos cuando aparece en escena José Manuel Villarejo, ex Comisario de Policía y desde noviembre del 2017 en la cárcel. Sus grabaciones, sus informes, sus relaciones con la cúpula del PP, con empresarios y con Altos Cargos del Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz y su equipo han dado un vuelco de 180 grados a la investigación sobre la Caja B que tras su reapertura se está instruyendo en el juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional y que, sin duda, van a ayudar a “entender” sucesos que como algunos de los que hemos contado no han sido suficientemente aclarados

Y es que  hoy sabemos con más certeza que dudas lo que algunos podían imaginarse:

01. Que María Dolores de Cospedal, Secretaria General del PP entre 2008-2018, presuntamente contrató con ayuda de su marido Ignacio López del Hierro los servicios de Villarejo para destruir pruebas que implicaran al PP en el Caso Gürtel y de paso investigar a compañeros de su propia organización como Javier Arenas.

02. Que la Policía ha confirmado al juez De la Mata que se utilizaron fondos reservados del Ministerio del Interior para cometer actos delictivos, coincidiendo con los años que fue Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su equipo policial formado por los Secretarios de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa Rubio (30 de diciembre de 2011-11 de enero de 2013) y  Francisco Martínez Vázquez (11 de enero de 2013-18 de noviembre de 2016) y por Ignacio Cosidó Gutiérrez, Director General de la Policía (2 de enero de 2012-18 de noviembre de 2016). Los  dos últimos junto al propio Ministro tienen la condición de aforados ante el Tribunal Supremo por ser los 3 parlamentarios nacionales.

03. Que Sergio Ríos Esgueva, que antes había trabajado para Francisco Granados, entonces consejero de Interior y Justicia con Esperanza Aguirre y que el PP le asignó como conductor-escolta de Luis Bárcenas ha resultado ser presuntamente un estrecho colaborador con formato de confidente de altos mandos de la policía para espiar a Bárcenas y a su familia y sustraerles documentos comprometedores para el PP que en su momento no habían sido entregados a los jueces.

04. Que Enrique Olivares, delincuente común, fue “contratado” presuntamente por los mismos mandos policiales con cargo a los fondos reservados para robar en el domicilio familiar de Luis Bárcenas mientras el estaba en la cárcel de Soto del Real (Madrid) documentación contenida en varios pendrives que confirmarían aún más las vinculaciones de los más altos dirigentes del PP con la Caja B y con las donaciones de empresarios.

Además de estas presuntas evidencias evidentes también sabemos que :

1. Sergio Ríos, tras prestar los servicios a los gestores de fondos reservados, es desde junio del 2017 funcionario de carrera de la Policía Nacional, Escala Básica, segunda categoría, tras aprobar las oposiciones convocadas en el 2014. Se da la circunstancia que tras ocupar el penúltimo lugar entre los aprobados le fue concedida el 27 de junio de 2017 una Comisión de Servicio a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. También ha sido objeto de controversia la edad tardía con la que entró en la Academia de Policía (40 años). Está imputado por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 que investiga el Caso Tándem y en concreto por su PS nº 7 (Operación Kitchen). Se ha negado a declarar tras ser citado para declarar el pasado 12 de diciembre después de saberse que pudo cobrar hasta 48.000 euros por colaborar en Kitchen y robar agendas al extesorero. También ha sido citado ante la comisión de investigación sobre la financiación del PP que está constituida en el Congreso de los Diputados.

2. Enrique Olivares, quien en el año 2013 vestido de sacerdote asaltó el domicilio familiar de Bárcenas,  es más que probable que no pueda declarar consecuencia de un ictus que sufrió hace unos meses en el centro penitenciario de Cuenca donde está internado tras ser condenado a una pena de prisión de 22 años de cárcel por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid como autor de un delito de allanamiento de morada, tres delitos de secuestro, tres delitos de amenazas, otro de tenencia ilícita de armas y de tres faltas de lesiones durante el asalto a la vivienda. 

3. Ignacio Cosidó, Director General de la Policía y jefe directo de varios de los mandos policiales que presuntamente favorecieron el uso de fondos reservados para contratar confidentes y delincuentes que ayudaran a destruir pruebas que incriminaran a dirigentes del PP, es actualmente el Portavoz de Pablo Casado en el Senado tomando casualmente posesión en la Cámara Alta en diciembre del 2016 como senador territorial por Castilla y León para cubrir la vacante dejada un años antes por Marimar Angulo

4. Francisco Martínez Vázquez, Secretario de Estado de Seguridad y presuntamente “conocedor” del trasiego con los fondos reservados. En la actualidad es diputado del GPP por la circunscripción de Madrid

Vamos acabando ya con la frase que hemos seleccionado para dar titulo a esta crónica y que muchos lectores habrán adivinado está sacada de la primera parte de la película “El Padrino”. Y es que en los casos de corrupción, en particular en Gürtel y confirmado a través de la “Operación Kitchen”el dinero y el negocio es la razón principal que ha movido los hilos de este caso que afecta a la cartera del PP, la de sus dirigentes y la de un selecto club de empresarios. No faltará mucho tiempo para entender mejor por qué a lo largo de estos 10 años se han producido accidentes, destrucción de pruebas, chantajes, silencios y amenazas. Al quite.